No, "por el momento". El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha dictado una providencia en la que rechaza la petición remitida por el diputado del PP en las Corts valencias Víctor Soler Beneyto para que le tome declaración "en calidad de investigado (la nueva denominación de la figura de imputado)" tras conocerse que un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) le adjudicaba la presunta comisión tres delitos en sus tratos con la trama Púnica. No obstante, el magistrado deja abierta en dicho escrito la posibilidad de que dicha comparecencia se haga en el futuro, aunque no ante él, sino ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), el competente para investigar al parlamentario autonómico dada su condición de aforado. De hecho, el juez señala que su decisión de no interrogar al político "por el momento" la hace "sin perjuicio de que en su día se haga una exposición razonada" al dicho órgano judicial "a fin de recibirle declaración".
En la providencia, el magistrado rechaza "por el momento" la petición del propio Víctor Soler de citarle a declarar como imputado y apunta a que elevará la causa contra él al TSJ de Valencia
La providencia, fechada el pasado 13 de enero y a la que ha tenido acceso este diario, se produce después de que el propio Víctor Soler enviase el pasado 4 de enero un escrito a la Audiencia Nacional para pedir que se le interrogara como imputado. Solo un día antes, Vozpópuli había publicado una información en la que se detallaba el intenso cruce de mensajes de móvil y correos electrónicos que había intercambiado con el empresario Alejandro de Pedro, considerado el 'gurú' informático de la trama, para que este rebajase el precio de los trabajos de reputación 'online' que supuestamente había realizado una empresa de este para el entonces alcalde 'popular' de Gandía, Arturo Torró. Se trataba, en concreto, de 178 mensajes de wasaps intercambiados por ambos que reflejaban una estrecha relación que les llevaba a referirse uno a otro como "amigo" y los coloquiales "tío" y "coleguita".
Cinco días después de aquel primer escrito, el político valenciano, que también es concejal en este municipio valenciano, cambiaba de opinión y remitía al magistrado un segundo en el que "renunciaba" a dicha petición. Esa misma jornada entraba otro escrito en la Audiencia Nacional, este presentado por el Ayuntamiento de Gandía, en el que el actual equipo de gobierno socialista del consistorio solicitaba formalmente en su condición de acusación particular la imputación y toma de declaración del diputado autonómico del PP. Estas tres peticiones, las dos de Soler y la del Ayuntamiento, son las que ahora ha rechazado el juez Velasco en su providencia. En la misma, el magistrado se limita a señalar que "no ha lugar" a dicha declaración "por el momento", pero deja abierta la posibilidad a remitir una exposición razonada al TSJV para que sea este órgano el encargado de investigarle dada su condición de aforado y, si lo estima oportuno, le cite para "recibirle declaración".
Un informe de la UCO
Aunque se conoció que el nombre de Víctor Soler aparecía en el sumario del 'caso Púnica' en el verano de 2015, tras levantarse el secreto de sumario de una parte de la causa, fue el pasado 23 de diciembre cuando se supo de la existencia de un informe de la UCO fechado en noviembre en el que se apuntaba la presunta comisión por parte del aforado valenciano de los delitos de fraude, cohecho y malversación de caudales públicos en sus tratos con la Púnica. El documento policial adjudicaba al diputado autonómico, que ha sido elegido recientemente compromisario para el Congreso 'popular' del mes de febrero, un papel clave en las irregularidades detectadas en el supuesto pago con dinero público de la reputación 'online' de su correligionario y jefe en el Ayuntamiento de Gandía, el exalcalde Arturo Torró.
Un reciente informe de la UCO adjudica a Víctor Soler un papel clave en el pago supuestamente irregular de los informes de reputación 'online' del entonces alcalde de Gandía, Arturo Torró
Según la Guardia Civil, aquellos informes de posicionamiento en Internet a favor del Torró, quien ya ha declarado como investigado ante la UCO por estos hechos, fueron facturados al consistorio "como presuntos trabajos de posicionamiento 'online' del Ayuntamiento de manera continuada durante 15 meses" hasta que en 2013 surgió "una discrepancia entre empleados municipales y Alejandro de Pedro" que hizo que este dejara de recibir dinero. Como consecuencia de ello, el 'gurú' informático de la trama decidió dejar prestar sus servicios al regidor 'popular' hasta que el hoy diputado autonómico asumió un papel protagonista en las negociaciones para desbloquear esa situación. Así, el informe destaca que "para solventar la deuda pendiente" con el experto informático y "para concertar los futuros trabajos de cara a los comicios [municipales] de 2015" Víctor Soler trató directamente con De Pedro.
También fue él quien acude a un compañero de partido, "para buscar una fórmula de pago" con la que hacer frente a la cantidad que se debía al experto informático. Son estos tratos los que desembocaron "en que Construcciones Gomuñoz, empresa adjudicataria de obras en el Ayuntamiento de Gandía y acreedor del Consistorio" aceptase supuestamente asumir la deuda de "los trabajos pasados y los futuros de quien ostentaba el cargo de alcalde de Gandía [Arturo Torró] en aquellos momentos". Por ello, el documento policial concluía que Víctor Soler sería autor de los delitos de tres delitos.
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