Una de cal y otra de arena. El mismo juez que acaba de dictar una sentencia que obliga al Ministerio del Interior a hacer públicos los expedientes por los que concedió 192 medallas al mérito policial con distintivo rojo, permite al departamento que ahora dirige Juan Ignacio Zoido mantener bajo secreto el coste que para el erario público supone el pago de la recompensa económica que llevan aparejadas dichas condecoraciones.
El titular del Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 10, Gregorio del Portillo García, ha rechazado la pretensión del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de tener acceso al "presupuesto de la DGP [Dirección General de la Policía] para el pago de las pensiones vitalicias devengadas como consecuencia del otorgamiento de la Cruz del Mérito Policial con distintivo rojo". En los últimos siete años -los dos últimos del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y los cinco del 'popular' Mariano Rajoy-, se han entregado más de 1.000 de estas distinciones, cada una de las cuales suponen al erario público una media de 350 euros al mes y 4.200 euros anuales, según estimaciones de la propia Policía.
La negativa del magistrado de la Audiencia Nacional se ha producido, precisamente, en el trámite de la demanda en la que acaba de fallar que Interior debe entregar la documentación que utilizó el departamento entonces encabezado por Jorge Fernández Díaz para decidir la entrega de 192 de estas medallas pensionadas a otros tantos policías en el año 20015.
En el transcurso del pleito, el SUP solicitó al juez Del Portillo que librase a la Dirección General de la Policía un oficio para que ésta facilitase el coste económico de estas distinciones. El magistrado, que sí aceptó otras pruebas documentales que reclamaba el sindicato, consideró como "impertinente" ésta y la rechazó en un auto que dictó el pasado 2 de septiembre. Curiosamente, en la reciente sentencia que daba la razón a los representantes de los agentes, destacaba como una de las causas por las que había fallado a favor de éstos en su pretensión de acceder a los expedientes que la información contenida en los mismos tenía "trascendencia presupuestaria".
Una relevancia económica que viene motivada por que las medallas con distintivo rojo de la Policía llevan asociadas una 'pensión' del 10% del salario base más trienios del agente que la recibe. En números redondos, una de estas condecoraciones supone entre 400 y 500 euros mensuales para comisarios e inspectores, y en torno a 200 euros para los policías de la escalas de subinspección y básica. Cantidades que se detraen del presupuesto de la Dirección General de la Policía y a las que hay que sumar los pagos acumulados de años anteriores, ya que estos sobresueldos se mantienen durante toda la vida del funcionario, incluso una vez jubilados.
Además, un mismo policía puede ser distinguido con varias cruces rojas durante su carrera profesional, lo que le permite disfrutar de un 20 o un 30% de salario adicional. A ello se añade el creciente número de estas condecoraciones pensionadas que se han repartido en los últimos años. Según los listados de las medallas que se conceden con motivo de la celebración del patrón de la Policía, a comienzos de octubre, en los últimos siete años se han dado 1.045 cruces rojas.
El récord de Fernández Díaz
Así, en 2010, con el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, se repartieron 133. Al año siguiente, con Antonio Camacho al frente del departamento, fueron 121. El primer ejercicio con el PP en el Gobierno, la cifra descendió de manera significativa, hasta las 97. Fue algo puntual. A partir de entonces, el número de condecoraciones 'pensionadas' no ha dejado de crecer con Jorge Fernández Díaz al frente de Interior. Así, en 2013 fueron ya 138. Al año siguiente, 173. Sólo doce meses más tarde ascendieron a 192, el récord. Este último año, 191. Es decir, casi el doble que al comienzo de la Legislatura. En total, los 'populares' han repartido un total de 791 medallas.
El sindicato mayoritario, el SUP, ha elaborado en los últimos años diversos informes sobre lo que califican "un reparto indiscriminado" por escalas que, en su opinión, confirma que se ha beneficiada porcentualmente a los mandos. "Si lo que la Administración pretende es recompensar otros méritos que no impliquen riesgo físico, deberían inventarse otra norma", recalca el sindicato en el último de estos documentos.
