La Comisión de Asuntos Legales de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha aconsejado a España que reforme el delito de sedición "para que no parezca que se castiga la libertad de expresión", como vienen sosteniendo los independentistas catalanes a raíz del juicio de los presos por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Se trata de un informe redactado por el parlamentario letón Boris Cilevics, encargado de analizar las denuncias sobre Turquía y España. Cuando lo estaba preparando, en febrero del pasado año, fue polémico que el Congreso dedicara casi 5.000 euros para sufragar el coste de su visita a España, aunque correspondía a los acuerdos de funcionamiento entre instituciones.
La conclusión del informe, avalada ahora por la citada comisión que preside el propio Cilevics, es que "la mera expresión de opiniones independentistas no es motivo de persecución penal", pero al mismo tiempo se subraya que varios altos políticos catalanes fueron procesados y finalmente condenados a largas penas de prisión por sedición y otros delitos en apoyo del "referéndum inconstitucional" sobre la independencia de Cataluña.
Por ello, y según ha informado la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, se aconseja a las autoridades españolas reformar las disposiciones penales sobre rebelión y sedición de tal manera que "no puedan interpretarse de manera que anulen la despenalización de la organización de un referéndum ilegal" en 2005 o den lugar a "sanciones desproporcionadas".
Apuesta también por la reforma legal para "considerar indultar o liberar de la prisión a los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional y las manifestaciones pacíficas masivas relacionadas", para estudiar "retirar los procedimientos de extradición" y para "retirar los enjuiciamientos restantes también de los funcionarios de menor rango involucrados en el referéndum inconstitucional de 2017".
A su juicio, y según el resumen facilitado por el Consejo de Europa, las autoridades españolas "deben abstenerse de exigir a los políticos catalanes detenidos que repudien sus opiniones políticas profundamente arraigadas a cambio de un régimen carcelario más favorable o una oportunidad de indulto". Eso sí, cree que se les puede "exigir que se comprometan a perseguir sus objetivos políticos sin recurrir a medios ilegales".
"Los políticos necesitan un nivel particularmente alto de protección de la libertad de expresión y la libertad de reunión, tanto en el parlamento como cuando hablan con sus electores, pero esa libertad de expresión no es ilimitada --sostiene--. Todos tienen derecho a hacer propuestas cuya implementación requiera cambios en la Constitución, siempre que los medios propugnados sean pacíficos y legales".
Este proyecto de resolución deberá ser debatido por la Asamblea Parlamentaria durante su próximo período parcial de sesiones plenarias, en la semana del 21 al 24 de junio de 2021.
Para Esquerra Republicana, el texto aprobado es una victoria porque supone urgir al Gobierno a "liberar a los presos" y "retirar los cargos de extradición".
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