El PSOE ha decidido apoyar este martes en el Pleno del Congreso la toma en consideración de la reforma de la ley del Tribunal Constitucional que ha planteado el PNV para castigar con multa en vez de suspensión la negativa de cargos públicos o funcionarios a aplicar sus resoluciones. Con el voto de los socialistas, la reforma tiene opción a seguir adelante, lo que no va a ocurrir con la que defiende la antigua Convergència, que se limita a derogar los cambios que el PP introdujo unilateralmente en 2015.
El Pleno del Congreso debatirá este martes sendas iniciativas de la antigua Convergència --ahora Partit Democràta Europeu Català (PDECat)-- y del PNV contra la reforma exprés de la Ley Orgánica el Tribunal Constitucional, aprobada en solitario por el PP en 2015, que permite suspender temporalmente de sus funciones a las autoridades que incumplan las sentencias del Alto Tribunal y que podría aplicarse a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
El debate tendrá lugar apenas una semana después de que el Alto Tribunal paralizara el acuerdo del Parlament que abre la vía a convocar un referéndum sobre la independencia en septiembre de 2017. En su resolución el TC advierte a Forcadell, y al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de las posibles consecuencias de desobedecer su decisión.
En la proposición de ley de la antigua Convergència se apuesta por derogar estos artículos que añadió el PP hace un año y lo justifica en que aquella reforma unilateral supuso "prácticamente una reforma encubierta de la Constitución". Esta iniciativa no prosperará porque el PP y Ciudadanos votarán en contra de su tramitación y el PSOE tampoco la apoyará y se limitará a abstenerse: los socialistas consideran que la derogación no es la alternativa adecuada, sino que debe modificarse el articulado que impuso el PP.
Por ello, el PSOE respaldará la toma en consideración de la otra iniciativa, la del PNV, que considera más completa porque no se conforma con la derogación de la reforma del 2015, sino que plantea una nueva redacción con la que se acepta que incumplir las sentencias del TC debe tener algún reproche, pero en vez de la suspensión que incorporó el PP, los nacionalistas vascos apuestan por una multa de 600 a 3.000 euros.
En concreto, la iniciativa del PNV propone eliminar los artículos de la Ley del TC que dan carácter ejecutivo a sus sentencias y que permiten actuar contra las autoridades y funcionarios que incumplan sus sentencias con un catalogo que va desde multas de 3.000 a 30.000 euros hasta la suspensión de sus funciones.
En su lugar, los nacionalistas proponen "imponer multas coercitivas de 600 a 3.000 euros a cualquier persona, investida o no de poder público, que incumpla los requerimientos del Tribunal dentro de los plazos señalados y reiterar estas multas hasta el total cumplimiento de los interesados, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que hubiera lugar".
Fuentes socialistas aseguran a Europa Press que esa filosofía se ajusta más a las tesis que el PSOE defendió en 2015, cuando votó en contra de la reforma del TC que impuso el PP con su mayoría absoluta. Con el voto de los socialistas, la iniciativa del PNV tiene opciones para continuar su tramitación en el Congreso porque también se espera que recabe el respaldo de Unidos Podemos-En Comú y de los independentistas de ERC y PDECat.
La proposición de ley del PNV, que será defendida por su portavoz de Justicia, Mikel Legarda, incluye también la derogación del recurso previo de inconstitucionalidad para estatutos de autonomía, una reforma que también se introdujo el pasado año, pero en este caso por acuerdo entre socialistas y 'populares'.
Para los nacionalistas vascos, esta norma "acarrea riesgos" para la "estabilidad" del sistema porque "supera con creces el carácter jurisdiccional del control constitucional a posteriori que fue atribuido en el texto constitucional". Y, lo que considera aún más grave, "permite a los responsables políticos hacer negación de su obligación de resolver mediante el diálogo y el consenso los problemas políticos de fondo".
El PSOE, por contra, defiende la recuperación del recurso previo para evitar conflictos de legitimidad como los ocurrido con el último Estatuto catalán, aprobado en referéndum y después anulado parcialmente por el Tribunal Constitucional. Por eso, cuando se tramite la reforma del PNV en el Congreso, los socialistas harán valer sus votos y los del PP para no dejar que se metan cambios en esta parte de la Ley del TC.
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