La Mesa de la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha acordado este viernes convocar para el próximo martes 19, el debate sobre el dictamen de ley de regadío de la Corona Forestal de Doñana, que regula las zonas de regadíos de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Una vez que el dictamen sea aprobado en la comisión, se remitirá a la Mesa del Parlamento para que decida su inclusión en el Pleno. Si no se incluye en la sesión plenaria de la última semana septiembre, ya se incorporaría en las previstas en octubre. Toni Martín, portavoz del Grupo Popular ha señalado que "estamos ya al final de la tramitación; no se cuándo llegará a Pleno, pero es inminente”. Durante este viernes en la ponencia, se han incorporado 12 enmiendas a propuesta del PP-A, todas ellas de carácter técnico, relacionadas con la forma u ordenación del texto y que van en la línea de los cambios que planteaba el informe jurídico de valoración de la proposición.
La proposición de ley superó en abril el debate de toma en consideración ante el Pleno del Parlamento, gracias a los 70 votos de PP y Vox, promotores conjuntos del texto, mientras que toda la oposición de izquierdas, PSOE, Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía, votaron en contra de esa tramitación. Numerosas organizaciones como Green Peace o WWF se han pronunciado también en contra de esta ley y de las consecuencias que tendría para el Parque Nacional de Doñana. Por otro lado, Vox insistía, en boca de su portavoz Manuel Gavira, que había que aprobar la ley cuanto antes, porque de esta dependían numerosas familias onubenses.
Tras la petición del informe de la UNESCO y la posibilidad de que el Parque Nacional de Doñana fuese inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, la ley ha vuelto a ser un arma arrojadiza para la izquierda. La ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, mostraba su preocupación hace unos días en la red social X, donde le respondía el consejero de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, que aseguraba que la Junta estaba a la espera de las obras prometidas por Sánchez en 2018.
Una ampliación de Doñana no exenta de polémica
Esta misma semana Juanma Moreno anunciaba la compra de 7.500 hectáreas de una finca en la Puebla del Río, situado en el pre parque, lo que permitiría ampliar la superficie de Doñana en un 14%, además de conservar el 60% de las especies de aves que viven actualmente en el parque. El PSOE andaluz, según afirmaba su portavoz, Juan Espada alababa la noticia pero no consideraba que esto fuese una solución factible para Doñana. Manuel Gavira, portavoz de Vox Andalucía, en la misma línea que los socialistas, aseguraba que la compra de tierras para ampliar Doñana “no iba a arreglar el problema del agua” y ha pedido que se ejecuten de una vez las obras recogidas en la ley de presupuestos porque en “Huelva se sigue tirando agua al mar”.
La postura más radical sobre esta gestión por parte del ejecutivo andaluz ha sido la de Adelante Andalucía. El portavoz de la formación en el Parlamento de Andalucía, José Ignacio García, ha reclamado este viernes al Gobierno andaluz que apueste por expropiar la finca Venta La Palma, ubicada en la provincia de Sevilla, que anunció esta semana el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con objeto de ampliar el Parque Natural de Doñana y cuyo coste de adquisición ha situado en los 70 millones de euros. "Si tan importante es, expropiadla en vez de que se forre el empresario", ha proclamado.
El informe de la UNESCO ensombrece la nueva ley
Pese a la discordancia de la izquierda con respecto a esta ley, lo que realmente preocuparía al ejecutivo andaluz tras aprobarla es que el Parque Nacional de Doñana sea incluido en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro como amenazaba la organización que depende de Naciones Unidas. Pese a que los representantes populares en Andalucía han explicado que no van a legalizar ni un solo pozo, y que estos además dependen de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la sombra de algo muy perjudicial sigue sobrevolando esta proposición de ley.
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