La reforma que plantea ERC para modificar el delito de malversación de caudales públicos contempla que las condenas más altas, con penas máximas de hasta ocho años, sean para los que se lucren personalmente del delito, y la mitad de castigo para los casos en los que no haya existido beneficio propio, según adelanta eldiario.es. Dicho planteamiento, por tanto, beneficiaría a los condenados por el procés a los que se les imputa un delito de malversación, entre ellos, a varios cargos de ERC.
El pasado martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió que el Ejecutivo negocia con ERC la reforma del delito de malversación, dejando claro que no habrá ningún retroceso en la lucha contra la corrupción. Es decir, que la enmienda que presenten los republicanos no beneficiará a los encausados y condenados por ese delito. El líder socialista llamó a fijarse en el "derecho comparado" para aventurar cómo se hará el cambio en el código penal. No obstante, el presidente sigue dejando todo en el marco del debate parlamentario sobre la eliminación del delito de sedición.
Un día después de estas declaraciones, los republicanos anunciaron enmiendas "quirúrjicas" para reformar la malversación. La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta avanzó que las modificaciones que plantea su partido -que tiene hasta el viernes para hacer públicas de manera oficial- buscan reducir al máximo el margen interpretativo del nuevo texto y asegurar que se aplica conforme al objetivo de la reforma, que es "que no puedan ser utilizadas acusaciones falsas de malversación para perseguir, inhabilitar y reprimir" al independentismo.
La enmienda que presentarán los republicanos catalanes al texto del Ejecutivo, según eldiario.es, propone recuperar la versión anterior a la reforma impulsada por la mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy en 2015, con la oposición de la izquierda.
En concreto, la enmienda incluirá un nuevo artículo 423 bis para castigar a quien, sin buscar el beneficio propio, destine dinero público a usos ajenos a la función pública con condenas de seis meses a tres años de cárcel y hasta cuatro años de inhabilitación. Si resulta que en esa malversación se produce un daño o entorpecimiento al servicio al que estuvieran consignados, la inhabilitación alcanzaría los cinco años, pero la pena de cárcel sería la misma.
La malversación es un delito clave en la causa en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona contra 32 excargos y empresarios por los preparativos para el 1-O. La causa afecta, en concreto, a la conocida como la "segunda fila" del Govern. Entre ellos, hay ocho encausados de ERC a los que se les imputa un delito de malversación, como Josep Maria Jove y Lluís Salvadó. No se ha acreditado lucro personal en estos casos.
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