Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) no acepta introducir en la proposición de Ley de Amnistía el terrorismo y la alta traición, como insiste Junts per Catalunya para cubrir una posible futura imputación de Carles Puigdemont por ambos delitos, porque los republicanos creen que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y hasta el Tribunal Constitucional, tumbarían la norma sin discusión; y, sobre todo, porque no quiere ayudar a Junts a salir del aparente callejón sin salida político en que se ha metido.
Fuentes del partido republicano sostienen que, independientemente de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y los fiscales del Tribunal Supremo sean especialmente “creativos” intentando fabricar un supuesto delito de terrorismo “que nunca existió” durante la protesta del aeropuerto de El Prat (Barcelona), hay una realidad incontrovertible: Cualquier legislación internacional, Convenio Europeo de Derechos Humanos incluido, sostiene que los delitos de terrorismo son “imprescriptibles” y no amnistiables porque “son delitos de lesa humanidad”.
Recuerdan que Junts, impulsor de la norma junto a ERC y el PSOE, defendía que lo que ahora rechaza era ideal y no querían enmiendas en tanto “la perfección no es mejorable” (sic); pero eso fue así hasta que Puigdemont vio la amenaza de ser imputado por terrorismo, como responsable último en la sombra de Tsunami Democrátic, y por un delito de traición tras los presuntos contactos de su entorno con enviados del presidente ruso, Vladimir Putin, en los días previos y posteriores al referéndum ilegal del 1-O de 2017 en Cataluña.
ERC sospecha que el interés inicial que tenía Puigdemont por la Amnistía -condicionó la investidura de Pedro Sánchez a su aprobación-, se ha tornado en indiferencia porque no le servirá si finalmente es condenado por terrorismo. Solo le valdrá un indulto posterior, pero eso le obligaría a volver a España, entrar en prisión y no ser candidato a la Generalitat en 2025
Por eso ERC sospecha que todo aquel interés inicial que tenía Puigdemont en la Ley de Amnistía -condicionó nada menos que la investidura de Pedro Sánchez a su aprobación- se ha tornado en indiferencia porque no le servirá si finalmente es condenado por terrorismo. Solo le valdrá un indulto posterior, pero eso le obligaría a volver a España, entrar en prisión y le impediría ser candidato a la Presidencia de la Generalitat en 2025.
Al llegar a España, donde la orden de detención en territorio nacional sigue en vigor -no así la de busca y captura internacional que el magistrado Pablo Llarena acabó retirando- Puigdemont sería encarcelado “después de seis años prófugo de la Justicia”, sostienen a Vozpópuli diversas fuentes judiciales; y pasaría más de un año, entre juicio y sentencia, antes de cualquier indulto del Consejo de Ministros. Con el añadido de que, al igual que el líder de ERC, Oriol Junqueras, quien si no medía la aprobación de la ley seguirá inhabilitado hasta 2030, tampoco podría ser candidato a la Generalitat en las elecciones de 2025. Paradójicamente, Puigdemont ahora sí puede aunque siga huido en Waterloo (Bélgica) porque no ha sido siquiera procesado.
El líder republicano, Oriol Junqueras, declaró este jueves en La Sexta que “no sé si se va a aprobar la Ley de Amnistía”; sabe que en los cálculos que ahora mismo hace Puigdemont no entra ni entregarse en España ni dejar de ser candidato a los comicios autonómicos dentro de menos de un año. Desde el partido que hoy gobierna la Generalitat de Cataluña recuerdan que el indulto siempre es posible; de hecho, eso ya se hizo tras la histórica amnistía de 1977.
Empiezan a darse las condiciones para una situación impensable hace tan solo unos días cuando, tras el rechazo del Congreso, tanto el PSOE como Junts per Catalunya, también ERC, daban por seguro que el 21 de febrero la ley vería luz verde: puede que la ley finalmente decaiga con el fiasco político que eso implica en una legislatura condicionada por el asunto catalán.
En este contexto, empiezan a darse las condiciones para una situación impensable hace tan solo unos días cuando, tras el rechazo del Congreso, tanto el PSOE como Junts per Catalunya, también ERC, daban por seguro que el día 21 de febrero la ley vería la luz verde: puede que la ley finalmente decaiga con el fiasco político que eso implica en una legislatura condicionada por el asunto catalán.
Por un lado, Puigdemont y los suyos no tienen interés en aprobar algo que no sea una “amnistía integral”, esto es, incluyendo terrorismo y traición; por otro lado, está el Gobierno de coalición PSOE/Sumar presionado por la Comisión Europea -incluso el Tribunal Constitucional amenaza con tumbar la ley-, para que no ceda a las pretensiones de Puigdemont, por más que eso amenace la legislatura; y en tercer lugar está una ERC que, si bien quiere la ley para acabar con las condenas y el procesamiento de cientos de implicados en el 1-O, no está dispuesta a dar oxígeno a un Puigdemont al que ven en un callejón sin salida y que será su rival en las elecciones catalanas dentro de un año o menos.
Junqueras y los suyos no quieren dar más balones de oxígeno a Junts y en esta hora parece coincidir con el Ejecutivo en que no se puede ceder a sus pretensiones so pena de que la ley caiga en Europa; al fin y al cabo, los Presupuestos generales del Estado para este año 2024 tienen “pocas” probabilidades de salir adelante, se admite desde el partido republicano, pero a Pedro Sánchez tampoco le urge. Puede sobrevivir políticamente con la actual prórroga presupuestaria y, tras las elecciones catalanas y el nuevo equilibrio de poder, ya se verá qué pasa con las cuentas públicas de 2025.
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