Los exhaustivos análisis que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha realizado en los últimos meses de la abundante documentación intervenida durante los registros de la 'Operación Púnica' han sacado a la luz la existencia de notas manuscritas hasta ahora inéditas que apuntalan los indicios sobre la existencia de vínculos entre la trama de corrupción y la que fuera alcaldesa de Valencia, la fallecida Rita Barberá, y la ciudad de Castellón. Se trata, en concreto, de un cuaderno localizado en la sede de las empresas del experto en reputación 'online' Alejandro de Pedro en el que una de sus empleadas anotaba los pasos que daban para captar a político como nuevos clientes. En dicha libreta figura el nombre de la localidad levantina y de Cartagena, además del nombre y apellido de la dirigente del PP justo debajo de la frase "ver informes comunicación positiva". Todo ello junto a anotaciones referidas a la entonces regidora de la ciudad murciana, la hoy senadora 'popular' Pilar Barreiro, y al actual presidente de esta comunidad, su correligionario Pedro Antonio Sánchez, para los que la red de corrupción estaba a punto de comenzar a trabajar. De hecho, dicha anotación se ha incorporado a un reciente informe del Instituto armado sobre los tratos de estos dos últimos con la trama al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Las anotaciones sobre la exalcaldesa de Valencia han aparecido en un cuaderno localizado en la sede de las empresas del experto informático Alejandro de Pedro
Dicho cuaderno fue localizado por la Guardia Civil en el registro que sus agentes hicieron en octubre de 2014, a la vez que las primeras detenciones, en la sede que tenían en el número 1 de la calle Marqués de Sotelo, de Valencia, EICO Reputation Management SL y Madiva Editorial y Publicidad SL, las dos sociedades de De Pedro dedicadas a mejorar la imagen en Internet de políticos y empresas. En concreto, fue intervenido en el puesto de trabajo de Sara Gargallo, una de las empleadas del 'gurú' informático que ha sido imputada dentro de la investigación sobre las andanzas de la trama en la Región de Murcia. Se trata de una libreta de anillas con una de sus hojas encabezada por la palabra "tareas" en mayúscula. A partir de ahí figuran varias anotaciones de enigmático significado como "textos info" y "textos buceo", junto a otras que apuntan a trabajos de reputación 'online'. Así, aparece la frase "acabar SEO Castellón", en clara referencia a supuestos trabajos para optimizar contenidos en páginas web de manera que sean más fácilmente localizados por los buscadores de Internet. No es la única alusión a esta ciudad en dicho documento. También figura como "ejemplo" de los "informes comunicación positiva" que supuestamente elaboraba el experto informático.
La referencia a esta capital levantina no es nueva dentro del sumario de Púnica. De hecho, en junio de 2015 la Guardia Civil acudió a la sede del Ayuntamiento a intervenir documentación sobre supuestos contratos municipales con empresas de la Púnica. Poco después sus agentes tomaban declaración como investigado no detenido al entonces alcalde en funciones, el 'popular' Alfonso Bataller, quien poco después dejaba su acta de concejal y se retiraba de la primera línea política. Sin embargo, desde entonces no se habían tenido nuevas referencias a dicha línea de investigación y, de hecho, fuentes del grupo del PP en el consistorio, ahora en la oposición, mostraban recientemente a Vozpópuli su convencimiento de que el juez Eloy Velasco había retirado la imputación al exregidor "al no hallar indicios de delitos penales". Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación consultadas en los últimos días por este diario aseguran que las pesquisas sobre la relación de la trama con el anterior equipo de gobierno municipal del PP no están, ni mucho menos, cerradas, y que aún está pendiente de elaborar un informe policial sobre las mismas para presentarlo al magistrado.
