La contundencia del informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaboró el pasado mes de mayo para el juez Eloy Velasco sobre la presunta implicación del presidente de Murcia, el 'popular' Pedro Antonio Sánchez, en las actividades de la trama Púnica no ha impedido que el partido haya reservado ahora a éste un destacado papel en el XVIII Congreso que la formación celebrará en Madrid entre el 10 y el 12 de febrero del año que viene. Y ello a pesar de que el magistrado de la Audiencia Nacional está a punto de terminar la instrucción de la tercera pieza del sumario, la que investiga las 'andanzas' de la trama en esta región, y decidir si finalmente eleva una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que asuma las pesquisas dada su condición de aforado. La imputación el pasado mes de octubre de un miembro de su equipo apuntan en este sentido. Fuentes jurídicas han confirmado a Vozpópuli que el juez Velasco quiere hacerlo antes de que acabe el año. Es decir, mes y medio antes de la celebración del cónclave 'popular'.
Pedro Antonio Sánchez ha sido incluido en la "ponencia social" que encabeza Javier Maroto y de la que también forman parte los líderes 'populares' de Andalucía, Valencia y Extremadura
En concreto, el PP ha incluido al jefe del Ejecutivo murciano en la llamada "ponencia social" que encabeza Javier Maroto como "coordinador" y de la que también forman parte los líderes del partido en Andalucía, Valencia y Extremadura, Juan Manuel Moreno Bonilla, Isabel Bonig y José Antonio Monago, según la documentación facilitada a los medios por Génova 13. La decisión de dar protagonismo a Pedro Antonio Sánchez se produce después de que el propio presidente del Gobierno del Gobierno, Mariano Rajoy, mostrara a éste públicamente su respaldo sólo unos días después de que saliera a la luz el contenido del informe de la UCO que le salpicaba. Fue en el arranque del mitin que celebró en Murcia el pasado 11 de junio, durante la campaña de las últimas Elecciones Generales. "Sabes que cuentas con nuestra simpatía y con nuestro reconocimiento y, en mi caso además, con mi apoyo total y absoluto porque te lo mereces", le dijo al presidente autonómico entre los aplausos de los militantes y afiliados del PP que asistían al acto.
No fue el único. Unos días antes, el entonces ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, había hecho unas declaraciones durante una entrevista radiofónica en las que restaba valor al trabajo de la Guardia Civil, en aquel momento bajo su mando. Fernández Díaz aseguró que el informe no acusaba al líder autonómico de contratar con la red investigada y recalcó que el documento policial estaba lleno "de presuntos, eventuales y posibles". Dichas declaraciones sentaron muy mal en el seno del Instituto armado al venir, precisamente, de su máximo responsable.
"Limpiar para mayo"
La supuesta relación de Pedro Antonio Sánchez con la trama Púnica salió a la luz poco antes de las elecciones de mayo de 2015 que lo auparon a la Presidencia de la Región de Murcia. Hasta entonces había ocupado el cargo de consejero de Educación del Ejecutivo autonómico. Como adelantó entonces Vozpópuli, una conversación telefónica entre el 'gurú' informático Alejandro de Pedro y una de sus empleadas en EICO Online Reputation Management SL, la empresa dedicada a trabajos de 'reputación online', desvelaba que la trama estaba a punto de contar entre sus clientes con el político murciano cuando la Guardia Civil realizó las primeras detenciones. Siempre según esta conversación, la mercantil de la red de corrupción iba a "limpiar para mayo" el historial en Internet del aspirante autonómico. La tarifa, 3.000 euros al mes.
