Un nombre enigmático, una investigación fugaz y un puñado de documentos policiales. Las pesquisas que en junio de 2012 inició la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre el ático de lujo de Estepona (Málaga) propiedad del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González fueron bautizadas como 'Operación Aiko' y generaron únicamente ocho informes policiales antes de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, decidiera ponerle punto final sólo 46 días después de iniciada. Ahora, todos esos documentos policiales, junto a resguardos bancarios, escrituras notariales y análisis del Servicio de Prevención contra el Blanqueo de Capitales (Sepblac) recopilados entonces, además de otros más recientes, se han incorporado al sumario que instruye la juez de Estepona Isabel Conejo. En ninguno de los ocho aparece el nombre del político 'popular' y sólo en uno se habla del cargo público que entonces ocupaba como 'número 2' del Ejecutivo de Esperanza Aguirre y de la posible existencia de delitos de corrupción.
El 8 de junio de 2012, la UDEF envió un 'email' a la Unidad Central de Inteligencia Criminal para comunicarle que iniciaba la 'Operación Aiko'
Según dicha documentación, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la investigación se inició formalmente el 8 de junio de aquel año. El origen, una denuncia del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) en el que se llamaba la atención sobre la vivienda que en aquel momento tenía alquilada Ignacio González y una supuesta operación de blanqueo de un millón de euros. Aquel día, las pesquisas fueron registradas como c/01218/12 y encargada a los grupos 12 y 15 de la UDEF, que la bautizaron con el nombre 'Aiko', que coincide con el nombre de la princesa de Japón pero que también guarda similitudes con las palabra "ático". De hecho, el primer documento que se generó fue un correo electrónico desde dichos grupos a la Unidad Central de Inteligencia Criminal (UCIC) para comunicar el inicio de dichas pesquisas.
Incorporado a ese 'email' figuraba otro texto con "los principales datos objeto de la investigación que se inicia". Eran, en concreto, tres personas y una empresa. Se trataba de Rudy Valner, el presunto 'testaferro' residente en EEUU que había adquirido la vivienda; el anterior propietario, Pedro Javier V.P., y una agente inmobiliaria que había enseñado la misma a varias personas interesadas en la misma, Marisa B. La sociedad era Coast Investors Llc, la firma situada en el paraíso fiscal de Delaware, en Estados Unidos. Bajo el epígrafe "otros datos" también recogía la dirección exacta del ático bajo sospecha en la Urbanización Alhambra del Golf, y la numeración de una cuenta bancaria de EEUU de la que salió el dinero para aquella sospechosa compra.
"Los sujetos investigados"
En aquel escrito no aparecía en ningún momento el nombre de Ignacio González, entonces aforado por su condición de vicepresidente del Gobierno de Aguirre, pero sí un párrafo final en el que se destacaba que "dado el carácter de los sujetos y hechos investigados" el inspector responsable del Grupo 12 de la UDEF, que era quien firmaba el documento, destacaba la necesidad de que "esta nueva investigación sea considerada como secreta". De hecho, también figura adjunto un escrito del entonces jefe de la UDEF, el comisario José Luis Olivera, en el que se incide en la necesidad de reserva "dado que en el transcurso de la investigación que se va a desarrollar se van a ver incursas personas con clara relevancia política y social y [...] la importancia de las consecuencias que puedan derivarse de la misma". Un "secreto" que consideraban necesario para "salvaguardar el correcto desarrollo de la misma". El escrito contaba con el visto bueno de su superior, el comisario general de Policía Judicial, José Enrique Rodríguez Ulla, quien poco después fue cesado fulminantemente precisamente por poner en marcha la investigación.
Sólo un informe de aquellos días de 2012 hacía referencia a Ignacio González, aunque por su cargo público, y al delito de "corrupción"
El segundo documento ahora remitido al juzgado de Estepona también lleva fecha del 8 de junio. Era un breve correo electrónico remitido por la Unidad Central de Inteligencia Criminal en el que informaba a sus compañeros de la UDEF que en sus bases de datos no constaba que hubiera ninguna pesquisa en marcha sobre dicho ático o las personas relacionadas con ellos, por lo que procedía a dar de alta la 'Operación Aiko' en el sistema informático de la Policía. También ese día, el jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, el comisario José Luis Gudiña, remitía un escrito a la Fiscalía Anticorrupción para comunicarle el arranque de las pesquisas. Era el tercer informe policial del caso. En el mismo, este mando policial enumeraba los detalles que aportaba la denuncia del SUP y señalaba que la misma "relata unos hechos publicados por la prensa nacional acerca del señor vicepresidente de la Comunidad de Madrid y de una vivienda en la Urbanización Alhambra de Golf de Marbella (Málaga)". Era la primera referencia a Ignacio González, aunque no por su nombre sino por su cargo público.
En aquel escrito, el mando policial ya apunta el hecho de que las investigaciones iban a requerir "unas pesquisas profundas y especializadas que afectarían a la intimidad y derechos de diversas personas naturales y jurídicas", por lo que las habituales gestiones policiales de consulta de registros, antecedentes, etcétera "no serían suficiente para ahondar en las supuestas tramas de blanqueo, corrupción y delito fiscal con intervención de sociedades extranjeras". Una complejidad que, en su opinión, invitaba a ponerla en manos de un juez ya que, además de poder necesitarse "la limitación de derechos del investigados, familiares y su entorno [...] no sería descartable otro tipo de resoluciones netamente judiciales", como comisiones rogatorias y mandamientos. El escrito terminaba dejando "al superior criterio de la Fiscalía la conveniencia de formalizar una investigación". Todo ello acompañado de una copia de la denuncia del sindicato policial.
