Menos presos, más gasto en seguridad privada. Mientras el número de internos en los cárceles españolas se ha reducido en más de 14.000 reclusos desde 2009, el Ministerio del Interior que dirige Juan Ignacio Zoido gastará más dinero que nunca en contratar 800 vigilantes. En concreto, 34.666.869 euros, según se recogen en la resolución por la que se adjudica el concurso del denominado "servicio de apoyo a la seguridad en centros penitenciarios". Una cifra que supone un incremento de cerca del 4% respecto a la anterior licitación, que fue de poco más de 33 millones. La gran beneficiada ha sido la empresa Ombuds Compañía de Seguridad SA, que se ha hecho con tres de los cuatro lotes en los que se ha dividido el contrato. El cuarto ha sido para una UTE formada por Coviar, Sabico Seguridad SA y Prosetecnica, según la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
El plan de privatización de la seguridad de las cárceles se inició en mayo de 2013 en 21 prisiones. Hoy ya abarca a los 67 centros penitenciarios y ha costado 116 millones de euros
Con esta cantidad, serán cerca de 116 millones de euros el dinero gastado en un proyecto que ha estado rodeado de polémica desde que se puso en marcha en mayo de 2013. De este dinero, 7,3 millones fueron desembolsados en el 'proyecto piloto' que se puso en marcha entonces en 21 cárceles. Entonces se contrató a 254 vigilantes y, aunque estaba previsto que durase nueve meses, finalmente se prolongó ocho meses más con el consiguiente coste añadido. A dicha cantidad se sumaron los 33,3 millones que se invirtieron en la segunda fase iniciada el 1 de octubre de 2014 y que ya abarcó a las 67 prisiones dependientes del Ministerio del Interior. En ella se hicieron 550 nuevas contrataciones. Estaba prevista que durase un año, aunque se prorrogó un año más por el mismo importe. En total 81,3 millones de euros, a los que ahora hay que sumar ahora los 34,6 millones de euros del concurso ahora adjudicado.
Un elevado coste que es criticado por los propios funcionarios de las prisiones. La Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), el sindicato mayoritario, vienen denunciando la "ineficiacia" de estos servicios de seguridad privada desde que en 2012, al poco de la llegada de Mariano Rajoy al Palacio de La Moncloa y con Jorge Fernández Díaz al frente de Interior, se conocieron los planes. Entonces, el Gobierno del PP "justificó" el proyecto en la necesidad de recolocar a los escoltas destinados en el País Vasco que se habían quedado en paro tras el fin de la violencia etarra y en un supuesto ahorro económico. "Todo lo dicho era falso y lo único para lo que ha servido es para favorecer a las empresas de seguridad privada que, como todos conocemos, tienen un importante número de responsables con pasado o relaciones políticas de primer nivel", señalan desde ACAIP. De hecho, este sindicato insiste en negar el ahorro económico, ya que la incorporación de los vigilantes privados no ha supuesto una reducción del número de guardias civiles y policías destinados a la custodia de las prisiones.
"Negociado sin publicidad"
La nueva adjudicación fue firmada el pasado viernes 2 de diciembre por el nuevo secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y en ella se detalla que Interior había invitado a participar en este procedimiento "negociado sin publicidad" por motivos de seguridad a once empresas. Además de Ombuds y las tres que componen la UTE que se llevó el cuarto lote, también figuran Eulen Seguridad, Garda Servicios de Seguridad SA, Ilunion Seguridad SA, Prosegur, Securitas Seguridad España SA, Seguriber SLU y Seguriberica SA. A todas ellas se les pidió que detallasen en sus ofertas el precio de la hora de sus vigilantes en "puestos armados" y "sin arma", así como en turnos de 24 horas, de doce horas, de lunes a viernes y de lunes a sábado. Entre los aspectos técnicos, se valoró el tiempo para hacer "suplencias derivadas de imprevistos sobrevenidos durante la jornada laboral" y el "número de inspecciones mensuales".
Interior invitó a 11 empresas al concurso. Ombuds se embolsará 26,9 millones de euros. Una UTE se llevará los 7,5 millones restantes
Finalmente, Ombuds se llevó los tres lotes de mayor importe. En concreto, los que cubrirán la seguridad de los centros penitenciarios de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla (valorado en 10,2 millones de euros), los de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja (8,8 millones), y Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid (7,9 millones). En total, esta empresa se embolsará 26,9 millones. El cuarto lote, el destinado a cubrir las cárceles de Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra, estaba valorado en 7,5 millones y es el que se adjudicó la UTE formada por Coviar, Sabico y Prosetecnisa. La adjudicación detalla los precios netos por hora de trabajo de cada vigilante de seguridad según turnos y sin van armados. Van desde los 17,52 euros a los 13,30 euros, según diversas variables.
Tres fases
Pese a las fuertes críticas, que también han llegado desde los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de guardias civiles, Interior sigue dispuesta a seguir adelante con sus planes, aunque ha dilatado los plazos de su aplicación. De hecho, el proyecto contemplaba la puesta en marcha de una tercera y última fase del despliegue de vigilantes a finales de 2015, pero por el momento ya ha prorrogado en dos ocasiones la actual. De hecho, la nueva adjudicación deja al menos hasta finales de 2017 la entrada de este último paso, que incluirá la reducción de funcionarios y su sustitución por estos empleados de empresas de seguridad privada.
El Gobierno contempla como tercera y última fase del plan de privatización de la seguridad en las cárceles sustituir parte de los funcionarios de prisiones por estos vigilantes
Hasta ahora, estos vigilantes se dedican al control del perímetro de los centros penitenciarios y del acceso a los mismos. También están encargados de atender los circuitos cerrados de televisión y la gestión de los saltos de alarmas. Todo ello, bajo la dirección de los integrantes de la Fuerzas de Seguridad del Estado y de los funcionarios de prisiones. Una labor en la que, según denuncian desde ACAIP, ya se ha saldado con numerosos incidentes, algunos de gravedad, tanto entre los propios vigilantes como entre ellos y los agentes policiales. "Ha habido despidos y traslados, pero la Administración no ha cancelado el contrato de las empresas afectadas como hubiera sido lo correcto", destacan portavoces del sindicato. Éstas recuerdan el caso de uno de estos empleados de la empresa privada destinado en la prisión de Albocàsser (Castellón), quien sólo fue apartado de dicho destino tras tres graves incidentes violentos. "En abril de 2016 fue detenido tras matar a otro compañero cuando protegía como vigilante de la misma compañía a un atunero en aguas de Somalia", señalan para recalcar la falta de control de estas empresas sobre sus trabajadores.
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