La Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha rechazado hoy que los informes de fiscalización sobre la financiación de partidos del tribunal reflejen todos los créditos bancarios, las entidades que los han concedido y, especialmente, las posibles condonaciones de deuda a los partidos.
La mayoría impuesta por el PP y UPN, ante la ausencia en la comisión de representantes del PDeCat y el PNV, ha rechazado todas las propuestas de resolución presentadas por los grupos de la oposición sobre los informes de fiscalización de los partidos políticos de los ejercicios de 2012 y 2013.
Además de la publicidad de esos créditos, el grupo de Unidos Podemos había propuesto que se iniciaran ya los procedimientos sancionadores de aquellas formaciones que hayan incumplido la Ley de Partidos y acordar la retención de la subvención anual de aquellos que no presenten sus cuentas en el plazo estipulado.
Podemos también reclamaba que se actualizaran las reglas y criterios de fiscalización de las cuentas bancarias para adaptarlas a las nuevas fórmulas de financiación de los partidos, incluyendo los pagos electrónicos.
Del mismo modo no ha sido aprobada otra propuesta del grupo de Unidos Podemos para que se abriera procedimiento sancionador contra el PP de Canarias por las "irregularidades cometidas en materia de identificación de donaciones privadas" en la campaña de las elecciones autonómicas de 2015.
Los bancos no informarán sobre el ingreso de donaciones
Por su parte, el PSOE había instado al Gobierno a que hiciera obligatorio que las entidades de crédito informaran anualmente sobre las donaciones ingresadas en las cuentas de los partidos.
Los socialistas también proponían que los partidos pongan en marcha un registro de proveedores y desarrollen procedimientos de compra en los que se adjudique la oferta "más ventajosa" y reclamar a los partidos con situación patrimonial negativa que saneen sus cuentas.
Tampoco han salido adelante las propuestas de resolución de Ciudadanos que, entre otras demandas, abogaba por la aprobación de una Ley de Protección de los Denunciantes de Corrupción.
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