La relación de Pedro Antonio Sánchez con la Púnica salió a la luz poco antes de las elecciones autonómicas que le auparon a la Presidencia de la Región de Murcia
Las sospechas se acrecentaron en mayo con el exhaustivo informe de la UCO que recogía trece correos electrónicos, una docena de llamadas de teléfono, seis documentos en formato digital, 35 mensajes de telefonía y la declaración de un testigo para detallar paso a paso todo el proceso de negociación seguido para realizar dichos trabajos de reputación 'online' finalmente frustrados. Según recogía este documento policial, el político murciano había "expresado su interés en contar con los servicios de Alejandro de Pedro [el experto informático imputado en la trama] acuciado por consecuencias reputacionales negativas por una nueva posible imputación y la disputa de convertirse en candidato a la Presidencia de la Región". Para entonces, la trama ya trabajaba para un compañero suyo del Ejecutivo, Juan Carlos Ruiz López, titular entonces de la cartera de Industria y Turismo y actualmente imputado en la causa. De Pedro y su socio, José Antonio Alonso Conesa, ex alcalde socialista de Cartagena, contaron con la ayuda de Pilar Barreiro, entonces regidora de esta localidad murciana y actual senadora del PP.
De Pedro llegó a realizar en el verano de 2014 un informe "preventa"específico sobre Pedro Antonio Sánchez en el que se analizaba su presencia en las diferentes redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) y en buscadores. El resultado fue que el 70% de las informaciones que aparecían sobre él en Internet eran negativas, referidas sobre todo a distintas acusaciones judiciales que pesaban sobre él, sobre todo por la compra de su vivienda por la que iba a declarar en julio ante el juez. Ese informe fue presentado al propio político el 11 de junio de 2014 en una reunión celebrada en Madrid a la que también asistió su correligionaria Pilar Barreiro. Tras aquella reunión, De Pedro y Conesa siguieron ofreciendo sus servicios al entonces consejero de Educación y, de hecho, ponían como ejemplo de su eficacia los trabajos que habían realizado para Lucía Figar, quien ocupaba ese mismo cargo en el Ejecutivo de Madrid y que actualmente está imputada en la causa. Finalmente, a finales de septiembre prepararon una oferta para Pedro Antonio Sánchez para el periodo que iba desde octubre de 2014 hasta el 31 de mayo del año siguiente, justo hasta las elecciones autonómicas en las que él finalmente encabezó la lista del PP.
"3.000 pavos al mes" más el coste de un periodista
En un primer momento, Alejandro de Pedro planteaba cobrar "3.000 pavos al mes" a los que había que sumar el coste de un periodista externo 'mileurista' que se encargaría de mover en una red de periódicos las noticias positivas del candidato para desplazar las negativas. Finalmente, el precio total iba a ser de 4.600 euros. En total, 36.800 euros por todo el periodo. El 21 de octubre los agentes intervinieron una conversación entre el experto informático y su socio, Alonso Conesa, en el que primero le comentaba que iba a tener una reunión con Pedro Antonio Sánchez. El segundo le instaba a sacarle ya el contrato, "que lo necesitamos como el agua". Al día siguiente, De Pedro comentaba a uno de sus trabajadores que ya había cerrado el acuerdo con el político 'popular' y que iban a empezar a facturar para el mes de noviembre. La Guardia Civil concluía en su informe que el acuerdo se cerró finalmente el 24 de octubre y que si no se llegó a materializar fue porque tres días después comenzaron las detenciones de los principales implicados en la trama, entre ellas las de De Pedro y su socio.
El pasado 4 de octubre declaraba como imputado el miembro del equipo del político murciano que supuestamente negoció con el 'gurú' informático de la trama, Alejandro de Pedro
El documento policial resaltaba que dicho contrato iba a pagarse "a través de facturación en concepto de 'formación' con la Consejería" que entonces aún encabezaba Pedro Antonio Sánchez. Además, destacaba la participación en las negociaciones de David Conesa Ferrer, identificado como miembro del gabinete del propio consejero, y con quien De Pedro intercambió numerosos mensajes en los días previos a cerrarse. Este asesor del político murciano declaró como imputado el pasado 4 de octubre. Un día después lo hacía también como investigado un empleado de De Pedro, quien confirmaba al magistrado los supuestos tratos entre la red de corrupción y el actual presidente del Ejecutivo murciano. Se trataba, en concreto, de Francisco Javier Bueno González, quien ya había declarado como testigo ante la Guardia Civil poco después de las detenciones de octubre de 2014 y ante el propio magistrado en abril del año pasado. Ahora, lo hacía como 'arrepentido' para aportar valiosos datos que presuntamente reforzaban los indicios contra el político, según adelantó el pasado 17 de octubre este diario.
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