La sentencia absolutoria del caso Bankia marcó el punto de partida para que Rodrigo Rato saldara deudas con antiguos compañeros de Gobierno. El fallo de la Audiencia Nacional que le exoneró de cualquier responsabilidad por la caída del banco abrió la puerta a que se cobrara ante el Estado su destitución y su posterior caída del ocaso que terminó con su 'detención' en 2015.
El exvicepresidente del Gobierno acaba de plantear una reclamación patrimonial al Estado por los hechos ocurridos hace más de una década. Rato pide una indemnización de entre 10 y 12 millones de euros por la "campaña de acoso" que sufrió en las últimas semanas al frente de Bankia. Fuentes cercanas al banquero confirman a Vozpópuli que la demanda alude a las actuaciones de De Guindos para forzar su dimisión así como a la acusación que enfrentó en los juzgados por la salida a Bolsa.
Se trata de episodios que salieron a relucir durante el juicio que acogió la Audiencia Nacional y que evidenciaron el choque entre Rato, que en todo momento apuntó a una campaña en su contra, y el propio Luis de Guindos, que declaró como testigo. El juicio destapó episodios que se desconocían hasta el momento y evidenció que se celebraron reuniones en Economía entre la élite bancaria española en la que se habría fraguado su dimisión al frente de Bankia.
Una "orden política"
La intrahistoria de estos encuentros -en los que participaron Emilio Botín (Santander), Francisco González (BBVA) o Isidro Fainé (La Caixa)- se conoció a lo largo de la vista oral. El primero de ellos lo convocó De Guindos el 4 de mayo de ese 2012 para informar del conocido como 'segundo decreto de Guindos' que obligaba a los bancos a realizar más provisiones ante el escenario adverso de crisis financiera.
Sin embargo, Rato aprovechó los encuentros para poner sobre la mesa un plan que pasaba por inyectar 7.000 millones de euros en ayudas públicas a Bankia. En la segunda reunión el plan se tumbó por completo. De Guindos dijo en el juicio que Botín y Fainé mostraron su desconfianza a los planes de Rato para reflotar Bankia, pero negó en todo momento que urdieran su salida.
Rato por su parte dijo que el ministro que un día fue mano derecha suya en Economía le exigía unas provisiones "completamente desproporcionadas" de hasta 15.000 millones de euros y que no tiene duda de que fraguaron su dimisión. Uno de los detalles que desveló es que para evitar su salida solicitó 'in extremis' reunirse con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pero éste respaldó a su ministro y le terminó dando la puntilla.
De Guindos contó que Rato le llamó un día después, el 7 de mayo, para anunciarle que dimitía. El mismo día 9 se celebró un Consejo donde se nombró a su sustituto, Ignacio Goirigolzarri. Su tesis confrontó a la de otros testigos y acusados que apuntaron a una intervención política en el banco en la etapa final de Rodrigo Rato.
Sorprendió especialmente la declaración de Francisco Verdú Pons (considerado el héroe del juicio de las 'tarjetas black' por ser el único que no usó la suya). El exconsejero de Bankia respaldó la tesis de Rato en cuanto a la confabulación política para echarle de la presidencia y además dijo que le pareció "extraño" que tuviera más exigencias entonces desde el Ministerio de Economía que desde el Banco de España.
El plan Rato
Además, también defendió otra de las teorías de Rato acerca de que los bancos de la competencia se beneficiaron del descalabro de una entidad que acabó siendo nacionalizada con un rescate de 22.400 millones de euros.
Por su parte, el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, también se pronunció como testigo en el juicio. Curiosamente dijo que el supervisor era partidario de mantener a Rato en la presidencia, aunque en la sombra. De las reuniones en Economía dijo que ni participó ni supo de su existencia hasta mucho más tarde.
Todo este relato de hechos da soporte ahora a Rato para pedir al Estado que le indemnice por lo ocurrido. La sentencia del caso Bankia es clave al respecto. No solo porque alude a que los acusados cumplieron órdenes del supervisor desde el mismo momento de la integración que las cajas que formaron Bankia, sino porque da por válido su plan para reflotar el banco justo cuando acababan de presentar las cuentas de 2011 sin auditar.
El informe clave del FMI
"Esta ausencia de intencionalidad eliminaría la existencia del elemento subjetivo del delito de falsedad contable", recoge el fallo de más de 440 páginas que dictó la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional. "El Sr. Rato se mostró especialmente crítico, y con razón, con las cuentas reformuladas de BFA y Bankia de 2011, a las que tildó de estar mal formuladas", sostuvieron.
No obstante, si hay un elemento clave que dinamitó la versión oficial conocida hasta entonces de la caída de Bankia fue el famoso informe del FMI que precipitó sus conclusiones sobre el banco en abril de ese año propiciando la debacle de Bankia. Rato achaca este movimiento a la jugada política que buscaba desplazarle de la presidencia. De Guindos, por su parte, negó que el Gobierno estuviera detrás de este cambio.
Pero lo cierto es que se trató de una actuación sin precedentes por parte del órgano que entonces dirigía Christine Lagarde. Aunque no mencionaba a Bankia, se hacía alusión a la entidad y a la necesidad "crucial" de que acometiera reformas para garantizar su continuidad. Un documento posterior del auditor del FMI desveló que, efectivamente, este informe se aceleró saltándose el calendario previsto.
La causa de su fortuna
Estos episodios provocaron el ocaso del que fuera símbolo del milagro económico hasta el punto de que, tres años después, se produjo su detención televisada por una investigación fiscal que inició el Ministerio que dirigía entonces Cristóbal Montoro. La famosa imagen de los agentes de Aduanas introduciendo al exvicepresidente del Gobierno en el coche dio la vuelta al mundo.
La realidad es que Rato no había sido detenido. Se estaba sometiendo a un registro en su domicilio del barrio de Salamanca e iba a acudir con los agentes al despacho que ostenta a escasos metros de su casa. Este fue el arranque de una investigación penal que ha puesto en el foco la fortuna que atesora en el extranjero y por la que afronta una petición de Anticorrupción de 60 años de cárcel.
Tras ocho años de larga instrucción, Rato se sentará en el banquillo de los acusados desde el próximo mes de diciembre. Se espera un juicio largo y complejo por el volumen de material que Hacienda y la Guardia Civil han recabado durante estos años. Pero Rato, según las fuentes consultadas por este medio, vincula la deriva de este caso a la mano política del Gobierno de Aznar y por ello ha reiterado en muchas ocasiones que la investigación ha sido "prospectiva" y excesiva.
En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso este medio, reitera que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva al no haber podido acceder al material que sí tenían los investigadores hasta hace apenas meses. Además, se pronuncia sobre el episodio del registro de su domicilio, del que pide la nulidad. "Fue inidóneo, innecesario y desproporcionado. Existían evidentes medios menos lesivos al alcance de las autoridades y de la propia inspección tributaria", apuntó.
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