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Los fundadores de Codere piden información de "todas las operaciones en paraíso fiscal"

Los hermanos Martínez Sampedro, fundadores del grupo de juego Codere, han solicitado la celebración de una Junta Extraordinaria para que la compañía informe de "todas las operaciones realizadas desde paraísos

Los hermanos Martínez Sampedro, fundadores del grupo de juego Codere, han solicitado la celebración de una Junta Extraordinaria para que la compañía informe de "todas las operaciones realizadas desde paraísos fiscales, y sociedades no residentes relativas a Codere Online".

Los Martínez Sampedro, que desde hace lustro batallan en los juzgados contra los fondos estadounidenses que controlan la compañía, requieren que se encargue "una auditoría de fraude a una empresa especializada e independiente" de los ejecutivos y administradores de "todas las operaciones realizadas por filiales de la sociedad en paraísos fiscales".

Los fundadores de la multinacional española, que aun mantienen algo más del 12% del capital, han solicitado la celebración de una Junta Extraordinaria a través de requerimiento notarial. Fuentes cercanas al grupo de juego aseguran que se estudian "acciones legales por difamación" contra la familia fundadora.

Los fundadores de Codere aseguran que filiales del grupo en paraíso fiscal contratan con proveedores cifras millonarias

En su propuesta de celebración de Junta, los Martínez Sampedro explican que la actividad de Codere Online se realiza en un 65% aproximadamente en España, pero que, sin embargo, "se ha creado un complejo sistema de sociedades filiales en Gibraltar, Malta, y otros paraísos fiscales".

Y aseguran que estas filiales, "sin sustancia económica conocida", contratan con proveedores "que no se conocen en cantidades millonarias, a la vez que se ha desmantelado la práctica totalidad de la estructura laboral en España".

El grupo Codere se encuentra en un momento crítico, en el que la empresa se va a liquidar, se va a excluir de la Bolsa española y sus activos serán traspasados a una sociedad en Luxemburgo, controlada por los bonistas acreedores. Al mismo tiempo, la compañía ultima la salida a Bolsa en el mercado alternativo estadounidense Nasdaq de su negocio online a través de una Spac.

Los Martínez Sampedro sostienen que la reestructuración del grupo es ilegal en España

En el orden del día de la Junta propuesta se pide también que se informe sobre la identidad de cada uno de los acreedores de la empresa "y el importe de su deuda que han ofrecido asegurar y en su caso indemnizar a los consejeros y ejecutivos que colaboren en la denominada reestructuración del Grupo".

Los Martínez Sampedro sostienen que la reestructuración de Codere es ilegal en España, ya que "no se basa en ningún convenio de acreedores, y simplemente se les entrega a los acreedores todos los activos, sin convenio alguno, y sin ninguna valoración de los activos antes del 11 de mayo de 2021".

Los fundadores de la hasta ahora única compañía de juego española cotizada, advierten que los acreedores del grupo, conscientes de la ilegalidad de la reestructuración, "buscan retribuir a los que colaboren en la ejecución de esos acuerdos", y evitar "sus presuntas responsabilidades".

También llaman la atención en su petición de Junta Extraordinaria sobre el empleo que haya hecho la compañía de la cesión de los datos de los clientes en España de Codere Online "a sociedades no residentes en España y del uso económico que se va a hacer por terceros no residentes en España, de sus datos y acuerdos que procedan para cumplir la legalidad española".

Recurren en la Audiencia Nacional

La familia fundadora de la multinacional española, que exige a los fondos estadounidenses con la mayoría del capital el lanzamiento de una OPA por el 100%, ha presentado recurso al archivo de su querella presentada en la Audiencia Nacional.

En la querella se denuncian presuntos delitos de defraudación, insolvencia punible y administración desleal

La Audiencia Nacional admitió a trámite a principios del pasado mes de julio la querella contra el fondo estadounidense Silver Point, primer accionista de Codere.

En ella se acusaba al fondo, y al presidente de la compañía, Norman Sorensen, de presuntos delitos de defraudación y maquinación para alterar el precio de las acciones de la empresa; de negación del derecho de información; de acuerdos abusivos; de insolvencia punible; y de administración desleal.

El Juez Ismael Moreno, del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, decidió la pasada semana el archivo de la causa, pero el mismo día en el que informó del mismo los hermanos Martínez Sampedro presentaron recurso contra dicha decisión.

En el caso de que el Juzgado desestimara el recurso, los fundadores de la compañía podrían presentar recurso de apelación, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

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