Antonio Brufau seguirá como presidente de Repsol mientras se investiga una presunta relación con el excomisario José Manuel Villarejo. La empresa mantendrá al máximo directivo al frente ya que su imputación en el 'caso Tándem' no viola ninguno de los estatutos de la compañía.
Asimismo, en el caso de que Manuel García-Castellón, juez que instruye el caso Tándem en la Audiencia Nacional, decida finalmente ir a juicio con este proceso, tampoco afectaría a la relación contractual del presidente del Repsol. El directivo, sobre el que prevalece en estos momentos la presunción de inocencia, sólo podría verse afectado en el supuesto de que hubiera una sentencia en su contra al final de este arduo proceso.
"Repsol declara con rotundidad", defiende de forma oficial la compañía, "que, tal y como evidencia la exhaustiva investigación interna llevada a cabo a través del área de Cumplimiento, que contó con la ayuda de expertos externos independientes, no ha existido ninguna conducta ilegal o contraria al Código de Ética y Conducta por parte de ningún consejero, directivo o empleado de la compañía, actuales o pasados, en relación con la contratación de servicios de información".
El presidente de Repsol, junto con el expresidente de CaixaBank, Isidre Fainé, serán imputados por, presuntamente, contratar los servicios del comisario José Manuel Villarejo para investigar al por entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero. "Dicha contratación se llevó a cabo por el área experta y competente para ello, la Dirección de Seguridad Corporativa, de acuerdo con la ley y con los procedimientos internos de la compañía", detalla Repsol tras hacerse pública la imputación.
El juez García-Castellón atiende a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que la semana pasada remitió al magistrado un informe en el que solicitaba imputar a ambos empresarios tras apreciar indicios de un posible delito de cohecho activo. Además de Brufau y Fainé, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 revisará el papel en este asunto de directivos de ambas compañías como Luis Suárez de Lezo, Juan de Amunátegui y Joaquín Uris, y al ex director general de medios de Caixabank, Antonio Massanell.
Repsol se adelantó a la imputación de Brufau
Como publicaba Vozpópuli a finales del pasado mes de marzo, Repsol analizó a finales de 2020 los servicios realizados por el polémico excomisario a la compañía. Las cuatro consejeras que integran su Comisión de Auditoría y Control revisaron el pasado 15 de diciembre la citada investigación interna sobre la contratación de Cenyt, la empresa de Villarejo.
Según consta en la memoria de la Comisión de Auditoría de Repsol, el organismo de Repsol que preside la consejera Isabel Torremocha incluyó en su orden del día el análisis del "Informe sobre la contratación de Cenyt".
Proyecto Wine
El presunto encargo de los directivos de Repsol y Caixabank al comisario recibió el nombre de proyecto Wine. Villarejo pidió en 2011 hasta casi un millón de euros por frustrar el intento de Sacyr Vallehermoso de hacerse con el control de un tercio de las acciones de Repsol. Ese era el precio que les presentó a sus clientes de la petrolera española y Caixabank en caso de que lograse el éxito en su operación. Consistía en espiar al presidente de Sacyr, Luis del Rivero, encontrar información confidencial tanto suya como de su entorno familiar y de ese modo apearle de la dirección de su empresa, según creen los investigadores.
En concreto, como contaba Alejandro Requeijo en Vozpópuli, el comisario presentó dos opciones de pago antes de comenzar sus servicios, según consta en la documentación en poder de los investigadores, un documento llamado Estudio Económico. La primera propuesta condicionaba el precio final a si conseguía o no sus objetivos. Contemplaba un primer pago de 450.000 euros como “provisión de fondos” que debía ser ingresada en los cinco días posteriores a sellar el acuerdo. En caso de lograr sus fines, tendrían que pagarle otros 475.000 euros adicionales, es decir, un total de 925.000 euros.
La segunda opción, más económica, pasaba por ingresar 375.000 euros iniciales a la que habría que añadir otros 300.000 euros pasados los 30 días de trabajos. En caso de que la misión se alargase por más de 150 días el precio subiría aún más. Este trabajo se investiga en la Audiencia Nacional y corresponde a la pieza 21 de la macrocausa sobre las actividades de Villarejo, en libertad desde hace unas semanas tras su arresto a finales de 2017.
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