De los meses de negociación en secreto de David Marjaliza con la Fiscalía Anticorrupción a la reciente petición pública y acelerada de prestar declaración de Francisco Granados. La esperada comparecencia del próximo 21 de diciembre del que fuera todopoderoso secretario general del PP madrileño ante el juez Eloy Velasco, la primera que prestará de modo voluntario, ha provocado una enorme expectación sobre una hipotética confesión del señalado como principal cabecilla de la trama Púnica. Sin embargo, el modo de solicitar al magistrado dicha diligencia y, sobre todo, su actitud en los más de dos años que han pasado desde que fue detenido en octubre de 2014 marcan grandes diferencias respecto a la actuación de su antiguo socio y hoy gran arrepentido en la causa. Estas son los tres hechos claves que distinguen y que apuntan a que los dos presuntos cabecillas de la red mantienen aún estrategias muy dispares en el sumario.
El cómo
David Marjaliza, cuya carta explicando por qué dio el paso de colaborar con la justicia fue publicada este lunes por Vozpópuli en exclusiva, siguió un proceso largo, de meses, antes de empezar a tirar de la manta. Todo empezó durante un registro realizada en la casa de sus padres en abril de 2015, meses después de su arresto. Trasladado desde la cárcel de Aranjuez, donde entonces estaba recluido, hasta el inmueble de sus progenitores para que estuviera presente en la actuación policial como marca la Ley, el constructor sorprendió a los investigadores al reconocerles que no encontrarían nada en el piso, ya que todo lo tenía "aquí", señalándose con el dedo la cabeza. Marjaliza planteó ya desde ese primer momento qué beneficios judiciales podía tener si ayudaba en las pesquisas.
Marjaliza negoció durante meses con Anticorrupción las condiciones de su confesión. Granados ha solicitado comparecer sin tener contactos previos con la Fiscalía
Se iniciaba en ese instante un tira y afloja en secreto entre su abogado y la Fiscalía Anticorrupción que desembocó en junio de aquel año con tres comparecencias ante el juez Velasco en los que durante cerca de 11 horas detalló todo lo que sabía sobre las actividades corruptas de la trama. De hecho, no sólo confirmó lo que los investigadores ya sabían o intuían por los meses de pesquisas, sino que permitió abrir nuevas líneas de investigación. Antes de su puesta en libertad bajo fianza de 100.000 euros, Marjaliza acudió en más ocasiones ante el magistrado para aportar nuevos datos, entre ellos el significado de algunas enigmáticas iniciales aparecidas en una agenda intervenida a su entonces amigo Granados y que, a lo postre, han permitido abrir una pieza separada en el sumario sobre la supuesta financiación irregular del PP de Madrid que aún permanece secreta. Además, el paso del constructor ha sido acompañado por otras personas de su entorno también imputadas. Entre ellas, Ana Ramírez, su secretaria y persona de la máxima confianza.
La comparecencia de la próxima semana de Granados ha prescindido, sin embargo, de todos esos pasos previos. Ha sido una iniciativa suya plasmada en un escrito enviado a la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso todos los letrados personados en la causa. Sin contactos previos ni con Anticorrupción ni con el juez Velasco. Un paso que se producía, además, en un momento judicial complicado para él, justo después de que la Audiencia Nacional tumbara su recurso a la decisión del magistrado de prorrogar el plazo de prisión provisional hasta dos años más. Todo ello, además, acompañado de muchas prisas, como lo demuestra el hecho de que la primera fecha que el magistrado fijó para que compareciera, el 11 de enero, fue recurrida de nuevo por Granados que insistía en sentarse delante de él lo antes posible.
Finalmente, Velasco la fijó para el próximo 21 de diciembre. Poco plazo para pactar nada en una reunión 'in extremis', sobre todo porque desde Anticorrupción se insiste en que sólo habrá acuerdo para una rebaja en una futura petición de penas si el político confiesa dónde está la supuesta fortuna oculta que los investigadores le adjudican y que es, precisamente, uno de los argumentos esgrimidos para rechazar todas sus peticiones de excarcelación. Tampoco ayudará que el interrogatorio no será secreto, como sí lo fue en su día la de Marjaliza, ya que al del político podrán asistir, además del magistrado y las fiscales, los abogados de las defensas y las acusaciones. Un gesto que es interpretado por fuentes jurídicas como una demostración de que la intención de Granados es dar 'publicidad' a lo que cuente en la Audiencia Nacional.
El previo 'parlamentario'
También muy diferente ha sido la actitud de Marjaliza y Granados en sus respectivas comparecencias ante la comisión de investigación sobre la corrupción de la Asamblea de Madrid. El primero acudió a ella el pasado 21 de octubre, pero declinó contestar a las preguntas de los diputados regionales por la situación 'subiudice' del sumario. "Me voy a meter en un lío y me voy a acoger a mi derecho a no declarar", aseguró antes de ofrecerse a hacerlo más adelante, cuando la instrucción de la causa haya terminado, para responder a cualquier cuestión del 'caso Púnica'. Por su parte, Granados lo hizo por videoconferencia desde la cárcel de Estremera, donde está recluido, en dos ocasiones: abril y junio pasados. En ambas ocasiones, su actitud y sus respuestas se situaron muy lejos del arrepentimiento. De hecho, cargó contra todo y contra todos para dejar claro que en esos momentos no se le pasaba por la cabeza colaborar con la Justicia.
