El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha enviado a prisión al etarra Antonio Troitiño, entregado el viernes por Reino Unido, después de comunicarle su procesamiento por integración en organización terrorista, concretamente en el aparato logístico de ETA, delito por el que ahora volverá a ser juzgado.
Troitiño, que ha comparecido junto a un abogado habitual defensor de etarras, se ha negado a prestar declaración ante el juez y no ha permanecido más de diez minutos ante De la Mata, tras lo que ha sido conducido a la prisión de Soto del Real.
El juez le ha comunicado que en virtud del acuerdo de extradición de las autoridades británicas solo podrá ser juzgado por el delito de integración y no por el de falsificación de documentos por el que también se le reclamaba y por el que Reino Unido no ha aceptado la entrega.
La extradición de este histórico etarra se ha hecho efectiva tras un proceso de entrega que ha durado más de tres años, en el que han intervenido varios jueces y fiscales, y que se puso en marcha tras fracasar una primera reclamación que se hizo cuando se produjo su huida en 2011 después de ser excarcelado por error.
En la orden de detención que dio lugar al procedimiento de extradición por el que finalmente ha sido entregado, y que fue cursada en 2014 por el entonces titular del Juzgado de De la Mata, Pablo Ruz, se le acusaba de integración en ETA y falsedad documental por haber falsificado su DNI al huir. Informes de la Comisaría General de Información de la Policía señalaron que se había integrado en el subaparato de ETA denominado IHESKO-Colectivo de Refugiados.
Prueba de ello, fueron los juegos de documentaciones falsas confeccionados por ETA incautados en el registro del piso que compartía con el también etarra Ignacio Lerín en Londres, donde ambos fueron detenidos en junio de 2012 en cumplimiento de la reclamación de la sección tercera.
Entonces ingresó en prisión y después quedó en libertad condicional en el Reino Unido a raíz de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que derogó la doctrina Parot en 2013, ya que las autoridades británicas querían conocer antes hasta qué punto afectaba a la petición de extradición.
Su detención posterior en 2014 se produjo como consecuencia de la comisión rogatoria al Reino Unido que la Policía pidió a Ruz que cursara tras la incautación de la citada documentación en el domicilio del etarra en Londres.
El etarra, nacido en 1957 en Tariego de Cerrato (Palencia), huyó tras quedar en libertad después de 24 años en prisión, pese a que su salida de la cárcel no estaba prevista hasta enero de 2017 en aplicación de la doctrina Parot.
Su excarcelación fue posible al aceptar la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional su petición de una nueva liquidación de condena basándose en el criterio de doble cómputo establecido por el Tribunal Constitucional. Aunque el mismo tribunal, al percatarse de su error, revocó su decisión, días después, el etarra ya no pudo ser localizado.
A raíz de su detención en 2012, Troitiño ganó los tres primeros juicios sobre su extradición, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazara, en octubre de 2013, la aplicación retroactiva de la doctrina Parot, que España quería imponerle.
En la última petición de entrega que ha sido resuelta con éxito, De la Mata relataba en uno de sus autos como, tras huir, "Troitiño se puso de nuevo en contacto con la organización terrorista ETA a fin de que le ayudara a huir de España y así hacer ineficaz la busca y captura dictada contra el mismo".
Ello lo hizo, "aceptando con ello un sometimiento a las instrucciones de la organización terrorista en relación con lo que denomina Colectivo de Refugiados, rama que agrupa a sus militantes en países que no sean España o Francia, siempre a disposición de ETA". Así, según han indicado las fuentes de la Audiencia Nacional, Troitiño hizo llegar una fotografía suya al aparato de falsificación de ETA, que le entregó seis documentos de identidad españoles simulados con su fotografía.
Los 24 años que pasó en prisión fueron para el cumplimiento de condenas que suman 2.200 años de prisión por 22 asesinatos en los años 80, entre ellos el coche-bomba de la plaza de la República Dominicana de Madrid en 1986 que mató a doce guardias civiles.
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