Juana Rivas ha solicitado, a través de un escrito remitido a la Delegación del Gobierno en Andalucía, protección jurídica internacional para sus dos hijos menores, impulsando los cambios legislativos necesarios ante el Congreso de los Diputados, e instando a la Eurocámara a que tome medidas para protegerlos como "víctimas" de supuestos malos tratos por parte de su padre.
El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, ha sido presentado después de que esta madre de Maracena (Granada) denunciara ante el Juzgado de Instrucción 3 de Granada a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, por presuntos delitos de violencia doméstica, lesiones y amenazas hacia los dos hijos menores que tienen en común, y solicitara la adopción de medidas urgentes para protegerlos antes de que tengan que regresar con su padre a Italia el próximo 14 de agosto.
Rivas, que ha sido condenada en España a cinco años de prisión por sustracción de menores tras no entregar en 2017 a sus hijos alegando una supuesta situación de maltrato, se dirige al delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, a través de uno de sus abogados en España, Juan de Dios Ramírez, para solicitarle "cuantas actuaciones sean necesarias para encontrar las medidas de protección necesaria" para los niños.
"Situación de desprotección"
Ante la "situación de desprotección" en la que considera que están sus hijos, ha solicitado al Congreso de los Diputados que inste al Parlamento Europeo "por los mecanismos legales que consideren pertinentes, para que en Italia se proceda a tramitar sin más demoras la denuncia que se interpuso por Juana Rivas" en 2016 contra su excompañero y padre de sus hijos, Francesco Arcuri, por supuesta violencia de género, y ante "los últimos acontecimientos acaecidos en Italia", donde éste vive con ellos y que afectarían a los menores.
El letrado advierte en este escrito registrado este pasado miércoles que "ha sido una constante" la denuncia sobre el "peligro real y cierto que existía al regresar los hijos menores a Italia, y que no se les había amparado ni protegido aun cuando, tanto en la legislación nacional y la italiana y la internacional, existían los mecanismos y las herramientas suficientes para ello".
En su denuncia ante el Juzgado de Instrucción 3 de Granada, el pasado 22 de julio, Rivas solicitó la urgente adopción de medidas penales y civiles de protección de los menores antes de que tengan que regresar a Italia el próximo 14 de agosto.
A su vez, este pasado martes, el Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso de casación presentado por Juana Rivas contra la sentencia de la Audiencia de Granada que confirma su condena a cinco años de prisión por sustracción de menores, después de que en verano de 2017 permaneciera un mes en paradero desconocido con sus hijos incumpliendo las resoluciones que le obligaban a entregárselos al padre.
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