El grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Compromís tienen previsto solicitar la comparecencia del presidente de ACS, Florentino Pérez, en la comisión de investigación sobre el proyecto Castor que este miércoles han pedido crear mediante la correspondiente solicitud en el registro del Congreso. También quieren que desfilen por la eventual comisión, donde los comparecientes están obligados por ley a decir la verdad, el presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, y los exministros de Industria y Energía desde 1996: Josep Piqué, José Montilla, Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria y Álvaro Nadal.
El diputado de En Comú Podem Josep Vendrell ha recalcado este miércoles la necesidad de "esclarecer las responsabilidades" del caso, clausurar el almacén y recuperar el dinero de las indemnizaciones por ser un proyecto "negligente". La explotación de este fallido almacenamiento subterráneo de gas natural fue adjudicada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adjudicó en 2008 a la empresa Escal UGS, controlada por la constructora ACS (66%) que preside Florentino Pérez.
Esta plataforma se encuentra paralizada desde 2013 tras los pequeños terremotos provocados durante la fase de llenado de gas colchón. A raíz de ello, la promotora decidió renunciar a la concesión y ejerció su derecho de cobrar una indemnización por valor de la inversión menos las cantidades que ya hubiera cobrado, esto es, 1.350 millones de euros. El Ejecutivo de Mariano Rajoy aceptó esta renuncia y la consecuente indemnización en un real decreto ley aprobado el 3 de octubre de 2014.
Más de 4.700 millones
Según consta en la exposición de motivos de la petición registrada por Unidos Podemos y Compromís, "oficialmente, el despropósito del proyecto Castor de momento le ha costado a la ciudadanía más de 1.350 millones de euros, a los que hay que sumarles por lo menos otros 295 millones de euros por los derechos retributivos devengados por la empresa concesionaria y que no han sido publicados en boletín oficial alguno si no que su pago se ha revelado a través de los medios de comunicación". En este sentido, el texto añade que "según cifras procedentes de las organizaciones de consumidores más representativas, el coste final para la ciudadanía podría llegar a superar los 4.700 millones de euros incluyendo la cantidad, el plazo y los intereses".
Así mismo, los impulsores de esta iniciativa subraya que "hay que acabar" en este tema "con la opacidad y la falta de transparencia". "Tenemos la obligación ante la ciudadanía de poner luz y taquígrafos sobre un proceso administrativo y político lleno de sombras que no ha gozado en su adjudicación de la necesaria concurrencia competitiva y publicidad, y donde la empresa no ha podido acreditar tener la suficiente capacidad técnica y económica para desarrollar la actividad con las suficientes garantías", recalcan Unidos Podemos y Compromís. Este movimiento obligará ahora a PP, PSOE y Ciudadanos a retratarse puesto que la creación de la comisión -previo paso por la Mesa del Congreso- requiere mayoría parlamentaria del Pleno de la Cámara baja.
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