El pasado lunes 28 de septiembre, la huelga de autobuses afectaba a miles de personas en todo el país. Con el objetivo de que se revisen las condiciones de jubilación en el sector, los servicios pasaban a estar bajo mínimos. La frecuencia de los viajes bajaba considerablemente, y al ir repretos de viajeros, muchos usuarios ni siquiera podían subir al vehículo, que no paraba en muchas de sus paradas. Así, la Organización de Consumidores y Usuarios -OCU- se ha pronunciado al respecto para proteger e informar a los usuarios del servicio: parte de ellos pueden reclamar, solo si forman parte de un grupo concreto.
El caos reinaba en estaciones como la de Moncloa, en Madrid. Pero esta tan solo era la primera jornada de huelga prevista. Se esperan paros lo días 11, 28 y 29 de noviembre, además del 5 y 9 diciembre. Si el sector no llega a un acuerdo, amenaza con una huelga indefinida a partir del 23 de diciembre. Durante estos días, la OCU advierte que según el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana, los servicios deberán encontrarse siempre por encima del 50%. Algunos de ellos podrán reclamar el reembolso del billete, e incluso pueden tener derecho a una indemnización.
¿Quién puede reclamar?
La OCU afirma que aquellos usuarios que se vean afectados por la huelga de autobuses tras haberse hecho con billetes para viajes de larga distancia -más de 250 kilómetros- son amparados por el reglamento comunitario sobre derechos de los pasajeros en autobús y autocar. Estos amparan a los viajeros ante retrasos y cancelaciones con la posibilidad de recibir el reembolso íntegro del billete o la compensación en caso del uso de abonos. Mientras, también podrían tener derecho a una indemnización, que rondaría entre el 50% y el 100% del precio del billete.
Para interponer la reclamación, el usuario afectado deberá presentarla a la empresa titular del servicio, y recibir una respuesta en el plazo de un mes. Si este no está conforme con la contestación, deberá reclamar a las Juntas Arbitrales de Transporte Terrestre, "que en principio están obligadas a resolver todas las reclamaciones económicas que no excedan de 15.000 euros, derivadas principalmente de un contrato de transporte terrestre", informa la OCU.
La petición de los conductores
Impulsada por Comisiones Obreras -CCOO- y la Unión General de Trabajadores -UGT-, con el respaldo del resto de los sindicatos, los conductores reducen sus servicios con un único objetivo: conseguir la jubilación anticipada. Para ello, argumentan que conducir con una edad avanzada supone un aumento del riesgo, tanto para su seguridad como para los miles de usuarios del servicio. Además, los profesionales hablan del deterioro de su salud y la aparición de lesiones tras tantas horas sentados en los vehículos.
La reivindicación no es nueva, sino que es un derecho que el sector ha reivindicado durante años. Lo hacían ya en 2004 a la vez que iniciaban diversas movilizaciones, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha convocado la primera huelga general. En esta línea, médicos y especialistas ponen en valor la importancia de hacerse exámenes médicos periódicos.
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