La investigación por el espionaje ilegal a Luis Bárcenas sigue estrechando el cerco en la cúpula policial y la antigua dirección del Partido Popular. Tras las imputaciones de María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro, el magistrado sigue adelante con las diligencias en aras a esclarecer quien está detrás de la operación parapolicial que impulsó la bautizada como trama Kitchen. No obstante, advierte que esta línea de investigación, que se sigue en la pieza séptima del procedimiento Tándem, no es igual a las otras porque, en este caso, no hay indicios de que Villarejo y el resto de mandos policiales imputados cobraran por este cometido que se desarrolló entre los años 2013 y 2015.
Así lo explica Manuel García Castellón en un auto del pasado 31 de mayo, al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que aclara que, de las pesquisas que nacieron en noviembre de 2018, no se ha podido acreditar que los seguimientos al extesorero del PP fueran retribuidos. "No nos encontramos ante un 'encargo' equivalente a los que se investigan en otras piezas de estas diligencias, sino ante una actuación policial ilícita", precisa el instructor. De esta forma, responde a la reciente petición de la Fiscalía Anticorrupción de aportar a la causa unos audios relativos a una conversación mantenida entre Villarejo y el exjefe de la UDEF José Luis Olivera.
Aunque en su reciente auto de imputación a la exsecretaria general del PP el juez incluye nuevos audios que implican a Olivera en el espionaje a Bárcena e incluso se refiere a él como "investigado", esta vez ha descartado acordar las nuevas diligencias solicitadas por Anticorrupción. Los fiscales propusieron que se requiriera a la Cadena Ser las recientes grabaciones publicadas que desatan las sospechas acerca de Olivera habría cobrado (en ocasiones en un 5%) de los trabajos privados que gestionó el espía desde su entramado empresarial.
La sombra de Gürtel y Pretoria
Según el escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso este diario, se haría necesario aclarar no solo el papel de Olivera en Kitchen, sino también su implicación en otras causas como Gürtel o Pretoria, esta última relativa a tres pelotazos urbanísticos en Barcelona por los que se condenó a Lluis Prenafeta y Macià Alavedra; ambos hombres cercanos a Jordi Pujol. Al respecto, reclamaban también que se autorice a la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional para el desprecinto y análisis de los audios y que se requiriera a Asuntos Internos para que informe con carácter de urgencia si estos archivos forman parte del sumario de Tándem y si están protegidos.
Sin embargo, el instructor declina acordar esta batería de diligencias porque considera que no hay un nexo claro entre estos audios y el caso Kitchen. "La noticia carece de relevancia alguna para el esclarecimiento de los hechos (...) toda vez que la trama que da lugar a la llamada operación Kitchen arranca en el mes de julio del año 2013, es decir, tres años después de que se grabara la conversación publicada", sentencia el magistrado. No obstante, y a pesar de descartar incluir esta fuente de prueba, lo cierto es que los investigadores siguen con el foco puesto en los policías que participaron en el espionaje a Luis Bárcenas para sustraerle material confidencial sobre la caja B del PP.
En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 explica los motivos que le llevan a imputar a Cospedal y su marido, nueve meses después de que lo solicitara la Fiscalía. Según razona, el análisis de las 13 agendas de Villarejo incautadas en su domicilio en octubre junto con las pesquisas realizadas en la parte secreta de esta pieza, estrecharon el cerco en la figura de la exministra de Defensa y su marido. Les atribuye los delitos de malversación, cohecho y tráfico de influencias y les señala en concreto por la captación del chófer de la familia Bárcenas-Iglesias, Sergio Ríos Esgueva, en calidad de confidente policial.
Segundo cerco judicial a Olivera
En dicho auto, el magistrado incluyó anotaciones y audios relativos a sus conversaciones con Cospedal y López del Hierro, así como de otros protagonistas de este espionaje, entre los que se encuentran el entonces DAO Eugenio Pino, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su número dos Francisco Martínez y el exjefe de la UDEF. De hecho, en los cuadernos de Villarejo aparece una entrada con fecha de 22 de abril de 2012, que vincula a Olivera (Oli) y en la que se lee: "le piden ayuda para salvar al tesorero". Se trata de una de las primeras anotaciones relativas a un año previo al estallido de este operativo cuando en el PP la estrategia era la de proteger a su entonces tesorero.
En los meses siguientes continúan las alusiones a Olivera. Destaca la petición que le hizo el entonces Director General Adjunto acerca de que apoyara "a tope" a Bárcenas o apuntes relativos a una reunión con el abogado del exsenador en la que detectó "buena predisposición". Para el juez todos estos manuscritos gozan de credibilidad puesto que coinciden con lo manifestado por Bárcenas en esta causa el pasado mes de diciembre en su condición de perjudicado. Con todo, no es la primera vez que los investigadores estrechan el cerco a Olivera.
Ya lo hicieron el año pasado por estas fechas también a tenor de nuevas grabaciones que levantaron las sospechas de que éste cobró del entramado del comisario. Entonces se encargó una exhaustiva investigación patrimonial del exmando policial (que también estuvo al frente del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado). Asuntos Internos analizó al detalle sus cuentas bancarias, una quincena de fondos en los que aparecía como titular único y operaciones varias como préstamos y planes de pensiones, sin que los resultados se pudieran traducir en una imputación en esta causa.
Actuaciones policiales contra el PP
Sin embargo, en este momento la situación es diferente. La aparición de estas nuevas anotaciones en la agenda junto con los apuntes recogidos por la Fiscalía Anticorrupción ponen a Olivera de nuevo en el foco de esta red cuyo desarrollo se costeó con fondos reservados del Estado. De hecho, recuerdan conversaciones de las que se desprende que Villarejo y Olivera planearían utilizar parte de la información de la que disponía el comisario para "joder a la pequeñita", en referencia a Soraya Sáenz de Santamaría.
Añaden también que, ya en el año 2009, Villarejo advirtió al marido de Cospedal de las actuaciones policiales en dos investigaciones secretas (operación Brugal y Gürtel) que afectaban al Partido Popular. Según Anticorrupción, Olivera estaría detrás de esta filtración en la que advertía de que se iban a intervenir llamadas y practicar registros. Más allá de estas causas, las conversaciones aluden también a su posible implicación en otros asuntos en los que trabajaba Villarejo desde el Grupo Cenyt y por los que Olivera, a cambio de su colaboración, se habría llevado el 5% de todo lo que percibió el comisario.
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