Algo más que un nuevo roce de togados. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, y el fiscal Alfonso San Román, encargado del llamado 'caso Nicolay' en el que se investigan las andanzas del Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el 'Pequeño Nicolás', protagonizaron el pasado 9 de enero un altercado en las dependencias del juzgados, según se desprende de un escrito que este último redactó cuatro días después y al que ha tenido acceso Vozpópuli. En dicho documento, el representante del Ministerio Público asegura que aquel día el magistrado ordenó "verbalmente" en su presencia a los funcionarios de su juzgado que no le permitieran el acceso a las "actuaciones" si antes éste no presentaba un escrito "en que así lo solicitara". El magistrado reconocía implícitamente días después en una providencia que lleva tres meses sin facilitar al fiscal copia de los escritos e informes que llegan a la causa.
El fiscal asegura que el 9 de enero el juez dio a los funcionarios en su presencia la orden de no permitirle el acceso a las actuaciones si no lo solicitaba por escrito
Es la última pugna conocida entre ambos togados en la pieza separada del sumario del 'caso Nicolay' en el que se investiga la grabación ilegal que sufrieron los policías que investigaban al joven estafador en una reunión que mantuvieron con agentes del CNI y que ha desembocado en la denominada 'guerra de comisarios' entre el responsable de las pesquisas, el alto mando policial Marcelino Martín-Blas, y su compañero e imputado en la misma José Villarejo. En los últimos meses, el fiscal ha presentado numerosos escritos para pedir que se aparte de la investigación al primero al considerar que no es imparcial y que ello puede provocar la nulidad de toda la causa. El juez Zamarriego insiste en mantener a dicho policía al frente de las pesquisas.
"En la sede del juzgado"
El escrito del fiscal San Roman está fechado el pasado 13 de enero e hizo entrada en el juzgado ese mismo día. Con sólo dos párrafos de extensión, el representante del Ministerio Público denuncia en el mismo que "en fecha 9 de enero de 2017" y "en la sede de la oficina del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid", el titular del mismo "en presencia del representante del Ministerio Fiscal y de la Letrada de la Administración de Justicia [denominación actual de la figura del secretario judicial] ordenó verbalmente a los funcionarios del juzgado que no permitieran el acceso" al fiscal a las actuaciones "sino presentaba previamente escrito en que así lo solicitara". En el segundo párrafo del escrito, Alfonso San Román hace precisamente esto y solicita que "se le de traslado" de las actuaciones que se hayan incorporado a dicha pieza separada para poder elaborar los pertinentes "informes".
En una reciente providencia, el juez admite que desde el pasado 13 de octubre no facilita al fiscal ninguno de los escritos que se presentan en la causa
En concreto, solicita que le faciliten los recursos de apelación presentados por dos de los imputados, el propio Francisco Nicolás Gómez Iglesias, y el periodista Carlos Mier. En el breve escrito, el fiscal deja ver que la imposibilidad de acceder a la causa no le permiten saber si, por ejemplo, este último investigado había presentado uno o dos recursos. La respuesta del juez Zamarriego llegaba en forma de providencia tres días después. En ella, el magistrado ordenaba que se hiciera entrega al Fiscal de las actuaciones de la pieza sobre la grabación ilegal "desde la providencia de fecha 13 de octubre de 2016 hasta el día de la fecha, toda vez que las actuaciones anteriores a dicha fecha fueron entregadas" en su día junto a un tomo de la causa. Un dato que, según las fuentes jurídicas consultadas por este diario, son un reconocimiento por parte del juez de que llevaba tres meses sin informar al Ministerio Público.
Duros escritos
No es la primera vez que el fiscal se queja de que el magistrado no le da traslado de documentos que considera importantes para la causa. Así lo hizo el 22 de septiembre en un escrito de apenas diez líneas en el que aseguraba que había tenido "conocimiento de la existencia" de dos documentos presentados por sendos mandos policiales salpicados en el caso de los que no le había informado. Fuentes jurídicas destacan que tanto éste como el episodio del pasado 9 de enero son fruto de un enfrentamiento el magistrado y el fiscal que viene de lejos, pero que se enconó a partir del pasado mes de julio, cuando el último presentó los primeros escritos solicitando "la disolución de la llamada comisión judicial de Policía Nacional por actuar sin apariencia razonable de imparcialidad y por ser los funcionarios que la dirigen [el comisario Martín Blas y uno de sus subordinados, el inspector Rubén López] perjudicados por el mismo delito que investigan", en referencia a la grabación ilegal.
Desde julio, el fiscal ha presentado escritos para apartar de la causa a los dos policías que investigan, algo a lo que se ha negado en rotundo el magistrado
En uno de esos escritos, fechado el 28 de septiembre, el fiscal llegaba a poner en duda "la adecuada instrucción de la causa" y "el respeto de los derechos fundamentales en juego". Concluía aquel duro escrito advirtiendo al juez Zamarriego "de la posible nulidad de las actuaciones" y exigía al magistrado que diera respuesta a todos los escritos que tanto él como algunos de los acusados habían planteado. La respuesta del magistrado fue entonces otra providencia, en este caso para 'comunicar' al Ministerio Público que ya decidiría más adelante sobre las cuestiones que le planteaba. Finalmente, tendrá que ser la Audiencia Provincial de Madrid la que se pronuncie tras presentar el fiscal un recurso de apelación a la decisión del magistrado de mantener al comisario Martín-Blas al frente de las pesquisas. No será la primera vez que lo haga. En las dos anteriores, dio la razón al juez Zamarriego. La guerra de togas en los Juzgados de Plaza Castilla ya hace casi tanto ruido como la de comisarios.
