El congreso extraordinario del PP que ya solicitan algunos cargos del partido para buscar una salida a la guerra interna entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso exige una mayoría de los tercios de la Junta Directiva Nacional para forzar su convocatoria, según recogen los Estatutos del PP. Además, dado que se fija un mes de plazo como mínimo desde su convocatoria hasta su celebración, un cónclave urgente de este tipo no podría hacerse antes de la primavera, que comienza el 21 de marzo.
Ante la profunda crisis que atraviesa el PP, cada vez son más las voces que consideran que solo un congreso extraordinario puede acabar con el "daño irreparable" que se está haciendo a la formación y visualizar una imagen de renovación y unidad. "Varios presidentes provinciales de mi región y de otras ya me han leído los Estatutos", confiesa a Europa Press un dirigente regional, en unos días de continuas llamadas telefónicas ante la tensión que vive el partido.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ya ha dejado caer esa posibilidad al advertir públicamente a Casado que si no soluciona esta "hemorragia" puede haber un congreso extraordinario, porque no se puede llegar al congreso ordinario -que toca en julio- con "esta herida abierta". "Sería muy malo dejar este asunto abierto durante meses", avisó este viernes.
Más contundente ha sido la exportavoz del Grupo Popular en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo, quien, aparte de pedir públicamente la dimisión de Casado, ha reclamado un congreso extraordinario para "elegir una nueva dirección" del partido.
Según la diputada del PP por Barcelona, se trata de que sean "los militantes los que tomen la palabra" porque la actual crisis interna pone "en riesgo la propia existencia del PP y su papel dentro del espacio político como alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez.
Sin embargo, la necesidad de convocar un cónclave extraordinario ha empezado también a circular en los distintos territorios. Cada vez más voces reconocen en privado a Europa Press que la única solución a esta guerra abierta pasa por una renovación del partido en un congreso.
Los estatutos del PP
Los Estatutos del PP señalan que la celebración de un congreso extraordinario exige debate previo, fijado en el orden del día de la Junta Directiva y resolución final de convocarlo adoptada "por la mayoría de dos tercios de los componentes de aquella", que supera los 300 miembros.
La Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, puede convocarla el presidente del partido, Pablo Casado, pero también puede hacerse con carácter extraordinario por acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional o a solicitud de tres quintos de sus vocales.
En concreto, forman parte de la Junta Directiva los miembros del Comité Ejecutivo; los 30 vocales elegidos en el último congreso nacional; los diputados, senadores y europarlamentarios; los presidentes regionales, provinciales e insulares del partido; los presidentes de CCAA o en su defecto los portavoces en las Asambleas autonómicas; los presidentes de diputaciones, consejos y cabildos insulares y los alcaldes de capitales de provincia y capitales autonómicas; los presidentes regionales de NNGG, su secretario general y otros nueve miembros; los ministros del Gobierno que sean afiliados del PP; y los comisarios europeos, entre otros.
En marzo como pronto
Los Estatutos señalan además que el plazo mínimo que habrá de mediar entre la fecha de la convocatoria y la de celebración "será de mes y medio si se trata del congreso nacional". Eso sí, añaden que podrá ser convocado un congreso extraordinario "en casos de excepcional urgencia, con tan solo treinta días de antelación, haciendo constar en la convocatoria el motivo de convocar y las causas que fundamentan la urgencia".
Según las normas internas del PP, en los congresos extraordinarios no será obligatorio el debate de ponencias y eso sucedió en el cónclave extraordinario celebrado el 20 y 21 de julio de 2018 para elegir al sucesor de Mariano Rajoy tras un proceso de primarias, en el que Pablo Casado se impuso a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
