El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la reforma de su ley orgánica que le permite suspender cautelarmente a altos cargos o autoridades políticas que desobedezcan sus resoluciones, como podría ser el caso de la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell.
En una resolución adoptada por mayoría el Constitucional ha rechazado hoy el recurso del Gobierno vasco contra la reforma de la ley que lo regula, una reforma que aprobó durante la legislatura pasada la mayoría del PP en el Parlamento como respuesta al soberanismo catalán.
La citada reforma, que el alto tribunal ha considerado acorde con la Constitución, pone en manos del TC potestades para obligar a la obediencia de sus resoluciones.
El TC ha venido debatiendo en los últimos meses si es o no constitucional esta capacidad sancionadora cautelar para obligar a la obediencia de sus sentencias.
La primera ponencia que se llevó al pleno preveía rechazar esta potestad y aceptar, al menos parcialmente, el recurso del Gobierno vasco.
Sin embargo, dicha propuesta, redactada por la vicepresidenta Adela Asúa, no alcanzó el apoyo de los once magistrados (y, singularmente, no logró el apoyo de la mayoría, de orientación conservadora) por lo que el presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, le encargó otra a Pedro González-Trevijano.
La ponencia de este magistrado, que acepta la constitucionalidad de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que dota a éste de la capacidad de adoptar medidas cautelares y, singularmente, de la posibilidad de suspender en el ejercicio de sus funciones a los altos cargos que desobedezcan sus sentencias, es la que ha sido aceptada por la mayoría.
La decisión de hoy rompe la unanimidad que, hasta ahora, habían venido suscitando las resoluciones del TC vinculadas con el soberanismo catalán (en este caso, la relación se establece por la reforma fue ideada por el Gobierno como respuesta a las desobediencias al TC del Parlament y la Generalitat).
Los tres magistrados progresistas Adela Asúa, Juan Antonio Xiol y Fernando Valdés-Re han votado en contra de la resolución y han anunciado votos particulares contra la misma que se oponen a los argumentos apoyados por los restantes ocho integrantes del TC.
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