El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha elaborado un informe sobre las causas penales instruidas por atentados cometidos por ETA en el que concluye que en 224 de ellos no se ha podido exigir responsabilidades criminales a los autores y/o cómplices de los mismos. Es decir, no todos los citados atentados permanecen impunes, pero en ninguno se ha podido condenar a todas las personas que participaron en ellos, bien como autores materiales o como colaboradores. En esos 224 atentados de la banda terrorista fueron asesinadas 297 personas.
El mayor número de atentados por esclarecer en su totalidad, 128 concretamente, fueron perpetrados entre 1978 y 1982, cuando en España gobernaba Adolfo Suárez (UCD). 83 atentados más sin aclarar fueron cometidos entre noviembre de 1982 y marzo de 1996, con Felipe González al frente de un gobierno del PSOE. Otros 12 atentados fueron ejecutados entre el 12 de abril de 1996 y marzo de 2004, durante el gobierno de José María Aznar (PP), y, finalmente, permanece pendiente de esclarecer un único atentado cometido entre el 1 de abril de 2004 y diciembre de 2011, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno. La década de los 80 fue la más sangrienta de ETA (en 1980 perpetró la cifra récord de 93 asesinatos), lo que explica que sea el periodo que la incluye la que acumula de un mayor número de atentados por esclarecer.
La mayoría de los asesinatos que aún permanecen impunes tuvieron lugar entre 1978 y 1982, con el Gobierno de Adolfo Suárez.
El origen del informe elaborado por el fiscal Zaragoza se remonta a 2011, cuando la Fundación de Víctimas del Terrorismo entregó a la fiscalía de la Audiencia Nacional un listado con 349 víctimas mortales cuyos asesinatos estaban, según sus datos, pendientes de esclarecer. Una cifra que representaba aproximadamente un 40% del total de asesinados por ETA a lo largo de toda su historia. La citada cifra hacía referencia a un total de 270 procedimientos penales, ya que algunos atentados habían causado más de una víctima mortal. La fiscalía hizo entonces una primera criba de los datos facilitados por las asociaciones de víctimas, que contenían errores, y actualiza anualmente datos restando las causas que se resuelven.
“En todos los casos las investigaciones se continúan a la espera de la obtención de datos o indicios que nos permitan identificar a los autores y/o partícipes en tales atentados terroristas”, señala el informe de la fiscalía, que está procediendo también a la revisión de las causas que no han prescritos para valorar su posible reapertura. De hecho, de muchas de estas causas se están pidiendo informes ampliatorios a los servicios antiterroristas de Policía y Guardia Civil con nuevas líneas de investigación que justifiquen la práctica de diligencias que eviten la prescripción de los asesinatos. Muchos de estos informes se dirigen a la implicación de los presuntos autores intelectuales de los crímenes, es decir, de aquellos que en las fechas en que se perpetraron los asesinatos se encontraban al frente de la banda o de su Aparato Militar, responsable de sus comandos, y dieron las órdenes.
Casos reabiertos.
Con esta fórmula la fiscalía ha conseguido reabrir diecinueve causas, según especifica su informe. Entre ellos destaca el asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en el Ayuntamiento de Ermua, perpetrado en julio de 1997, al haberse podido reunir pruebas que acreditan que la orden de asesinarle fue dada por el entonces jefe del Aparato Militar de la banda, José Javier Arizcuren Ruiz “Kantauri”. También se ha reabierto el sumario por el asesinato del presidente del PP de Aragón, Manuel Giménez Abad, cometido el 6 de mayo de 2001 en Zaragoza. La causa fue reabierta en agosto de 2015 e identificado como autor material el etarra Mikel Carrera Sarobe “Atta”.
Otros casos relevantes reabiertos son el sumario 1/96 del Juzgado Central de Instrucción nº 1 por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara en julio de 1996; el 3/95 del mismo juzgado por el asesinato del concejal del PP en el ayuntamiento de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, del que el pasado día 23 se cumplieron 22 años, o el 6/96 instruido por el Juzgado Central de Instrucción número 4 por el asesinato del militante socialista Fernando Múgica el 6 de febrero de 1996 en la capital donostiarra.
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