Los gastos de personal de Renfe se han disparado por primera vez por encima de los 1.000 millones de euros al año (concretamente hasta los 1.058.427 millones).
Así lo refleja su memoria de resultados correspondiente al año 2022, el último periodo publicado por el operador ferroviario español. El ejercicio anterior la cifra fue de 955 millones de euros, y hace cinco, antes de la pandemia, de 951 millones de euros. Su plantilla supera los 16.000 empleados.
En paralelo, los problemas en los trenes de Renfe no cesan, sobre todo desde la liberalización del sector ferroviario y la entrada de operadores como Iryo y Ouigo, que sobrecargan aún más las vías e infraestructuras ferroviarias.
Si se analizan los datos de retrasos facilitados por Renfe respecto al AVE, queda patente el empeoramiento del servicio en el último lustro. En el caso de los servicios demorados, en 2019, año en que se anunció la liberalización del sector, suponían un total del 17,33% de los mismos. En 2020 llegaron al 15,41%, en 2021 -coincidiendo con la llegada de Ouigo- el 17,85%, mientras en 2022 -el año en que aterrizó Iryo- fueron del 24,27%. Conclusión: uno de cuada cuatro trenes sufrió demoras ese año. En total, en los últimos cinco años los retrasos se han incrementado un 7%.
Los servicios regionales y urbanos, aunque en menor medida, también han visto incrementadas las demoras. De 2019 a 2022 han pasado de registrar un 8,2% de dilaciones a un 9,54%, aumentando un 1,34%.
En referencia al incremento en el gasto de personal, desde la empresa pública aseguran a preguntas de Vozpópuli que Renfe se encuentra en un proceso de ajustes de condiciones y salario para reducir los costes. Así, en el corto plazo los empleados de la corporación no podrán jubilarse más alla de los 68 años, algo que sí podían hacer hasta ahora.
Por otra parte, determinadas subcategorías tenían un sueldo que, pasados cinco años, se incrementaba en un 30%. Se trata de un incentivo que Renfe eliminó recientemente.
Puente empeora las indemnizaciones por retraso
Con este escenario de fondo, hace unas semanas Renfe anunciaba el empeoramiento de las indemnizaciones por retraso, apartado en el que el operador ferroviario era el que mejores compensaciones ofrecía con mucha diferencia.
En concreto, devolvía el 50% del importe del billete en el caso de retrasos superiores a los 15 minutos, y el 100% si el tren llegaba con una demora de más de 30 minutos.
Desde el pasado 1 de julio, para recibir el 50% del precio del billete, el retraso tiene que ser igual o superior a 60 minutos, mientras que para ingresar el 100% se tiene que demorar más de 90 minutos.
Las redes sociales volcaron sus iras por el empeoramiento de las condiciones directamente contra el controvertido ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien, como era de esperar, respondió defendiendo la medida.
Aseguró que la antigua dotación para las indemnizaciones "suponían mermas muy importantes de ingresos", cifrando esta cantidad en 42 millones de euros, y explicó que las nuevas compensaciones implican "cumplir con la normativa española" que, argumentó, "es más generosa que la europea". Además, matizó que las indemnizaciones anteriores "se remontan al año 92, cuando había una única línea de alta velocidad, Madrid-Sevilla" que "estaba encapsulada" y no "interrelacionada con el resto de la red".
Más liberalización del ferrocarril
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha valorado positivamente que "por fin" vaya a aprobarse la Orden ministerial que permitirá la puesta en marcha de la liberalización de los servicios ferroviarios de transporte de viajeros sujetos a obligaciones de servicio público.
En un comunicado, el organismo presidido por Cani Fernández ha explicado que la situación en España es particular, dado que la totalidad de los servicios públicos se prestan con arreglo a un contrato adjudicado a Renfe Viajeros "sin licitación previa". Es algo que contrasta con el modelo de otros países europeos, como Alemania o Francia, donde se apuesta por la licitación de estos servicios.
La CNMC recomienda realizar la liberalización "progresivamente", pues la licitación simultánea de todos ellos puede poner en riesgo el éxito del proceso, al tiempo que debería publicarse "a la mayor brevedad posible" un calendario para dar transparencia al sector sobre el ritmo de la liberalización. El objetivo es que los servicios liberalizados se empiecen a prestar por el adjudicatario a partir del 1 de enero de 2026.
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