Jueces federales de otros cuatro estados se han sumado a las autoridades judiciales del estado de Nueva York que prohibió la deportación de los ciudadanos de los siete países de mayoría musulmana incluidos en la orden ejecutiva de Donald Trump.
Magistrados de Massachusetts, Virginia y del estado de Washington han emitido dictámenes entre el sábado y el domingo para impedir nuevas expulsiones siguiendo el ejemplo de la jueza de distrito por Nueva York Ann Donnelly, que actuó tras la demanda presentada por dos iraquíes que habían sido retenidos en el aeropuerto JFK.
El Departamento de Seguridad Interior ha informado este domingo de que cumplirá con las órdenes de los tribunales y al mismo tiempo aplicará la orden ejecutiva de Trump "para garantizar que quienes entran en Estados Unidos no suponen una amenaza para nuestro país o para el pueblo estadounidense".
En numerosas ciudades de todo el país los abogados han trabajado horas y horas durante la noche para ayudar a las personas afectadas por la orden presidencial del pasado viernes y han presentado más de un centenar de demandas.
En Boston, la jueza de distrito Allison Burroughs ha emitido este domingo una orden cautelar por siete días que impide la expulsión de dos iraníes que trabajan impartiendo clases en la Universidad de Massachusetts y que han quedado retenidos en el Aeropuerto Internacional de Logan.
La decisión de Burroughs va un poco más allá que la de Donnelly, ya que prohíbe a las autoridades detener y no solo expulsar a personas con la documentación en regla.
El director de la Unión por las Libertades Civiles Estadounidense en Massachusetts, Matthew Segal, ha destacado que la orden de Burroughs supone "una gran victoria para la justicia". "Le hemos dicho al presidente Trump que nos veríamos en los tribunales si ordenaba esta prohibición inconstitucional contra los musulmanes (...). Lo ha intentado, y los tribunales federales de Boston y de todo el país lo han frenado", ha subrayado.
La juez del distrito de Alexandria, Virginia, Leonie Brinkema, emitió anoche una orden judicial que prohíbe al Departamento de Seguridad Interior la expulsión de entre 50 y 60 personas que estaban retenidas en el Aeropuerto Internacional de Dulles pese a tener permiso de residencia. Dulles es uno de los aeropuertos más importantes de la zona de Washington D.C.
La orden de Brinkema exige además al Departamento que facilite la comunicación de los afectados con abogados, ha informado el Centro de Ayuda Legal y Justicia de Virginia, dedicado a prestar asistencia profesional a personas con pocos recursos.
En la costa oeste ha sido el juez de distrito Thomas Zilly, de Seattle quien el sábado prohibió la expulsión de dos individuos que no han sido identificados. Zilly ha programado una nueva vista para el 3 de febrero.
A nivel de gobiernos estatales, los fiscales generales demócratas de California y Nueva York están estudiando cómo atacar la orden ejecutiva de Trump. También estudian la situación los fiscales de Pensilvania y Hawaii.
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