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El fiscal no ve odio en el bus de Podemos y Cifuentes se lava las manos

El Gobierno de la Comunidad de Madrid no encarga ningún informe jurídico a la Abogacía del Estado sobre el vehículo que "señala" a Rajoy, Aguirre y dos expresidentes. Ninguno está investigado por presunta corrupción. El Ministerio Público declina actuar de oficio. 

Ni la Fiscalía ni el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Cristina Cifuentes, van a pedir que se investigue una posible incitación al odio en la circulación del 'tramabús' puesto en marcha por Podemos esta semana. Una actuación diferente a la que tuvieron con el autocar de la plataforma Hazte Oír y su mensaje contrario a la transexualidad, orientado a menores.

El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero, ordenó el pasado marzo a la Sección de Delitos de Odio de la Fiscalía que estudiara la posible comisión de un delito de odio (artículo 510 del Código Penal) en la publicidad del autobús de Hazte Oír. Además, pidió al juez que paralizara el vehículo, medida a la que el instructor accedió. Caballero incidió en el riesgo de "creación de un sentimiento de inseguridad o temor entre las personas por su razón de su identidad u orientación sexual, concretamente entre los menores que puedan verse afectados por el mensaje".

Ahora, en el 'tramabús' de Podemos, el fiscal no ve ningún delito de odio. "No hemos recibido ninguna denuncia ni vamos a actuar de oficio", afirmaron a Vozpópuli fuentes del Ministerio Público. El vehículo de la formación de Pablo Iglesias mezcla retratos de procesados por corrupción (como Luis Bárcenas o Rodrigo Rato) con expresidentes del Gobierno -Felipe González (PSOE) y José María Aznar (PP)- y dirigentes del PP sobre los que no pesa ninguna acusación judicial, como Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy, votado por 7,9 millones de españoles en las elecciones generales del pasado 26 de junio.

Así mismo, el autocar de Podemos lleva rotulado: "Un plato es un plato, un vaso es un vaso y una mafia es una mafia. La trama corrupta se mantiene en el poder recortando nuestros derechos y saqueando nuestro país".

En el caso del bus de Hazte Oír, que decía "Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen", el Ministerio Público no actuó de oficio, sino que lo hizo tras recibir una denuncia de la Delegación del Gobierno en Madrid, dirigida por Concepción Dancausa (PP), tras su consulta a la Abogacía del Estado. Sin embargo, la Delegación del Gobierno tampoco actuó a iniciativa propia, sino que intervino en base a una petición realizada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. "He remitido una carta a Delegación de Gobierno para que ponga los hechos en conocimiento de la Fiscalía", declaró entonces Cifuentes en Los Desayunos de TVE. Desde la Delegación del Gobierno en Madrid apuntan a este diario que Cifuentes pudo haber acudido directamente a la Fiscalía, es decir, que el paso por dicho órgano territorial no era "obligatorio".

En relación al 'tramabús', la presidenta madrileña lamentó el pasado lunes que "a todos los extremistas les da por sacar autobuses", comparando así la acción de Podemos con la de Hazte Oír. Sin embargo, respecto al vehículo del partido morado, Cifuentes no ha remitido carta alguna a la Delegación del Gobierno. Aquí sí ha primado la "libertad de expresión", ámbito en el que expertos en Derecho Penal y Constitucional también enmarcaron la caravana de Hazte Oír, en contra del criterio de la Fiscalía y del juez. La dirigente popular recalcó que ella no quería hacer "publicidad" a la campaña de la formación de Iglesias.

"Escarnio público"

En cambio, desde el PP en el Ayuntamiento de Madrid no creen que una "ofensa" de este tipo a sus votantes pueda pasarse por alto. La portavoz popular en el Consistorio de la capital, Esperanza Aguirre, también aparece serigrafiada en el 'tramabús'. Sobre ella tampoco hay iniciada ninguna acusación judicial. Los populares han remitido al Pleno una proposición en la que cuestionan una "política basada en el señalamiento y el escarnio público a ciertas personas. Esto no es más que la incitación al odio", enfatizan. El texto pide a la Corporación la condena de esta acción, "exigir a todos los partidos políticos que se abstengan de lanzar campañas basadas en la incitación al odio" y "reafirmar el compromiso de todos grupos políticos por un Madrid libre de incitaciones al odio".

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