El Grupo OHL ha identificado dos transferencias realizadas a finales del año 2007 a la sociedad Lauryn Group, domiciliada en Panamá, y a una cuenta en el Anglo Irish Bank, en Suiza, por importe total de 2,5 millones de dólares, "sin que haya indicio de que pudieran estar relacionadas con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo", según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores .
Igualmente, la investigación interna no ha identificado ninguna transferencia ordenada por Javier López Madrid, consejero externo dominical del grupo desde el año 2002, "que nunca ha tenido responsabilidad ejecutiva ni representativa alguna en el grupo".
Además, según las conclusiones del análisis interno preliminar, "no resulta ni el menor indicio ni sospecha de que exista la más mínima irregularidad en el proceso de licitación, adjudicación y posterior ejecución de Cemonasa", el contrato de concesión del Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero.
La investigación interna ha sido puesta en marcha de forma voluntaria por la compañía atendiendo al mandato de la comisión de Auditoría y Control del consejo de administración, a través de la Dirección de Auditoría Interna y la Dirección de Cumplimiento, en el marco del requerimiento judicial de información llevado a cabo por parte de la Guardia Civil el pasado 20 de abril en relación con la 'Operación Lezo', instruida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
La compañía ha realizado un rastreo de posibles transferencias en todas las áreas geográficas y sociedades del grupo entre los años 2006 y 2017 para comprobar si se realizó alguna transferencia desde alguna filial que se pudiera corresponder a la de 1,4 millones de euros que supuestamente, y según se pudo deducir de la información solicitada por la comisión judicial que visitó la sede de OHL, hizo alguna sociedad del grupo a una cuenta en Suiza de la que era titular una sociedad llamada Lauryn Group.
OHL ha optado por realizar un rastreo general de todas las transferencias realizadas en 11 años por cualquier empresa del grupo pese a que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le pidió solo las efectuadas por OHL México.
Las transferencias identificadas a través del sistema informático no coinciden exactamente con la supuesta transferencia referida, pero sí están dirigidas a la misma sociedad (Lauryn Group). OHL asegura que dichas transferencias están "debidamente asentadas en la contabilidad y cuentan con las correspondientes facturas de soporte, que aparentemente corresponden a transacciones normales dentro del tráfico ordinario" entre sus empresas, "y no hay ningún indicio de que pudieran estar relacionadas con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo".
Además, OHL informa a la CNMV de que todas las personas que en la fecha en que se hicieron dichas transferencias tenían responsabilidad ejecutiva, directa o indirecta sobre las mismas, "hace tiempo que no están en el grupo, bien por jubilación, por baja voluntaria o por despido".
López Madrid no ordenó ninguna transferencia
Según las conclusiones del análisis interno, "ni en las fechas en las que se supone que se realizó la supuesta transferencia, ni en ninguna otra fecha, Javier López Madrid ha tenido poder o capacidad para ordenar, autorizar o instruir a empleados del grupo para realizar pagos de cualquier tipo, incluidas transferencias y, en general, jamás ha tenido funciones ejecutivas ni de representación en el grupo OHL".
A este respecto recuerda que López Madrid tiene la condición de investigado en esta causa, "no estando acusado formalmente de ningún delito", como tampoco lo están OHL ni ninguno de sus empleados o directivos.
Sobre si los consejeros independientes de OHL están promoviendo la salida de López Madrid del máximo órgano de gobierno de la compañía por su condición de investigado en la causa, tal y como publica Expansión, fuentes oficiales de la empresa indicaron a Europa Press que las deliberaciones del consejo de administración son "secretas".
No detecta irregularidades en Cemonsa
En cuanto al contrato de la concesión de Cercanías en el tramo Móstoles-Navalcarnero a Cemonasa, la investigación interna determina que "no resulta ni el menor indicio ni sospecha de que exista la más mínima irregularidad en el proceso de licitación, adjudicación y posterior ejecución" del mismo, "y se puede concluir, con el grado de avance actual de los trabajos, que la adjudicación de la concesión y todas las actuaciones posteriores en relación con la misma se han realizado con total transparencia y ajustadas a Derecho".
Dicho análisis preliminar interno, además de constatar que no ha habido ninguna irregularidad de ningún tipo, ha verificado nuevamente que este contrato ha sido un proyecto "ruinoso" para OHL y que ha supuesto "el mayor quebranto para el grupo en un solo proyecto en toda su historia", con una inversión pendiente de recuperar de 259 millones de euros. La sociedad concesionaria del mismo, Cemonasa, entró hace meses en concurso de acreedores y actualmente está en fase de liquidación.
En relación con este contrato, la Comunidad de Madrid ha instado la ejecución de los avales presentados, algo que el grupo OHL considera no ajustada a derecho y que está recurrida en los tribunales, al igual que las multas impuestas por el Gobierno regional. En este sentido, OHL inició el pasado 3 de diciembre las correspondientes acciones judiciales contra la Comunidad de Madrid, reclamando ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el reembolso de la inversión realizada y los daños y perjuicios.
"De todo lo anterior se deduce que la Comunidad de Madrid ha actuado en todo momento con máximo respeto a la legalidad, transparencia y rigor y sin el más mínimo trato de favor".
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