La querella interpuesta por la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra fiscales de Madrid por presunta revelación de secretos amaga con convertirse en un polvorín dentro de la Fiscalía General del Estado. La intención de la fiscal designada al caso de pedir que se abra causa y se investiguen los hechos se ha visto paralizada por la 'número dos' de la institución, en un movimiento que puede forzar que el asunto se acabe resolviendo ante la Junta de Fiscales de Sala.
Fuentes jurídicas y fiscales confirman a Vozpópuli que en estos momentos el foco se pone en la querella que interpuso González Amador después de que la Fiscalía Provincial de Madrid emitiera una nota en la que desmintió las informaciones publicadas horas antes acerca de que este órgano propuso un pacto a la pareja de Ayuso en el marco de la investigación abierta por un presunto fraude fiscal del empresario.
A día de hoy hay dos procedimientos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por estos hechos. El primero se abrió a instancias de una denuncia interpuesta por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) por revelar la Fiscalía que el abogado de González Amador confesó en un correo electrónico la presunta defraudación a Hacienda y pidió un pacto con el Ministerio Público.
Dos querellas por revelación de secretos
Esta primera denuncia se interpuso en los juzgados de Plaza de Castilla y recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 28 de Madrid. Las fuentes consultadas precisan que su titular pidió al ICAM que reformulara la denuncia en querella para conocer exactamente contra qué personas se actuaba.
El motivo reside en que las mismas están aforadas, ya que se trata de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez y del fiscal de delitos económicos al frente del caso contra González Amador, Julián Salto.
De esta forma, el juzgado ordinario elevó la querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mientras que la Fiscalía, por su parte, se pronunció en contra de la misma. La Fiscalía de Madrid rechazó que se abrieran diligencias para investigar si se cometió delito con la nota y defendió que no se vulneró ningún secreto con la aclaración sobre la investigación por fraude fiscal a González Amador.
En concreto, plasmó que no se puede vulnerar ningún secreto de una información que se había publicado horas antes en algunos medios y defendió la obligación de proporcionar información de interés público y veraz, toda vez que la nota desmentía que fuera la Fiscalía la que ofreció el pacto a Amador. Del orden cronológico de los correos intercambiados se desprende que fue su abogado el que reconoció el presunto fraude de más de 350.000 euros y propuso una conformidad con el Ministerio Fiscal.
En paralelo a estos hechos, el empresario también abrió la vía judicial e interpuso querella directamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra los dos fiscales arriba mencionados por presunto delito de revelación de secretos. La Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, se abstuvo puesto que es parte implicada.
De hecho, Lastra se negó a firmar la nota cuya redacción habría encargado el fiscal general, Álvaro García Ortiz, e incluso habría pedido que la orden directa se plasmara por escrito, según las fuentes consultadas.
Choque de trenes en la Fiscalía
Tras el correspondiente reparto, el asunto recayó sobre la fiscal de la Fiscalía Superior de Madrid, María de la O Silva, quien, respaldada por el teniente fiscal del TSJ de Madrid, Carlos Ruiz de Alegría, es partidaria a abrir causa. La fiscal asignada al caso no solo ve motivos para que se admita a trámite la querella, sino que habría propuesto además la práctica de diligencias tales como las de recabar todas las comunicaciones giradas sobre este asunto.
Tal choque de trenes llevó a la 'número dos' de la Fiscalía, María Ángeles Sánchez-Conde a impulsar reuniones internas con los fiscales del procedimiento que algunas fuentes fiscales entienden como una medida de presión sin precedentes. Desde la Fiscalía, por su parte, se precisa que con estas reuniones se busca unificar criterio puesto que no pueden emitir dictámenes contrarios en querellas de idéntico objeto.
Sin embargo, otras fuentes entienden que este movimiento se produce ante el temor de que se abra un procedimiento en el TSJ de Madrid que termine salpicando a García Ortiz. El fiscal general salió el lunes en defensa de los fiscales querellados tras más de un mes de absoluto silencio por los hechos. Su mensaje, acerca de que asumía la "responsabilidad última" de lo ocurrido, se entiende entre un sector de la carrera fiscal como un intento de protegerse a futuro.
Con todo, la tensión en la Fiscalía va en aumento. Las fuentes consultadas por este medio explican que la fiscal encargada del caso estaría pendiente de que la teniente fiscal plasme sus órdenes por escrito para activar el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Se trata de una herramienta de la que disponen los fiscales cuando discrepan del criterio impuesto por el superior. Ello le permite emitir sus razones por las cuáles está en contra de acatar el mandato y, de no estimarlas, entonces se convocaría la Junta de Fiscales de Sala.
La causa contra Amador sigue adelante
De esta forma, el asunto se abordaría en la Junta de Fiscales de Sala. Las fuentes consultadas dan por hecho que se impondría el criterio de Sánchez Conde, aunque la activación de este mecanismo demostraría la disparidad de criterios y la crisis interna en un momento especialmente delicado para la Fiscalía.
La teniente fiscal trata de esta forma de evitar que se abra causa por estos hechos puesto que podría acabar afectando al máximo representante de la institución. Aunque García Ortiz descartó de plano que tuviera algo que ver con la emisión de la nota tras su emisión, fuentes consultadas aseguran que se publicó por orden suya; un relato al que podrían aludir los fiscales imputados y que acabaría poniendo en un brete al fiscal general del Estado puesto que la causa tendría que derivarse al Tribunal Supremo.
Antes de llegar a este extremo se busca desactivar la querella de González Amador, en sintonía con lo informado en la de COAM. Con todo, y al margen de la polémica en la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid sigue adelante con la causa penal abierta contra el novio de Ayuso por dos delitos fiscales y falsedad documental. Está citado a declarar como investigado el próximo 20 de mayo.
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