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Pablo Iglesias quiere seguir como pluriempleado a sueldo del canal iraní

Podemos se opone a endurecer el régimen de incompatibilidades de los diputados. El líder de la formación morada es uno de los cerca de 40 casos que el PSOE plantea revisar.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, no piensa renunciar a otras ocupaciones que tiene fuera del Congreso de los Diputados para centrarse en la tarea parlamentaria. El líder morado quiere seguir como pluriempleado, percibiendo ingresos más allá de su sueldo público como electo de la Cámara baja. En la actualidad, lleva el espacio de entrevistas Otra vuelta de Tuerka en el canal La Tuerka y la tertulia política Fort Apache en la cadena iraní HispanTV. Ambos espacios han sido realizados por La Barraca Producciones y Con Mano Izquierda, dos sociedades del círculo de Iglesias. En HispanTV, la productora que paga al equipo del líder de Podemos es 360 Globalmedia SL. En el registro de bienes y rentas en el Congreso, el diputado declaró haber percibido en el último ejercicio un total de 33.700,48 euros en concepto de "derechos de autor y presentador de televisión".

Hace un año, el diario ABC publicó, en base a una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, que Iglesias emitió como autónomo al menos 24 facturas a 360 Globalmedia SL, de capital iraní, entre el 28 de diciembre de 2012 y el 11 de noviembre de 2015. El importe de estas facturas sumó 97.610 euros netos. Esta investigación de la Udef derivó en una denuncia de la Policía Nacional ante el Tribunal de Cuentas sobre una presunta financiación irregular de Podemos. El informe decía que dicha productora habría recibido entre 2012 y 2015 "grandes sumas de dinero" a través de "empresas instrumentales" que operan "desde paraísos fiscales" u "otros lugares con determinada opacidad en cuanto a las operaciones bancarias". En total, la cuantía transferida estaría en torno a los 9.300.000 euros en tres años, calculó la Policía.

El Tribunal de Cuentas incorporó esta documentación a sus trabajos para la redacción del informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos correspondiente al año 2014, que todavía no ha visto la luz.

En este momento, el Congreso está tramitando el dictamen de incompatibilidades de los diputados y el caso de Pablo Iglesias es uno de los cuarenta, aproximadamente, que generan polémica. El PSOE quiere dar batalla en este asunto para endurecer el régimen de incompatibilidades de modo que los diputados tengan "dedicación exclusiva" a su trabajo en las Cortes. Los socialistas llevaron este jueves una propuesta de cambios normativos a la Comisión del Estatuto del Diputado, órgano que se reúne a puerta cerrada, coincidiendo con la votación del dictamen de todas las declaraciones de actividades antes de ser elevado a Pleno (sólo cuando se vote aquí se harán públicos los expedientes).

PP, Podemos y Ciudadanos se desmarcan de la propuesta socialista porque el Congreso no se puede llenar de "funcionarios, pensionistas y ricos"

Sin embargo, según informaron a Vozpópuli fuentes parlamentarias, Podemos, al igual que PP y Ciudadanos, se desmarcaron de la propuesta socialista y votaron a favor del dictamen, negándose así a impulsar una reforma de la legislación vigente. El argumento esgrimido fue que el Congreso no se puede llenar de "funcionarios, pensionistas y ricos". Este dictamen permite a Iglesias, como ocurrió en la anterior legislatura, compaginar el escaño con su trabajo como presentador de televisión online.

En tal contexto, el PSOE se vio obligado este jueves a votar abstención. El dictamen tendrá ahora que ser votado en el Pleno del Congreso, donde los socialistas mantendrán su abstención. El portavoz socialista en este área, Luis Carlos Sahuquillo, planteó que aquellos parlamentarios que, a su juicio, presentan dudas de compatibilidad, en torno a una cuarentena, desfilen uno por uno por la Comisión del Estatuto del Diputado para explicar la naturaleza de sus actividades extraparlamentarias. Tras ser escuchados, obtendrían o no la autorización. "No podemos seguir dando autorizaciones de compatibilidad como si fuesen cheques en blanco y sin ningún control. Hay que darle una vuelta a la situación", sostiene Sahuquillo.

El problema radica en que la excepción recogida en el artículo 159.3c de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) se ha convertido en un "cajón desastre", como explica Sahuquillo, donde cabe la autorización de muchas actividades que no se justifican debidamente. Los diputados y senadores que se acogen a este artículo pueden lograr el visto bueno para actividades privadas distintas a la administración de su patrimonio personal; la creación artística, literaria o científica; la pertenencia a órganos de partidos y otras entidades o la participación en conferencias y seminarios y colaboraciones de prensa, siempre y cuando no estén remuneradas. Todas estas actividades sí están permitidas expresamente.

Quienes no se pueden enmarcar aquí, según el PSOE, son, por ejemplo, los parlamentarios que ejercen la abogacía, arquitectos, peritos judiciales, asesores y administradores empresas o que desempeñan otras profesiones. 

La nueva coportavoz de Podemos

De la bancada de Podemos, entre esos cuarenta casos detectados, también se encuentra Noelia Vera, electa por Cádiz y nueva secretaria de Participación y coportavoz de la Ejecutiva de Podemos. Integrante de la candidatura de Pablo Iglesias en Vistalegre, también ha venido trabajando como presentadora de La Tuerka. En su declaración de bienes en la Cámara baja figura que obtuvo "retribuciones dinerarias" por 19.462 euros en 2015.

Del recuento realizado por el PSOE, una veintena de estos diputados pertenecen al PP, ocho, a Unidos Podemos; siete a Ciudadanos, y dos a Esquerra Republicana (ERC). Tanto el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, como el propio presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado, Leopoldo Barreda, solicitaron compaginar el escaño con la abogacía. Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en esta comisión, Patricia Reyes, secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, también pidió tal autorización como abogada y administradora de la mercantil Yatay Ediciones SL. También del grupo de C's, la diputada Elena Faba hizo lo propio como administradora de las mercantiles Deimos Informática y Servicios SL y DTV Comunicación y Estrategia Digital.

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