El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este martes que el desarrollo legislativo emprendido hace más de una año viene a cubrir una deuda que la sociedad española debía saldar con las víctimas y su atención. Según ha indicado durante su intervención en la inauguración de la jornada de presentación del informe 'Estudio de Derecho Comparado', el Estatuto de la Víctima y el Real Decreto que pone en marcha las oficinas de atención son la manifestación de que España tiene una "sociedad comprometida, solidaria con quien sufre".
"Transmitimos un mensaje claro y directo: en España la atención a las víctimas ya no es una opción sino una obligación jurídica", ha precisado y ha mostrado su satisfacción por la transposición de las directivas comunitarias a través de estas normas.
Catalá ha recordado que España ha sido pionera en este terreno y capaz, por tanto, de dotarse de instrumentos normativos adecuados para llevar a cabo la protección, reconocimiento y defensa de las víctimas. En los dos últimos años, se realizaron 255.000 actuaciones de apoyo a las víctimas y fueron atendidas unas 60.000.
"En ocasiones recordar es revivir y revivir es volver aparecer"
En su opinión, estas iniciativas suponen una humanización de los poderes públicos. "En ocasiones recordar es revivir y revivir es volver aparecer", ha asegurado y defendido la necesidad de estar siempre "del lado de los que sufren o han sufrido en la comisión de un delito".
En opinión del ministro aún queda mucho camino por delante para alcanzar el objetivo de crear una auténtica estructura administrativa que desarrolle todos esos servicios. "Tenemos un compromiso absoluto con esta materia", ha destacado."Resulta esencial que las víctimas tengan voz y sean oídas", por lo que consideró un acierto incluir en el Estatuto de la Víctima del Delito, posibilitar que en los procesos penales “sean escuchadas en los pronunciamientos penitenciarios sobre libertad condicional”.
España ha hecho los deberes
El fiscal del Tribunal Supremo José María Paz destacó, por su parte, la “importancia” que tiene para el Ministerio Fiscal la protección de las víctimas, a la vez que destacó la necesidad de avanzar hacia una especialización: “Ojalá tuviésemos más fiscales especializados” en víctimas vulnerables, señaló.
La decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, consideró que España “ha hecho los deberes” a la hora de trasponer la directiva comunitaria de apoyo y protección a las víctimas, especialmente con la aprobación del Estatuto de la Víctima; y, junto a ello, destacó la necesidad de defender en todo momento los derechos de las víctimas, las cuales, aseguró, “habían sido las grandes olvidadas”.
La presidenta de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, Almudena Martorell, resaltó la necesidad de avanzar hacia el objetivo de lograr “no sólo una Justicia mejor, sino una Justicia en la que quepamos todos, en la que se garanticen los mismos derechos para todas las personas”
Y el vocal del CGPJ, Juan Manuel Fernández, destacó como un avance en nuestro ordenamiento jurídico no sólo el no haberse olvidado de las víctimas con discapacidad, “sino también el haber potenciado el papel de estas víctimas en el proceso y encargase de que no sufran un daño mayor que el ya han sufrido con la comisión del delito”.
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