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El coronavirus destruirá hasta 25 millones de empleos, más que la crisis de 2008

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) baraja el peor escenario posible, que sería incluso peor que la crisis financiera de 2008, en la que se perdieron 22 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. En el mejor caso, sólo 5 millones de personas quedarían desempleadas, aunque se extendería la precariedad laboral

La epidemia de coronavirus puede llegar a destruir hasta 24,7 millones de empleos en todo el mundo, superando así, en el peor escenario manejado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la factura laboral de la crisis financiera, que entre 2008 y 2009 se cobró un total de 22 millones de puestos de trabajo.

"Ya no se trata solamente de una crisis sanitaria global, sino que supone una grave crisis económica y laboral que está teniendo un fuerte impacto en las personas", ha alertado el director general de la OIT, Guy Ryder. "En 2008, el mundo presentó un frente unido para abordar las consecuencias de la crisis financiera global y se logró evitar lo peor. Necesitamos ahora esa clase de liderazgo", ha añadido.

En función de la gravedad de los diferentes escenarios analizados por la OIT sobre el impacto del coronavirus en el crecimiento del PIB mundial, la organización estima que el aumento del desempleo a nivel global puede oscilar entre los 5,3 millones en el escenario más benigno, y los 24,7 millones de nuevos desempleados en el escenario más adverso, respecto de los 188 millones de parados de la base de 2019.

Esta pérdida de empleo supondrá al mismo tiempo un descenso de los ingresos de los trabajadores, advierte la OIT, que estima un impacto negativo agregado de entre 860.000 millones de dólares y 3,4 billones de dólares (792.298 millones de euros y 3,1 billones de euros) para finales de 2020, lo que se traducirá en menos consumo de bienes y servicios, perjudicando a su vez a las perspectivas empresariales y macroeconómicas.

Además del paro, la OIT alerta también de que la pandemia contribuirá a un incremento del empleo precario o subempleo, al traducirse la crisis en un recorte de las horas trabajadas y de los salarios, mientras que en los países en vías de desarrollo, donde habitualmente el autoempleo ha amortiguado este tipo de cambios, puede no dar el mismo resultado como consecuencia de las restricciones para los movimientos de personas y mercancías.

De este modo, se espera que la pobreza laboral se incrementará de manera significativa, puesto que la presión sobre los ingresos resultante de la caída de la actividad económica dañará a aquellos trabajadores próximos o por debajo del umbral de pobreza. En este sentido, las previsiones de la OIT apuntan a que el número de trabajadores pobres aumentará en 2020 entre 8,8 y 35 millones de personas, frente a la prvisión original de un descenso de 14 millones.

La OIT advierte de que ciertos grupos se verán afectados de manera desproporcionada por la crisis laboral, lo que podría aumentar la desigualdad, incluyendo a personas en trabajos menos protegidos y mal pagados, particularmente jóvenes y trabajadores mayores, así como mujeres y migrantes.

"En tiempos de crisis como los actuales, tenemos dos herramientas clave que pueden ayudar a mitigar el daño y restaurar la confianza del público. En primer lugar, el diálogo social, que involucra a los trabajadores y empleadores y sus representantes, es vital para generar confianza pública y apoyo para las medidas que necesitamos para superar esta crisis. En segundo lugar, las normas internacionales del trabajo proporcionan una base probada y confiable para las respuestas políticas que se centran en una recuperación que sea sostenible y equitativa. Todo debe hacerse para minimizar el daño a las personas en este momento difícil ", concluyó Ryder.

En este sentido, la organización insta a la adopción de medidas urgentes y coordinadas a gran escala sobre la base de tres pilares fundamentales: la protección de los trabajadores en los puestos de trabajo, el estímulo a la economía y el apoyo a los ingresos y el empleo.

Estas medidas incluyen la extensión de la protección social, el apoyo a la conservación del empleo y el alivio financiero y fiscal, incluso para las micro, pequeñas y medianas empresas, además de otras intervenciones de política fiscal y monetaria.

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