La primera intervención ha corrido a cargo de Jaime Martínez, director gerente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Martínez ha asegurado que la ley no va a dar nuevos derechos de agua, sino que se va a cambiar el agua subterránea por el agua superficial. Además ha querido hacer un llamamiento a todos los políticos para que saquen esta ley de la agenda electoral de cara a las próximas generales. “si se hubieran hecho las obras hídricas no tendríamos este problema” ha asegurado.
Tras la intervención de las Cooperativas Agroalimentarias andaluzas, ha tomado la palabra el representante de COAG (Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía). Para Eduardo López, el acuífero está sobre explotado y este ley no es más que una trama electoral que está creando falsas expectativas, ya que según asegura “el 2,5% de los propietarios tiene el 60% de la superficie y el 80% del volumen de agua concedido".
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no ha acudido a la comisión, al igual que no lo ha hecho Teresa Ribera, Vicepresidenta Tercera del Gobierno de España y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. La CHG envió al Parlamento un informe alineado con la posición del Gobierno de Sánchez.
Joaquín Regidor García, así se llama el ingeniero agrícola y agricultor de profesión, que ha defendido que la ley es necesaria y urge su puesta en marcha. Joaquín tenía dos hectáreas en Lucena del Puerto heredadas de su abuelo. Solicitó ayudas en 2004, en 2007 y pasó todas las inspecciones en 2009. En 2014, con la ley de la Corona Norte, se queda fuera y le notifican dos expedientes sancionadores en 2018. Actualmente tiene alquilada una finca de 3 hectáreas en Cartaya.
Más voces a favor de la ley de regadíos de Vox y PP
La jefa de la oficina de Ordenación del Territorio de Huelva ha admitido en su comparecencia que en 2014 se aplicó un criterio arbitrario. Ana Warleta González, ha reconocido que el Plan de la Corona Norte de 2014 se puso en marcha con gran falta de recursos humanos para una ágil realización y con gran carencia de herramientas técnicas adecuadas, lo que derivó en "ilegalidades" y al mismo tiempo "situaciones injustas". La técnica ha llegado a señalar que "fuimos conscientes de errores del plan especial". Se aplicó una exigencia "arbitraria" en 2014 al determinar el tipo de suelo a una imagen fija de 2004. Warleta, a las preguntas de los grupos, señaló que el actual plan no traspasa las líneas rojas para afectar a Doñana.
Otros recursos a tener en cuenta que si explotan otros países
El siguiente en comparecer ha sido Juan Saura, funcionario ya jubilado de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Este Doctor Ingeniero de Caminos y Licenciado en Matemáticas, considera que los acuíferos de Doñana están saturados y que hay que traer agua de otras cuencas. Aún así, hay 18.000 hectáreas en el entorno de Doñana, de las que 13.000 seguirán obteniendo agua de los acuíferos aunque se hagan las obras y las transferencias de agua previstas. Ha señalado que España no puede renunciar al Guadiana como explota Portugal y aprovechar ese agua porque les estamos dando a los portugueses "miles de hectómetros cúbicos". "La manera más sencilla de traer agua al Condado de Huelva es el Guadiana", ha recalcado,
Cinco hectómetros cúbicos son objeto de polémica
Juan Manuel Ponce, ingeniero agrónomo, señala que solo se necesitarían 5 hm3 para regular las injusticias de 2014. Ponce ha detallado que para regular las 700 has que se regularían se necesitan entre 3 y 5 hm3 de agua de trasvase y ha recordado que se podrían obtener hasta 40 hm3 de aguas regeneradas que no se están usando y que el Proyecto 2005 está "incompleto" ayudaría a la recuperación de las marismas. "No me identifico con un partido político concreto. Esto tiene fácil solución técnica pero se lleva a la confrontación política y al final el que sale perdiendo es el agricultor", ha asegurado.
Javier Gutiérrez Padilla, de la Plataforma en Defensa de Regantes del Condado, indicó que "sólo necesitamos 5 hectómetros cúbicos". "Si se toma como fecha para un hipotético plan de ordenación el día de hoy, esta finca se quedaría sin derechos de agua", señalando una imagen actual. Algo que se hizo tal y como ha denunciado el abogado Javier Domínguez Rodríguez, ha lamentado que se tomó como criterio para regularizar terrenos una "foto fija" de 2004. Hubo "miles de alegaciones que no fueron respondidas". Ha lamentado que la Junta de Andalucía había subvencionado "fincas concretas sabiendo dónde estaban" y cree que la norma que la ley de regadío que proponen PP y Vox soluciona algunas de estas situaciones injustas.
Los alcaldes protagonistas de la tarde
Tras el receso casi una hora y media más tarde de lo previsto inicialmente, los alcaldes del Condado de Huelva han sido los encargados de dar su visión sobre esta ley. La más vehemente ha sido la alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, que ha asegurado “nosotros no estamos preocupados por Doñana, nosotros somos Doñana, si Doñana se muere, se muere Almonte y yo estoy aquí para defender a mi pueblo”. En el caso de los alcaldes de Moguer, Bonares, Lucena del Puerto, y Rociana del Condado han coincidido en que se deben a sus agricultores y que las decisiones no pueden caer en manos de los ayuntamientos, esa responsabilidad la dejan al ejecutivo andaluz.
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