El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado este jueves las multas impuestas por la Comisión Europea a Samsung y sus filiales en Malasia y Alemania, de 150,8 millones de euros en total, por participar en dos cárteles de fabricantes de tubos de rayos catódicos para televisores y ordenadores.
La máxima instancia judicial europea rechazó el recurso de casación interpuesto por las tres empresas contra una sentencia previa del Tribunal General, que en 2015 avaló la sanción impuesta por el Ejecutivo comunitario, informó la Corte en un comunicado.
En concreto, Samsung y su filial Malasia tendrán que abonar de forma conjunta y solidaria una multa de 69,418 millones de euros por participar junto a otros fabricantes en un cártel de tubos catódicos para pantallas de ordenador.
Además, ambas empresas junto a la filial de Samsung en Alemania tendrán que pagar 81,424 millones de euros por integrar otro cártel de fabricantes de estos tubos para pantallas de televisores.
Bruselas impuso en 2012 una multa a Samsung y otros nueve fabricantes de televisores tras comprobar que habían participado en estos dos cárteles entre 1996 y 2006, prácticas con las que bajaron los precios artificialmente para que los consumidores eligieran los nuevos aparatos de plasma y LCD, según explicó entonces la Comisión.
Las empresas fijaron precios, repartieron mercados y clientes, limitaron la producción e intercambiaron información comercialmente sensible con regularidad, recordó hoy el Tribunal.
La Corte con sede en Luxemburgo ha desestimado las alegaciones de Samsung y sus filiales, que pidieron anular la sanción por el cártel de tubos para ordenadores y obtener una reducción de las dos multas.
En concreto, el Tribunal de Justicia rechaza que Samsung haya sido discriminada con respecto a otras empresas sancionadas, que recibieron reducciones en sus multas en el caso de los tubos para televisores.
Afirma, además, que el Tribunal General calculó correctamente la cuantía de la sanción en la infracción por el cártel de tubos para ordenadores, contrariamente a lo esgrimido por el grupo coreano, y respalda la cuantía requerida por la Comisión.
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