Avances en la investigación
La Policía no generaría el cuarto documento hasta diez días más tarde. El 18 de junio de 2012 la UDEF remitía un primer informe a Anticorrupción sobre los avances de la investigación. En nueve folios, los agentes recogían los pormenores de la escritura de compraventa en 2006 entre Pedro Javier V.P. y Rudy Valner, así como los detalles sobre los pagos. De este modo, la Policía apuntaba ya la existencia de una nueva empresa extranjera implicada en la operación inmobiliaria bajo sospecha: Walford Overseas Investments, también ligada al presunto testaferro. El documento policial también destacaba que el dinero utilizado para la compra, 750.000 euros, procedía de cuentas en el extranjero. En concreto, del USBank, de EEUU. También resaltaba que había participado un despacho de abogados con sede en Madrid. Por todo ello, solicitaba a la Fiscalía autorización para poder consultar en la base de datos de la Agencia Tributaria información sobre Valner y las dos empresas que aparecían en la compra del ático que ya entonces usaba Ignacio González como supuesto inquilino.
Un informe del Sepblac apuntaba en julio de 2012 que la compraventa del ático de González apuntaba indicios de una operación de blanqueo
Dos días después, el 20 de junio de 2012, la UDEF dirigía un escrito, el quinto de la investigación, al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) para que este organismo facilitase "la información de la que disponga" sobre Rudy Valner, el vendedor del ático y tres empresas. Ocho días después, el 28 de junio, la unidad policíal remitía el que sería el sexto documento de las pesquisas. En concreto, un oficio a la Fiscalía para darle "cuenta de otras investigaciones realizadas" y remitir copia de la declaración del primer propietario de la vivienda, el empresario inmobiliario Pedro Javier V.P., al que los agentes habían visitado tres días antes en Gijón para recoger su testimonio. En dicho documento policial, de cuatro folios de extensión, los agentes anunciaban que sus siguiente pasos iban dirigidos a aclarar quién estaba pagando los impuestos de la vivienda desde que esta había sido vendida al supuesto testaferro, ya que el cambio de titularidad aún no se había plasmado en el registro de la propiedad y el primer dueño insistía que él ya no los abonaba.
El 9 de julio de 2012, la Policía emitía el séptimo documento de las pesquisas. Un simple folio en el que informaba a la Fiscalía de que acababa de recibir la respuesta del Sepblac a su requerimiento de información y que este organismo no había detectado "datos sobre operativas sospechosas" en las personas y empresas sobre las que la UDEF le había consultado. Sin embargo, no recogía que el informe de los expertos en blanqueo habían señalado en sus conclusiones que, pese al resultado negativo de las pesquisas que le habían pedido, sí consideraba que el hecho de que la compra del ático la hubiera hecho una empresa radicada en un territorio 'off-shore' como era Delaware y que se desconociera el origen de los fondos empleados así como el anonimato de los "inversores reales" apuntaban a la existencia de una operación de 'lavado' de dinero.
Investigación "pasiva", pero "secreta"
El 24 de julio de 2012, sólo dos semanas después de recibir aquel informe del Sepblac y 46 días más taqrde del inicio formal de la 'Operación Aiko', el inspector responsable de las pesquisas enviaba a la UCIC una "nota interna" en la que le comunicaba que acababa de recibir un oficio de Anticorrupción en el que se indicaba que con los datos recopilados hasta ese momento no era posible la apertura de unas diligencias de investigación penal e instaba "al archivo de las actuaciones practicas hasta el momento". Por ello, el agente informaba que las mismas pasaban a la situación de "pasivas", aunque alertaba de la necesidad de que continuaran siendo "secretas". Era el octavo documento y el que ponía punto final a la investigación sobre Ignacio González.
El 24 de julio de 2012, sólo 46 días después de haberla iniciado, la Policía ponía la investigación en torno al ático en situación de "pasiva"
No obstante, la Policía aún generó otros dos documentos sobre estas pesquisas aquel año. Ambos, relacionados con la apertura de una investigación por parte de la Unidad de Asuntos Internos, entonces dirigida por el comisario Marcelino Martín-Blas, hoy uno de los protagonistas de la polémica 'guerra de comisarios'. El primero es, precisamente, el escrito de la Comisaría General de Policía Judicial de fecha 30 de julio de 2012, seis después del cierre de las pesquisas de la 'Operación Aiko', en el que se comunica a la UDEF la petición de los responsables de dicha unidad de revisa "informes y cualquier otra documentación relacionada" con el caso. El segundo es la respuesta en la que, además de remitir los documentos relacionadas con la misma, se detallaba que la investigación había venido motiva por "las supuestas filtraciones a distintos medios de comunicación" sobre dichas pesquisas.
Dos años más tarde, la UDEF generó un nuevo documento sobre caso, en esta ocasión dirigido al Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, quien ya había abierto un sumario para investigar el ático de Ignacio González. Fechado el 8 de julio de 2014, casi dos años después de que la investigación fuera declarada "pasiva", en él se daba respuesta a una petición de la magistrada del 18 de junio enumerando cinco oficios policiales emitidos en su día sobre aquellas pesquisas. En dicho informe policial se le recalcaba a la magistrada que en su día la Fiscalía Anticorrupción no había encontrado indicios para seguir con las pesquisas. Desde entonces y hasta ahora, la Policía sólo ha incorporado los polémicos escritos del comisario José Villarejo, otro de los implicados en la 'guerra de comisarios', con notas internas sobre el caso Gürtel e Ignacio González, y sobre supuestas amenazas telefónicas recibidas por él. Ahora la juez Isabel Conejo tiene toda esta documentación en el sumario en el que sigue imputado el ex presidente de la Comunidad de Madrid y su mujer, Lourdes Cavero, entre otros. La 'Operación Aiko' vuelve a estar activa.
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