La tesorera-gerente del Partido Popular desde mayo de 2012, María del Carmen Navarro Fernández-Rodríguez, ha afirmado este miércoles que "hay poca proporción de financiación privada" de los partidos políticos, si bien ha matizado que "es eso a lo que hemos ido tendiendo, a limitar estas aportaciones". De esta forma, y tras ser interpelada al respecto en su comparecencia voluntaria en la Comisión anticorrupción del Congreso, Navarro ha puesto en cuestión la reforma que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014 a raíz de la publicación de los papeles de Bárcenas.
El Ejecutivo popular prohibió totalmente las donaciones de personas jurídicas (empresas) a los partidos, que entonces se permitían hasta un límite de 100.000 euros anuales. En cuanto a las donaciones por parte de personas físicas, esto es, particulares, se mantuvieron como tal "porque forman parte de la libertad individual", dijo el Gobierno, pero el tope anual pasó de 100.000 a 50.000 euros. Además, cada aportación de más de 25.000 euros cobró la obligatoriedad de ser pública.
"Las donaciones y las aportaciones privadas a los partidos son anecdóticas en España", ha insistido la tesorera del PP, que está imputada en el caso Bárcenas. Navarro ha manifestado en sede parlamentaria, donde ha comparecido de manera voluntaria (será también citada a la Comisión de investigación que quieren impulsar PSOE, Podemos y Ciudadanos), que "se han suprimido las donaciones de personas jurídicas y se han limitado las de personas físicas". Así, con un tono crítico, de autoenmienda, ha subrayado que "igual a la gente no le gusta decir que ha dado un dinero a un partido político".
Navarro ha respondido de esta manera a una pregunta del diputado de Ciudadanos Ignacio Prendes, quien ha recalcado que en esta comisión, por la que ya han pasado distintos expertos, "se ha planteado la necesidad de vincular a los ciudadanos con sus partidos y conseguir que esas aportaciones privadas crezcan de forma transparente y clara y rebajar lo que es financiación pública". "¿Usted considera que se puede hacer algo para cambiar esa relación de 90-10%?, ha interpelado Prendes a la tesorera del PP.
Por su parte, el portavoz de Podemos en este órgano, el juez Juan Pedro Yllanes, también ha reclamado una mayor "participación ciudadana en la financiación de los partidos" y ha preguntado a Navarro "qué proporción mínima debería alcanzar esa participación ciudadana para que la ciudadanía mande en los partidos y no las entidades financieras". "Porque hemos visto que quien paga, manda; y quien manda, son los bancos y eso es preocupante", ha lamentado el representante de Podemos.
Siendo residuales las donaciones privadas en el caso del PP, su tesorera-gerente ha explicado que el grueso de los ingresos de los populares es de "origen publico y proviene de estamentos de la Administración". Ha detallado que "la mitad procede de subvenciones directas del Ministerio del Interior" y la "otra mitad de aportaciones de grupos institucionales" de Congreso, Senado, parlamentos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos y otros entes públicos.
Además, la tesorera del PP ha dicho que no respondía a "ninguna cuestión que esté sujeta a un procedimiento judicial abierto". "Entré en la organización en julio de 2010 y sobre periodos anteriores difícilmente voy a poder contestarle de nada, porque nada sé. Independientemente de que me llamen a la otra comisión", ha apuntado, en alusión a la Comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP que está todavía por ser constituida.
También ha comentado que "en el caso del PP, nuestro nivel de deuda es tan bajo que sólo con el activo corriente se pueden pagar todas las deudas; las podemos quitar de un día para otro, en cuanto venga la subvención electoral", ha precisado. Aquí ha aprovechado para reprochar al diputado de Podemos Juan Pedro Yllanes que "algún partido de su coalición tiene créditos con instituciones fianncieras y puede ir renegociándolo. Estoy de acuerdo en que no es una condonación pero se le parece", ha ironizado en alusión a Izquierda Unida.
Sobre las microdonaciones o crowdfunding, ha manifestado que "es un sistema muy difícil de controlar" por las numerosas aportaciones y ha recordado que el Tribunal de Cuentas ha abogado por establecer una regulación especifica. Navarro ha puesto en valor que además del requisito del importe, el PP exige que las personas que realicen microdonaciones "no tengan contrato con el sector público".
En otro punto de su intervención, Navarro ha destacado que "hemos hecho un ajuste muy fuerte en aportaciones del Estado a los partidos, una reducción del 40% de sus ingresos", pero ha criticado que ello no se haya hecho extensivo a todas las comunidades autónomas, ya que, ha denunciado, hay unas comunidades que sí se han ajustado el cinturón en estas subvenciones y otras que, en cambio, "pagan muchísimo". Es el caso del Parlamento catalán que abonó a los partidos del mismo 15,8 millones de euros en el último año, tal y como recoge un informe de la plataforma Convivencia Cívica Catalana.
En última instancia, ha afirmando que el PP tiene "controles de auditoría interna", pero no externa, porque "está prohibida, como dice el Tribunal de Cuentas", ha indicado. "Se le preguntó al Tribunal si podíamos hacer una auditoria externa, pero nos contestó que el único que puede hacer auditorías externas es él", ha sentenciado Navarro.
