Ha vuelto a ocurrir. Pese a la posición privilegiada de la que goza Ciudadanos como socio de investidura de los populares, el partido de Albert Rivera ha quedado orillado una vez más en un pacto de altura entre las dos formaciones con mayor representación en el Parlamento. Sucedió hace unas semanas en la negociación del techo de gasto y la subida de impuestos especiales, de la que el propio Rivera confesó haberse enterado por la prensa, y se ha repetido la jugada con el acuerdo de este miércoles entre populares y socialistas para regular la prohibición de cortes de luz en situaciones de pobreza energética.
Para colmo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, puso sordina a la acometida de Ciudadanos que persigue una reforma exprés de la Constitución para suprimir los aforamientos, una de las seis condiciones previas al pacto de investidura. Los populares buscan aquí un mayor consenso y el interlocutor de referencia también es el PSOE. El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y el presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, mantienen un contacto fluido al respecto. El Gobierno prioriza al PSOE como socio preferente y deja al ralentí el pacto con Rivera.
En el caso de la subida de impuestos, Ciudadanos compartía con el PP la necesidad de revisar Sociedades, pero no era partidario de gravar más el alcohol y el tabaco. En ningún momento estuvo al tanto de las conversaciones entre el Gobierno y el PSOE y culpó de ello a la información cruzada que les llegaba del Ministerio de Hacienda, es decir, de Cristóbal Montoro y, por otro, del departamento de Economía que dirige Luis de Guindos, que está en permanente contacto con Bruselas. Ahora, en lo referente al decreto contra la pobreza energética, el problema no se ha derivado de otra doble interlocución ministerial, sino de la comunicación entre el titular del ramo, Álvaro Nadal, y la portavoz naranja en la materia, Melisa Rodríguez.
El ministro de Energía transmitió personalmente su disgusto al partido de Rivera, asegurando que no veía normal las palabras de la portavoz naranja
Nadal llegó a decir a primera hora de la jornada que sólo los socialistas habían mostrado interés en negociar el bono social y que por eso les dio trato de favor. Unas declaraciones que soliviantaron a los de Rivera -también a Podemos-, que el día anterior habían enviado por mail sus propuestas sobre el asunto, con la intención de que se integraran en el decreto que el Gobierno aprobará este viernes o el siguiente.
“No había límite de plazos, sabían que iban a recibir nuestros documentos”, explican desde el partido naranja. Al escuchar las palabras de Nadal, la diputada Melisa Rodríguez -responsable de Energía de Ciudadanos- envió un mensaje personal al ministro, informan fuentes conocedoras del hecho. Rodríguez le recordó no sólo que desde C's había mostrado interés por pactar, sino que el ministro tenía en su correo personal las propuestas concretas de la formación naranja. Pero para entonces, el Gobierno ya tenía cerrado el pacto con el PSOE, aunque se avino a estudiar el texto de C's y a asumir algunas de sus reivindicaciones. Deprisa y corriendo, para cerrarlo justo antes de la comparecencia ante los medios.
El acuerdo bilateral articulado entre el Nadal, y el Grupo Socialista, con su portavoz, Antonio Hernando, como interlocutor de referencia, tuvo su foto para inmortalizarlo. “No es que nosotros enviáramos el correo a última hora, es que el ministro lo vio a última hora”, defiende Ciudadanos.
"Bipartidismo rancio"
La propia Rodríguez compareció en el escritorio del Congreso para mostrar su sorpresa por el proceder de Nadal y evidenciar un cabreo mayúsculo. Cargó contra el "bipartidismo rancio" que había luchado por ofrecer "una foto", mientras presentaba a C's como el artífice del nuevo bono social y de la prohibición de los cortes de luz a familias desfavorecidas. "Exigencias" que están en el acuerdo con el PP y que el Gobierno ha querido escenificar junto al PSOE por motivos propagandísticos, según su versión.
El partido naranja asegura que son aportación suya aspectos clave del decreto, empezando por utilizar el criterio de la renta para decidir qué familias son "vulnerables". Sin embargo, lo cierto es que los socialistas han logrado una vez más al menos escenificar que mueven al Ejecutivo hacia medidas de sensibilidad social, capitalizando la operación. "No nos preocupa, lo que nos preocupa es que se tomen medidas que mejoren la vida de los ciudadanos", insisten desde la formación naranja.
Las palabras de Rodríguez contra Nadal, a quien acusó en comparecencia pública de "mentir", actuar buscando "fotos" y dar "pataletas" en respuesta a otras iniciativas parlamentarias de C's, han provocado malestar en Moncloa al no entender tal reacción de un socio de investidura. Según ha podido saber Vozpópuli, el titular de Energía transmitió personalmente su disgusto al partido de Rivera, asegurando que no veía normal esas palabras.
Pese a lo acontecido, el partido de Albert Rivera se esfuerza por restar importancia a estos desaires, aunque ha quedado manifiesto que Moncloa muestra una clara inclinación por lograr siempre primero el entendimiento con el PSOE. No en vano, con ellos el PP suma mayoría absoluta en el Congreso sin necesidad de más apoyos, algo que no ocurre con C's.
En la Conferencia de Presidentes
De otro lado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló este miércoles al líder naranja, Albert Rivera, en la sesión de control en el Congreso que antes de lanzar una reforma exprés de la Constitución para eliminar los aforamientos políticos, hay que delimitar a qué delitos afectaría y, además, abordar la cuestión de los parlamentarios regionales, que se rigen por los Estatutos de autonomía.
Santamaría indicó que con la modificación constitucional que defiende Ciudadanos sólo se suprimirían 650 de los 2.000 aforamientos (diputados nacionales, los senadores y los miembros del Gobierno central), por lo que instó a "analizar y acompasar" la reforma de la Carta Magna con la modificación de "19 Estatutos de autonomía, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley del Defensor del Pueblo y otras leyes reguladoras de otras instituciones que aforan a presidentes y miembros del Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial".
No obstante, al mismo tiempo, la vicepresidenta enfatizó que el Gobierno dará cumplimiento a lo consensuado con Ciudadanos. El texto anticorrupción de condiciones previas suscrito en agosto establece la "eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos", medida que "se deberá tramitar durante los tres primeros meses de la XII legislatura, a contar desde la fecha de investidura". Por tanto, antes del 29 enero. Según fuentes del PP consultadas por Vozpópuli, el Gobierno trabaja con incluir esta cuestión en el debate de la próxima Conferencia de Presidentes, prevista para el 17 de enero en el Senado, y en la resolución que salga de dicha cumbre autonómica. De esta manera, los populares cumplirían "en tiempo y forma" con el trámite de abrir el camino para la eliminación de los aforamientos, que se iría perfilando mediante una negociación entre los distintos grupos políticos.
