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Un preso de Las Palmas I amenaza con un pincho a dos funcionarios

Un preso del Centro Penitenciario Las Palmas I (Gran Canaria), conocida como la cárcel de Salto del Negro, amenazó este viernes a dos funcionarios con un pincho carcelario. El preso

Un preso del Centro Penitenciario Las Palmas I (Gran Canaria), conocida como la cárcel de Salto del Negro, amenazó este viernes a dos funcionarios con un pincho carcelario. El preso fue finalmente reducido sin que se registrara ningún herido.

Los hechos tuvieron lugar durante la apertura de las celdas, cuando el preso, "en actitud amenazante y con ánimo de secuestrar la voluntad de los dos funcionarios presentes" en el módulo, les amenazó con un pincho y comenzó a asestar golpes al aire para obligarles a retroceder, según explicó CSIF en un comunicado.

De esta manera, la actitud violenta del interno hizo que los trabajadores se vieran arrinconados y, al no contar con material adecuado de autoprotección, forzados hasta llegar al final de la galería, donde el interno continuó asestando puñaladas al aire.

No obstante, los gritos producidos por la situación alertaron a otro funcionario, que procedió a solicitar refuerzos y a entrar en la galería, logrando desarmar al interno.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias explicaron a Europa Press que el preso ingresó en la cárcel para aplicarle características de clasificado en primer grado (el más restrictivo) y que durante el incidente no se produjo ningún herido.

Segundo incidente en una semana

CSIF ha destacado que se trata del segundo incidente que se produce en el Salto del Negro en una semana que se salda de manera satisfactoria gracias a la profesionalidad del personal funcionario.

En la otra ocasión, que tuvo lugar el viernes, 11 de junio, dos grupos de internos se enzarzaron en una discusión en el que se profirieron insultos y amenazas, acompañados de gestos desafiantes, teniendo que intervenir los trabajadores del módulo.

Con todo, el sindicato ha reclamado el reconocimiento de la figura de "agente de autoridad" para los funcionarios de prisiones, lo que implicaría mayor protección legal para estos trabajadores, entendiendo que la Ley Orgánica General Penitenciaria "se ha quedado obsoleta --es de 1979-- y hay que adaptarla a la realidad de las cárceles".

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