El hombre que aspiraba a serlo todo en el PP termina su carrera repudiado por los que un día fueron sus compañeros y envuelto en una maraña de casos judiciales aun por esclarecer. El ático de Marbella es solo uno de los frentes por aclarar en una carrera ciega de corrupción que le llevó hasta las cloacas policiales.
El principio del fin del hombre que lo fue todo en la Comunidad de Madrid comienza con el caso Gürtel. El juez Garzón y la UDEF descubrien un pelotazo importante en la trama: La recalificación de unos terrenos en Arganda del Rey (Madrid), casi 100.000 metros cuadrados, en los que se podrán levantar más de 2.600 viviendas. Un chollo por el que la constructora Martinsa apenas ha pagado 77 millones de euros. Dos años después la constructora vendería sólo una tercera parte, por esa misma cantidad. Las cuentas son claras Martinsa se embolsa 150 millones con esa recalificación. Los mismos que pierden los vecinos de Arganda si el Ayuntamiento hubiera cobrado el precio real de los terrenos. En el camino, la policía encuentra un reguero de documentación contable, grabaciones, dinero en sociedades panameñas, comisiones a diestro y siniestro.
El rastro del dinero lleva a Correa, al entonces Alcalde de Arganda del Rey, al director de la empresa de vivienda y termina estallando en Ignacio González, el intocable. Un chivatazo revela a la policía que uno de los mas beneficiados con la operación fue el entonces vicepresidente de Madrid, Ignacio González, al que pagaron parte en metálico y parte en una vivienda de lujo en la Costa del Sol. El ático de González sale a la luz.
No resultó difícil comprobar que Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, disfrutaban, en efecto, de un lujoso ático en Estepona, en la urbanización Alhambra del Golf. El primer dato coincidía con lo que habían dicho los informantes: el político y su esposa estaban allí desde 2008.
Menos fácil fue averiguar el propiestario real del ático porque la casa se vendió en 2008, pero el comprador no fue Ignacio González, sino una sociedad misteriosa. Lo compró un ciudadano estadounidense llamado Rudy Valner, residente en Beverly Hills, al que González nunca conoció. Valner, que según su currículum, ofrecía crear “escudos fiscales” para ocultar patrimonios, hizo una llamada de teléfono desde su país y pagó un total de 750.000 euros por el apartamento. El ático, de casi 500 metros cuadrados, de los que más de 200 son de terraza y solarium, está a nombre de una sociedad (un escudo fiscal, como dice Rudy Valner) llamada Coast Investors, con sede en el estado norteamericano de Delawere, un paraíso fiscal en el corazón de Estados Unidos.
La investigaciones avanzan y González cambia de versión . Asegura que paga un alquiler de 2000 euros por el ático a esa sociedad extranjera. Toda una ganga teniendo en cuenta que solo en gastos de comunidad, los vecinos pagan unos 600 euros al mes. Los policías descubren pronto que el señor Rudy Valner, el supuesto dueño del ático que no visita nunca, había comprado la casa a través de una sociedad de Panamá cuyo dueño es un despacho de abogados, Suárez de la Dehesa, de Madrid. El director de ese despacho es secretario general de Egeda España. El propio Valner había sido tesorero de Egeda US. Y el presidente de esas empresas es Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid y buen amigo de Ignacio González.
Conclusón Ignacio González encuentra un chollo en Marbella por el que paga un alquiler mínimo gracias a que el dueño oficial es un americano amigo de Enrique Cerezo y la empresa está en un paraíso fiscal.
Ignacio González con las cloacas
En esas circunstancias se produce el famoso encuentro de los dos comisarios de policía con Ignacio González. Corre noviembre de 2011 y el Partido Popular arrasa en las elecciones generales. El día 29, cuando aun no se ha hecho efectivo el traspaso de poderes, se citan en la cafetería La Mallorquina, en la Puerta del Sol, Ignacio González y dos comisarios de policía: uno es el comisario Villarejo, un profesional encubierto, esencial en temas como el descubrimiento de la fortuna oculta en Andorra de la familia Pujol; otro es el comisario García Castaño, veterano policía que dirige una unidad esencial en la lucha contra el terrorismo y otros delitos.
El encuentro duró apenas veinte minutos. González asegura saber quien le ha delatado, y lo achaca a rencillas políticas. Insiste en que vive de alquiler en el ático y que no hay nada extraño. Los policías, especialmente el comisario Villarejo, que es el que está al detalle de la investigación le dicen que es fácil arreglar el asunto y que no trascienda, basta con que les enseñe un recibo de luz o de pago de alquiler, y que explique a quién se lo paga para zanjar las sospechas y olvidar el casos. Ignacio González dice que se sintió chantajeado. Los policías sostienen que le pidieron colaboración.
Mientras avanza la investigación, el PP nombra ministro del Interior, nuevos altos cargos en el policía, incluido el comisario general de Información, que es un antiguo jefe de Seguridad de Esperanza Aguirre en la comunidad de Madrid. González vive, más tranquilo y sigue disfrutando del ático. No denuncia nada del chantaje ni siquiera a sus compañeros de partido que dirigen ahora el Ministerio del Interior. Pero unos meses después, el 21 de marzo de 2012, el diario El Mundo publica que la policía está investigando el origen de la vivienda, su dueño real y cómo se pagó.
A finales de ese año, Esperanza Aguirre anuncia que deja la política y González pasa a ser presidente de la Comunidad de Madrid. González inicia su huída hacia delante presentando una denuncia en el juzgado número 47 por prácticas policiales irregulares. Envía un escrito a la Fiscalía General del Estado contando todo lo que ha sufrido, pero olvida mencionar el supuesto chantaje de los dos policías. Su estrategia terminaría volviéndose en su contra .
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