Según el mismo, en 2016 recibieron una medalla roja el 7,26% de los comisarios; el 1,56 de los integrantes de la Escala Ejecutiva, pero sólo el 0,45% y el 0,07% de los de miembros de las escalas de subinspección y básica, lo que el SUP considera una "desconsideración" para estos últimos que se ha convertido ya en "recurrente" año tras año. "Nunca institución fue sometida a tamaño descrédito año tras año, y nunca los policías se vieron tan abandonados por sus propios mandos, centrados en una prolífica actividad de favorecer a sus afines", recalcaba el informe sindical. En las conclusiones del mismo, el SUP habla de "desfachatez", "incumplimiento" de la legalidad, "manipulación" y "arbitrariedad" por parte del entonces ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y su equipo, a los que acusaba de utilizar estas medallas "para 'pagar' servicios prestados en 'enjuagues políticos".
Las duras críticas se extendían al en aquel momento director general de la Policía, Ignacio Cosidó, al que acusaba de mantener un sistema "adulterado" sin ninguna transparencia y que favorecía a las escalas de mandos, formada por comisarios e inspectores.
Polémicos condecorados
Todos los años la concesión de estas distinciones 'pensionadas' provoca enorme malestar entre los agentes ya que muchos consideran que buena parte de los que las reciben no cumplen los requisitos que fija la ley del franquismo que aún rige la concesión de estas recompensas. Un decreto de 1964 las reserva, en teoría, para aquellos agentes que han resultado "heridos en acto de servicio", han participado "en tres o más servicios" en los que hubiera riesgo de agresión con armas, han realizado un hecho "abnegado en circunstancias de peligro para su persona" o han participado en "hechos distinguidos y extraordinarios en los que haya quedado patente un riesgo o peligro personal".
Así, en 2016 las críticas se centraron en la que recibió el inspector jefe Pedro Agudo Novo, quien a finales de 2012 tuvo que dimitir como jefe de Gabinete del director general, Ignacio Cosidó, tras conocerse que su mujer era dueña de una academia que preparaba a aspirantes a ingresar en la Policía en la que él había dado clases. La propuesta para concedérsela fue del propio Cosidó.
El año pasado las mayores críticas las concitó la distinción que se entregó al inspector jefe Andrés Manuel Gómez Gordo, quien hasta unos meses antes había sido director de Seguridad del gobierno de Castilla-La Mancha que presidía María Dolores de Cospedal. En 2014, las críticas se centraron en las que recibieron los comisarios Florentino Villabona y José Miguel Ruiz Iguzquiza, quienes, como comisario general de Seguridad Ciudadana y jefe de las Unidades de Intervención Policial (UIP, los conocidos popularmente como antidisturbios) respectivamente, dirigieron el dispositivo de seguridad desplegado el 22 de marzo de 2013 en las Marchas por la Dignidad en Madrid que acabaron con graves altercados y 67 agentes heridos, lo que había provocado la petición de su cese por parte de los sindicatos policiales.
También en 2014, aunque en un acto posterior a la celebración del patrón, recibió esta distinción el comisario José Villarejo, hoy imputado en el 'caso Nicolay' y protagonista destacado en el caso del ático de Ignacio González, entre otros escándalos.
En 2013 la polémica la provocaron las entregadas a los comisarios principales José Luis Olivera Serrano y Marcelino Martín-Blas Aranda, entonces jefes, respectivamente, del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) y de la Unidad de Asuntos Internos. El nombre de ambos se había hecho célebre a finales de 2012 al trascender que los dos habían acudido a la Fiscalía de Barcelona para convencer a los encargados del caso Palau de que solicitaran el registro dela sede de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) con el fin de ahondar en las pesquisas sobre la supuesta financiación irregular de la formación de Artur Mas.
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