Oportuna petición de carpetazo. El fiscal jefe de Toledo, Luis Ibáñez, ha presentado un escrito en el que pide al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital castellano manchega que archive las actuaciones del llamado 'caso Basuras', en el que se investiga el supuesto pago de una 'mordida' al PP regional de María Dolores de Cospedal por parte de la empresa Sufi a cambio de la adjudicación de un contrato de recogida de residuos en la ciudad de 6 millones de euros. El caso llegó a este órgano judicial después de que el magistrado Pablo Ruz decidiera inhibirse en estas pesquisas, derivadas de los 'papeles de Bárcenas', al considerar que los hechos investigados no eran competencia de la Audiencia Nacional. En concreto, se investiga si la filial de Sacyr entregó 200.000 euros a los 'populares' para financiar la campaña electoral de la hoy ministra de Defensa en 2007 cuando era candidata a presidir el Gobierno regional, como declaró en su día Luis Bárcenas, quien llegó a aportar los recibís. Ahora, sin embargo, la Fiscalía asegura que no ve delito y, por tanto, pide "el sobreseimiento provisional" de la causa y el "archivo de las actuaciones". Todo ello cuando aún se está celebrando el juicio del 'caso Gürtel', aún no se ha iniciado la vista por la supuesta 'caja B' de Génova 13 y faltan menos de dos semanas para que se inicie el XVIII Congreso de los 'populares' en el que la política aspira a mantenerse como secretaria general de la formación.
El fiscal considera que en la causa sólo se investiga un inexistente delito de prevaricación y que del cohecho de la 'mordida' de los 200.000 euros nunca ha existido indicios
El escrito del fiscal jefe de Toledo está fechado el pasado 26 de enero y es su respuesta a un recurso de reforma presentado por el imputado José Manuel Molina García, quien era el alcalde 'popular' de la ciudad cuando se adjudicó el contrato bajo sospecha y que había solicitado retrasar su comparecencia a declarar por encontrarse trabajando en el extranjero. Sin embargo, el representante del Ministerio Público dedica a este hecho sólo dos párrafos de los doce folios con los que cuenta el escrito. El resto del mismo es un alegato a la necesidad de cerrar de modo inmediato la causa al considerar que en la misma no hay ningún indicio delito que justifique que se mantenga abierta y que, como mucho, debe ser abordada por la jurisdicción contencioso-administrativo. De hecho, recalca que desde que el juzgado de Toledo se hizo cargo de la causa, en septiembre de 2015, quedó claro que en ningún momento hubo pruebas sobre el pago de ninguna mordida. Una afirmación que respalda asegurando que su compañero de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Romeral, que fue el que participó en la instrucción de los 'Papeles de Bárcenas', emitió en su día varios "dictámines" en los que también "consideraba la total pertinencia del sobreseimiento respecto de ese supuesto delito de cohecho".
De hecho, el Fiscal considera que en el sumario no se investiga ninguna entrega de 200.000 euros para la campaña electoral del PP, sino únicamente dos "actuaciones administrativas". En primer lugar, el protocolo que firmaron el Ayuntamiento de Toledo con la empresa adjudicataria del contrato de basuras el 21 de mayo de 2007 para que el primero se hiciera cargo del sobrecoste que había supuesto la negociación del convenio colectivo de los trabajadores encargados de la recogida de las residuos. El segundo, la ratificación del mismo por la Junta de Gobierno del consistorio cuatro días después. De hecho, asegura que a la vista de las diligencias ordenadas por el magistrado, considera que éste también "descarta ilicitud penal en el resto de actuaciones relacionadas con la concesión de limpieza", entre ellas la adjudicación del contrato en diciembre de 2006 bajo sospecha de ser el 'pago' a la comisión. Un hecho que considera "absolutamente razonable si analizamos pormenorizadamente" las diligencias que remitió en su día la Audiencia Nacional.
"Desde hace mucho tiempo"
Además, el fiscal considera que aunque la causa está declarada compleja y la instrucción de la misma se puede prolongar hasta los 18 meses, considera que no es necesario agotar dicho plazo aunque aún falta medio año pues estima que la investigación "debe considerarse completa y suficiente, pues con lo actuado se tienen sobrados elementos de juicio para valorar jurídicamente las actuaciones administrativas". De hecho, considera que esta situación se da "desde hace mucho tiempo", en concreto, desde que el Juzgado Central de Instrucción número 5 de Pablo Ruz remitió la causa y que, de hecho, las actuaciones que ha tomado el magistrado de Toledo desde que asumió la misma, con toma de declaraciones e imputaciones, sólo han servicio "para mejor conocimiento de los hechos", pero no para cambiar la conclusión de que no existe delito. De hecho, reitera una y otra vez que tampoco hay delito de prevaricación administrativa por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo en los tiempos del PP. "La Junta de Gobierno se limita en su sesión ordinaria del día 23 de mayo [de 2007] a su mera ratificación [del protocolo]. En ninguna de sendas actuaciones, o en el conjunto de las mismas si las valoramos de forma unitaria se verifican los requisitos que de forma acumulativa deben darse para construir el tipo de prevaricación". De hecho, tilda de "tesis simplista" considerar su actuación como un delito.
El fiscal jefe de Toledo considera que la actuación del alcalde y los concejales del PP fue "un acto realista" que buscó "el bienestar social"
En este sentido, considera que la actuación del alcalde y sus concejales fue "un acto realista e, incluso, necesario" y que, de hecho, buscaba "velar por el bienestar social" ya que al acceder a asumir con dinero público un sobrecoste evitó un conflicto laboral de los servicios de limpieza y basuras "unos días antes de la mayor fiesta de la ciudad de Toledo", el Corpus Christi. Un detalle que, en el caso de existir irregularidades, considera "suficiente acicate como para flexibilizar exigencias de los negociadores en tanto en cuanto responsables municipales". El fiscal recuerda también que dicha actuación fue avalada por el equipo de gobierno que sustituyo al del PP, el del socialista Emiliano García Page pese a ser "de distinto signo político que el anterior y surgido de las elecciones municipales celebradas entre una y otra actuación administrativa. Por todo ello, el representante del Ministerio Público concluye que "se antoja casi imposible inferir un dolo directo en la actuación del equipo de gobierno municipal en la realización de unas actuaciones que por sí mismas tuvieron visos de regularidad". Por todo ello, pide "el sobreseimiento provisional" de la causa y "el consiguiente archivo de las actuaciones". Un oportuno carpetazo judicial cuando aún se está celebrando el juicio del 'caso Gürtel', aún no se ha iniciado la vista por la supuesta 'caja B' de Génova 13 y a sólo unos días del Congreso del PP en el De Cospedal aspira a seguir como secretaria general.