Ante la Asamblea de Madrid, el constructor evitó responder para no perjudicar al sumario. El político utilizó sus dos comparecencias para cargar contra todos
Así, en la primera de esas jornadas, a la que había sido citado únicamente para hablar del llamado 'caso de los espías' sobre los supuestos seguimientos al expresidente de la Comunidad de Madrid y rival político suyo, Ignacio González, el presunto cabecilla de la trama Púnica denunció su detención "delante de mi hija" y los días que pasó en un calabozo antes de que el juez Velasco le tomase declaración. Insistió también en que en ese momento, año y medio después de su arresto, aún no sabía de qué se le acusaba y recalcó que consideraba "gravemente" lesionados sus derechos. El tono no cambió en su comparecencia de junio, en la que cargó contra su jefa, Esperanza Aguirre, por no defender su presunción de inocencia. "Y eso que va de liberal, igual que yo", dijo. En esa ocasión, había sido citado para responder sobre las supuestas irregularidades en la empresa pública Arpegio, una de las investigadas en el 'caso Púnica'. De nuevo, negó cualquier irregularidad.
En este sentido, aseguró que las acusaciones de su exsocio David Marjaliza "no soportan la más mínima prueba de la lógica" y que, por ello, confiaba en que toda el sumario quedará en nada, "en una anécdota infinitamente triste para mí". Granados negó ser "el rey del golfería", como le tildó uno de los parlamentarios autonómicos, e insistió en rechazar las "acusaciones infundadas" que habían lanzado "los picadores de carne, los esparcidores de la basura". Incluso pidió que se diera por termina la comisión de investigación, que calificó de "este numerito, este circo que sobrepasa las cabalgatas de reyes y los carnavales". Unas declaraciones que dibujaban claramente la estrategia de negación total de todas las revelaciones que ya habían aparecido sobre sus supuestas actividades irregularidades mientras fue alcalde de Valdemoro y, posteriormente, consejero de los ejecutivos de Esperanza Aguirre.
Los escritos
También apuntan en ese sentido sus escritos judiciales, muy diferentes de los que remitió en su día David Marjaliza antes de comenzar a tirar de la manta. Así, éste último remitió desde la cárcel en junio de 2015, poco antes de comparecer por primera vez ante el magistrado, dos escritos manuscritos al juez Velasco en los que se quejaba de que no se le facilitasen los documentos del sumario que había reclamado para preparar, precisamente, su declaración en la que iba a confesar sus actividades. En uno de ellos, enviado sólo seis días antes de ser llevado a la Audiencia Nacional, llegaba a advertir de que si no se le facilitaban "copia de las actuaciones", entonces aún bajo secreto de sumario, se acogería a su "derecho constitucional a no declarar". En este último, el constructor escribía de su puño y letra que "una cosa dicta mi corazón y otra mi razón, y en este caso prima el último". Finalmente, mantuvo su compromiso y confesó.
En sus escritos, Granados no ha reconocido ningún hecho delictivo. Su único gesto ha sido admitir que el millón de euros encontrado en casa de sus suegros era realmente suyo
Los escritos de Granados, por el contrario, son de negación reiterada de los hechos. Y ello, pese a que en estos últimos meses, ha tenido tres abogados diferentes. De hecho, la inmensa mayoría de estos recursos han estado centrados en reclamar su puesta en libertad con diferentes argumentos y rechazar diversas actuaciones judiciales. En uno de los últimos, presentado ante la Audiencia Nacional el pasado octubre, el político dio su primera muestra, y hasta ahora única, de reconocer ciertos hechos. En concreto, que el millón de euros localizado por la Guardia Civil casi un año antes en un maletín oculto en casa de sus suegros era en realidad suyo. Eso sí, aseguraba que dicho dinero no era fruto de supuestas 'mordidas' de empresarios, sino parte de los fondos que ocho años antes había repatriado desde Suiza a través de David Marjaliza.
Anteriormente, en junio había remitido otro recurso en el que solicitaba que las pesquisas por la primera pieza separada del sumario, la que investiga el supuesto 'chivatazo' que le dio un guardia civil y que puso en peligro toda la operación Púnica, fuese a partir de ese momento instruido por un juzgado de Valdemoro, el pueblo del sur de Madrid en el que fue alcalde. En aquel escrito, el político encarcelado consideraba que esa parte del sumario, prácticamente terminada, no podía seguir siendo llevada por el juez Velasco ni por la Unidad Central Operativa (UCO) ni por la propia Audiencia Nacional, al considerar que ni eran competencia de ellos ni éstos eran imparciales. La petición fue desestimada, como más recientemente lo ha sido otros en los que ha esgrimido una directiva de la UE que obliga a las Justicias de los países miembros a facilitar información suficiente sobre la causa para garantizar "un efectivo ejercicio del derecho de defensa" que, en su caso, consideraba que no se había producido por la larga duración del secreto de sumario. Ha sido precisamente después de que se rechazaran éstos cuando ha mostrado por sorpresa su deseo de declarar por primera vez ante el juez.
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