La alcaldesa de Berga (Barcelona), Montse Venturós, ha declarado finalmente como investigada por delito electoral ante el juez al que plantó dos veces, tras ser detenida por los Mossos d'Esquadra, un arresto que ha tensado la relación entre la CUP y el Govern en plena negociación presupuestaria.
Venturós, que se negó a comparecer ante el juez cuando fue citada los pasados 5 de abril y 17 de octubre por dos delitos electorales -por no retirar la "estelada" durante las elecciones del 27S y el 20D-, ha cambiado hoy de estrategia y, tras ser detenida, sí que ha respondido tanto al juez como al fiscal, ante los que ha alegado que no impidió a los Mossos que retiraran la bandera independentista.
Agentes de paisano de los Mossos d'Esquadra, cumpliendo una orden del titular del Juzgado de instrucción número 1 de Berga, se han personado a las siete de esta mañana en la puerta de la casa de la alcaldesa y, tras darle tiempo para hacer las gestiones que necesitara, la han detenido y la han trasladado al juzgado, tal y como cuenta la Agencia Efe.
El diputado de la CUP Benet Salellas, que ejerce como abogado de la alcaldesa, ha sido muy crítico con la actuación de los Mossos y ha instado al Govern a aclarar si está "con la justicia española" o con los "cargos electos independentistas" de Cataluña.
"Estamos muy dolidos y enfadados con el departamento de Interior", ha exclamado Salellas, que ha denunciado que la detención se ha producido "de madrugada y sin ninguna publicidad", lo que ha crispado a la CUP contra el Govern, en plena negociación de los presupuestos entre los anticapitalistas y Junts pel Sí.
Salellas también se ha preguntado si los Mossos deberían empezar a "desobedecer órdenes judiciales vinculadas con el proceso hacia la independencia", en pleno debate sobre la vía unilateral.
El conseller de Interior, Jordi Jané, ha salido al paso de las críticas y ha defendido la actuación de los Mossos d'Esquadra, ya que como policía judicial, ha alegado, tienen la obligación de cumplir con las órdenes del juez.
"El origen del debate no es la actuación de los Mossos, es por qué están judicializadas tantas actuaciones, por qué tantos ayuntamientos reciben requerimientos", ha indicado Jané, que la semana pasada ya había advertido de que la policía está para cumplir y hacer cumplir la ley.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha limitado a mostrar su apoyo a Venturós y a los "cargos electorales que sufren persecución por sus ideas", mientras que la portavoz del Govern, Neus Munté, se ha apresurado a pedir a la CUP que no se deje engañar por "las trampas que pone el Ejecutivo del PP" y ha pedido que este episodio no afecte a los presupuestos.
Tras plantar dos veces al juez, Venturós ha declarado finalmente hoy, durante unos veinte minutos, en los que ha respondido tanto al magistrado como a la Fiscalía y a su abogado, ante los que ha alegado que no recibió ningún requerimiento de la Junta Electoral para retirar la "estelada" y que tampoco impidió a los Mossos d'Esquadra que la descolgaran el mismo día de la jornada electoral.
A preguntas de su defensa, Venturós ha explicado que su decisión de no sacar la "estelada" de la fachada del consistorio obedecía a un motivo "político", ya que cree que no debía retirarse porque el pleno del ayuntamiento del 6 de septiembre de 2012, cuando ella aún no era alcaldesa ni concejal, acordó que se debía mantener hasta que Cataluña fuese independiente.
El juez, que tiene abiertas dos causas contra Venturós por sendos delitos electorales, ha acordado dejarla en libertad, aunque le ha obligado a fijar un domicilio y un número de teléfono y le ha advertido de que se expone a ingresar en prisión si vuelve a plantar al juzgado cuando se la requiera de nuevo.
En un auto, redactado en catalán, el juez Albert Ejarque avisa a Venturós que, si vuelve a desacatar, podría dictarse de nuevo una orden de detención que, "en su caso, podría ser elevada a prisión".
Por los dos delitos del artículo 144.1 de la Ley electoral, Venturós se expone a penas de entre tres meses y un año de cárcel y a entre seis y 24 meses de multa por cada uno, aunque a lo largo del proceso penal abierto podría variar la calificación de los mismos.
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que está investigada por prevaricación y desobediencia al Constitucional por permitir que la cámara catalana votara la hoja de ruta soberanista, ha expresado su apoyo a Venturós y ha afirmado que "ni la judicialización de la política ni los tribunales" impedirán que los catalanes decidan su futuro.
También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (BComú), ha expresado su apoyo a Venturós y ha pedido no "judicializar" la política, mientras que el PP y Societat Civil Catalana -la plataforma que la denunció por no descolgar la bandera independentista- han afirmado que su detención era una medida "higiénica", ya que su comportamiento ha sido "antidemocrático".
Como protesta por la detención de Venturós, la CUP ha promovido que algunos consistorios retiren hoy la bandera española, lo que ha hecho el de Sabadell (Barcelona) durante unas horas, aunque no lo han conseguido en Barcelona, donde el Ayuntamiento ha alegado que no quería entrar en una "guerra de banderas".
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