Una columna con tres nombres
Tras esa anotación sobre el "SEO Castellón", el manuscrito hace referencia a dos fechas, el 1 de noviembre y el 31 de mayo, y figuran los nombres de dos políticos. En concreto, la actual senadora Pilar Barreiro y el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, con claras alusiones a supuestos trabajos de reputación 'online' como la expresión "reput", junto a la anotación temporal "7 meses" y la cifra de "24.700 euros". Justo debajo aparece la frase "ver informes de comunicación positiva" y una columna con las palabras "Cartagena", "Rita Barberá" y "Castellón" en este orden precedidas de las letras "Ej", supuestamente "ejemplo". Una flecha que sale de dicha columna señala a "1 mes". Según fuentes cercanas a la investigación, dichas anotaciones apuntan a que la Púnica pudo haber hechos labores para mejorar la imagen de la política ya fallecida y de los alcaldes de las otras dos localidades. De hecho, en el caso del municipio murciano, ya hay varios informes de la UCO que apuntan a que así fue y que supuestamente se pagaron con el desvío de fondos públicos. De hecho, cuando se produjeron las primeras detenciones en octubre de 2014 estaba a punto de iniciarse otra campaña con vistas a las elecciones locales del año siguiente.
Tres miembros del equipo municipal de Barberá ya fueron interrogados hace meses por los supuestos trabajos de reputación 'online' hechos por la trama para ella
En el caso de Rita Bárbera también hay referencias anteriores en el sumario. Así, la Guardia Civil interrogó en junio de 2015 a tres miembros de su equipo de Gobierno sobre los supuestos tratos con la trama con el equipo de la entonces ya alcaldesa en funciones. En concreto, fueron el concejal del Ayuntamiento de Valencia, Alberto Mendoza; el ex jefe de prensa del Consistorio, Julio Valero, y el diputado del PP en las Cortes Valencianas y exconcejal de Seguridad de Barberá, Miquel Domínguez. Todos ellos tuvieron que responder a varias preguntas para saber si el 'gurú' informático Alejandro de Pedro se encargaba de mejorar la imagen de la exregidora en la red: "¿Es Rita Barberá clienta de Alejandro de Pedro a efectos de reputación?", "¿el Ayuntamiento de Valencia asume el coste de trabajos de mejora de reputación 'online' de algún miembro de la corporación municipal?", "¿sabe si Alejandro de Pedro gestiona la reputación online de Rita Barberá?", fueron algunas de las cuestiones que les plantearon.
"Presionar entreveladamente"
Todos ellos negaron tener constancia de dichos trabajos, aunque uno de ellos, el exconcejal Domínguez explicó que el experto informático "llegó a presionar entreveladamente para que le adjudicaran el contrato alegando que a su competencia le habían adjudicado contratos similares", en referencia al que cerró el Consistorio con una de sus empresas, Madiva Editorial y Publicidad SL, para publicitar la ciudad de Valencia por importe de 13.068 euros. El otro edil, Alberto Mendoza, sostuvo que tuvo conocimiento de ese contrato "después de la detención de Alejandro de Pedro, que en ese momento supo que era para inserción de publicidad institucional del Ayuntamiento en algún diario digital". Por su parte, el periodista Julio Valero añadió que en el año 2013 el presunto miembro de la trama ofertó una propuesta de publicidad al Ayuntamiento de Valencia que no fue valorada positivamente porque "en esos momentos no se consideraban rentables". Luego añadió que a finales de ese año presentó otra y que ésa comenzó a ejecutarse "aproximadamente" en junio de 2014.
Una empleada de De Pedro admitió ante el juez que hicieron numerosos trabajos de "posicionamiento en web" para políticos, y citó erntre ellos a la fallecida senadora
Una empleada de De Pedro también imputada en la causa, María José Gutiérrez, también citó en su primera declaración ante el juez, entonces como testigo, a Rita Barberá. Esta trabajadora, cuyo puesto en las empresas del 'gurú' informático era precisamente el de "jefa del departamento de posicionamiento en web" aseguró al magistrado que desde que se incorporó a la empresa en 2012 realizó numerosos trabajos para instituciones públicas y, sobre todo, para los políticos que ocupaban sus cargos. Así, junto a los nombre del que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, de su consejera de Educación, Lucía Figar; de la presidenta de la Diputación de León asesinada a tiros en mayo de 2014, Isabel Carrasco; y de varios alcaldes, como Ana Botella y el regidor de Gandía, Arturo Torró; esta mujer citó expresamente a Rita Barberá como una de las clientes. De hecho, en junio de 2015 el juez Eloy Velasco ordenó a la UCO personarse en una decena de ayuntamientos en busca de documentación relacionada, precisamente, con contratos con empresas de la trama. Entre ellos estaba el de Valencia. Ahora, las notas manuscritas apuntalan esa línea de investigación.
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