El Gobierno ha aprovechado la crisis del coronavirus para pedir el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2020. Pedro Sánchez, que mantiene su intención de aprobar los PGE "antes de que acabe el verano", se ha marcado el mes de junio como fecha límite para presentar las nuevas cuentas públicas, para las que pedirá el apoyo de los distintos grupos parlamentarios, ahora más que nunca ante la situación derivada del coronavirus.
Así lo han señalado fuentes gubernamentales, que confirman la intención del Ejecutivo de coalición de aprobar el anteproyecto de ley de los Presupuestos de 2020 para dejar atrás las cuentas actualmente en vigor del Gobierno del PP, que datan del año 2018.
Para ello, el Ejecutivo se marca el mes de junio como plazo para presentar el anteproyecto de ley de los nuevos Presupuestos en el Consejo de Ministros, con la intención de continuar a continuación con la tramitación parlamentaria en el Congreso y el Senado.
Este plazo cuadra con la hoja de ruta marcada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien el mes pasado ya mostró su intención de que los Presupuestos de 2020 estén aprobados "antes de que acabe el verano", lo que permitiría que las nuevas cuentas estuviesen en vigor en torno a seis meses.
Además, las mismas fuentes explican que desde el Gobierno se va a intentar convencer a los grupos de la conveniencia de aprobar los Presupuestos ante la actual situación derivada del coronavirus, que ya ha conllevado determinadas medidas, especialmente en las principales zonas afectadas (Comunidad de Madrid, Vitoria-Labastida y La Rioja), como el cierre de centros educativos, la cancelación de vuelos de Italia a España, la suspensión de los viajes del Imserso, la celebración de eventos deportivos a puerta cerrada o la suspensión de actividades y eventos de ocio, culturales y similares en espacios cerrados para más de 1.000 personas.
Además, el próximo jueves está previsto que vea la luz un plan de choque, consensuado con los agentes sociales, con medidas de estímulo para evitar despidos, facilitar el teletrabajo, ayudar a las familias y establecer una moratoria de las cotizaciones a la Seguridad Social, entre otras. Ante esta situación sobrevenida, con el consiguiente gasto público e impacto económico, el Gobierno pedirá el apoyo a las formaciones para actualizar las cuentas públicas.
De hecho, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido este mismo martes el apoyo de las formaciones políticas a los PGE para "afrontar mejor las medidas y la renovación de las cuentas públicas", con el fin de que, una vez pase la epidemia, la recuperación sea "lo más pronta posible y los posibles efectos secundarios se puedan paliar sin repercutir al empleo y al crecimiento".
Aunque no está garantizada la aprobación de los Presupuestos, el Gobierno ya dio los primeros pasos la semana pasada y la anterior en el Senado y el Congreso, respectivamente, con la aprobación de la nueva senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2020-2023, acompañada de los límites de gasto no financiero ('techo de gasto') para este año y el próximo.
En estas votaciones, el Gobierno obtuvo el respaldo, además del PSOE y de Unidas Podemos, de formaciones como PNV, Teruel Existe, CC, PRC, PAR, así como las abstenciones de ERC y EH Bildu. En cambio, votaron en contra de la senda el PP, Cs, Vox y UPN, así como JxCAT, que aunque facilitó la investidura de Sánchez, ha rechazado respaldar la senda reclamando la devolución del IVA autonómico de 2017.
No obstante, los partidos nacionalistas catalanes ya avisaron de que el sentido de sus votos para la senda de déficit no se podría extrapolar a la eventual votación del proyecto de ley de Presupuestos, mientras que Montero ha pedido en reiteradas ocasiones discernir las cuentas públicas de la mesa de diálogo abierta entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña.
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