Iberdrola vuelve a la carga contra José Antonio del Olmo. La multinacional vasca se ha dirigido al magistrado de la Audiencia Nacional que investiga los espionajes de José Manuel Villarejo para pedir información acerca de la investigación penal que arrancó en unos juzgados de Bilbao contra Del Olmo hace más de un año. La vasca acudió a los tribunales después de que saliera a la luz la existencia de un informe que él mismo redactó en 2004 en el que se denunciaba un sistema de facturas falsas para costear los servicios prestados por el comisario jubilado.
El momento actual es crucial para la compañía. Aunque esta pieza decimoséptima de la causa ha permanecido en segundo plano en los últimos meses, la reciente entrega del informe de Asuntos Internos en el que se analizan los últimos audios que faltaban por estudiar propiciaron un nuevo impulso a la investigación. De este modo, la Fiscalía ha retomado las diligencias pendientes y, con la documental analizada, sigue estrechando el cerco a la cúpula por su responsabilidad en la contratación con las empresas del comisario mientras éste estaba en activo en la Policía Nacional.
El avance de las pesquisas y el ruido mediático que ha envuelto a esta pieza desde su apertura hace ahora veinte meses llevaron a la eléctrica a dar un paso al frente y ofrecerse para declarar de manera voluntaria en relación a los contratos que se firmaron con el Grupo Cenyt entre los años 2004 y 2017 por importe total de 1,1 millones de euros. Además de esta declaración de intenciones -que también se comunicó a la CNMV- la empresa presentó otro escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, en el que actúan contra su otro gran enemigo dentro de este procedimiento penal: el exdirector de Funciones Normativas: José Antonio del Olmo.
Su irrupción en la causa durante los primeros meses de instrucción supuso un giro de 180 grados para la investigación. Del Olmo, ya jubilado, aportó un informe certificado ante notario en el que denunciaba la existencia de operaciones triangulares con la empresa de seguridad de Iberdrola para costear los servicios del comisario. El documento, cuya veracidad nunca ha reconocido la multinacional vasca, implicaba también en los hechos a otros dos cargos intermedios (Pablo Insunza y Juan Carlos Rebollo) así como al que fuera número dos, José Luis San Pedro. Todos ellos acabaron siendo imputados en esta macrocausa.
Cruzada en los tribunales
Ni en sus declaraciones en sede judicial ni en la que ofreció meses antes el exjefe de Seguridad, Antonio Asenjo, se hizo alusión alguna al conocimiento que pudiera tener de este asunto Ignacio Sánchez Galán, a quien Villarejo se refiere como "el presi" o el "señorito". Sin embargo, Del Olmo se refirió a él decenas de veces tanto en sus confesiones en calidad de testigo a puerta cerrada como tras su imputación. Esas implicaciones junto con sus denuncias acerca de que los directivos imputados le presionaron para que firmara un documento en el que no reconocía la veracidad de su propio informe, llevaron a Iberdrola a actuar contra él en los tribunales.
La compañía presentó denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y también en los juzgados de Bilbao. El pasado verano, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, Yolanda Paredes, se inhibió en favor de la Audiencia Nacional argumentando que se trata de hechos "conexos" a los que se investigan en el caso Villarejo. El magistrado al frente del procedimiento, Manuel García Castellón, aceptó la competencia del asunto y ello pese a que Iberdrola recurrió la decisión de la instructora al entender que no había ninguna relación entre la demanda por denuncia falsa contra su exempleado con la macrocausa de los espionajes del comisario.
Acceder a la causa
Ahora, y en pleno cerco de Anticorrupción a la cúpula de la eléctrica, su defensa vuelve a la carga y reclaman al magistrado que, toda vez que ese procedimiento se ha integrado en el sumario de Tándem, se les dé acceso a las actuaciones con carácter "inmediato" alegando que en este caso son los querellantes. Así lo recogen en un escrito en el que adelantan que ampliarán la querella contra el exdirectivo díscolo de Galán por delito de falsedad documental, en caso de ser cierto que se ha incorporado en la causa el informe que Del Olmo llevó ante el notario Luis Ramallo.
Este movimiento se produce en un momento en que se retoman de nuevo las diligencias con la vista puesta en la cúpula de la eléctrica. Los investigadores acogieron con cierto escepticismo el anuncio hecho por Galán y continúan estudiando las posibles imputaciones del exdirectivo Fernando Bécker; el director general de Negocios, Francisco Martínez Córcoles y el propio Sánchez Galán. Máxime tras incorporar el informe policial sobre el análisis de los audios en los que Villarejo alude en varias ocasiones a Galán para que se le pague más cuantía de la acordada por el primero de los encargos para frenar las protestas contra la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz).
Además, la Audiencia Nacional también tiene que pronunciarse sobre otro de los grandes protagonistas de esta pieza del caso Tándem: Florentino Pérez. Los directivos imputados de Iberdrola han recurrido ante la Sala de lo Penal la decisión del instructor de mantenerle la condición de víctima del comisario. Aunque la eléctrica ha insistido en que nunca se formalizó ningún espionaje sobre la figura del presidente del Real Madrid, el hallazgo de documentos sobre su vida privada (relativos al proyecto Posy) en casa de Villarejo y las pesquisas pendientes sobre las grabaciones llevaron a Anticorrupción y al juez a dejarle como protagonista de los espionajes del comisario. Al menos, por el momento.
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