Diez llamadas de teléfonos, once documentos en formato digital, 32 'emails', tres cadenas de mensajes y siete declaraciones ante la Guardia Civil. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado recientemente al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, un amplio informe en el que detalla todas las pruebas e indicios recopilados hasta ahora sobre las 'andanzas' de la trama Púnica en el Ayuntamiento de Gandía. El exhaustivo documento policial concluye que cinco personas pudieron tener responsabilidades penales en las mismas, entre ellos el antiguo alcalde del PP de esta localidad valenciana, Arturo Torró, y el actual concejal y diputado en las Corts Valencianes por el mismo partido Víctor Soler. Los autores del informe otorgan a éste último, que ha sido elegido recientemente compromisario para el Congreso 'popular' del mes de febrero, un papel clave en las supuestas irregularidades detectadas para el supuesto pago con dinero público de la reputación 'online' de su correligionario y jefe. De hecho, le atribuyen tres posibles delitos. Tantos como al propio Torró, quien dimitió como concejal del consistorio en enero pasado, siete meses después de que perdiera la alcaldía tras las elecciones municipales de mayo de 2015. Vozpópuli intentó ponerse en contacto con Soler por correo electrónico a través de su página web personal, pero al cierre de estas líneas no había respondido a los requerimientos de información de este diario.
El informe, fechado el pasado 17 de noviembre, cuenta con 64 páginas, además de 43 anexos con otros 300 folios de documentación
El informe cuenta con 64 páginas, 43 anexos con otros 300 folios y está fechado el pasado 17 de noviembre. En el mismo, los responsables de la investigación detallan que iniciaron las pesquisas sobre las supuestas actividades de la trama en Gandía tras interceptar el 14 de julio de 2014 una llamada de teléfono entre el 'gurú' informático Alejandro de Pedro y su socio, el exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, ambos imputados en Púnica, en el que el primero asegura que había cerrado "un tema" en la localidad valenciana "por unos 2.500 [euros] al mes, sin contratar nada ni gastar nada". A partir de ahí, los agentes pudieron intervenir más conversaciones telefónicas, hasta sumar diez, con referencias a este municipio e, incluso, en alguna en la que figura como interlocutor un destacado miembro del PP de Gandía, Dionisio Ollero, así como referencias directas al hoy diputado autonómico Víctor Soler y el propio Torró. Tras las detenciones de octubre de 2104, cuando fue arrestado Alejandro de Pedro, la UCO se hizo en los registros con abundante documentación en papel y formato digital en la que también se han hallado nuevas pruebas sobre las supuestas irregularidades en el consistorio.
Así, los agentes han localizado hasta once informes de reputación 'online' elaborados por el 'gurú' informático para mejorar la imagen en Internet de Arturo Torró, así como 32 correos electrónicos intercambiados entre varias de los presuntos implicados y terceras personas, tres cadenas de mensajes (dos de whatssap y otra del 'messenger' de Facebook) y siete declaraciones, entre ellas la de los tres políticos del PP local salpicados por el escándalo. Con todo ello, el informe de la UCO concluye que durante los años 2012, 2013 y 2014 la trama Púnica trabajó para Arturo Torró y que dichos servicios fueron "sufragados por el Ayuntamiento" de Gandía. También que parte de esos trabajos iban a ser pagados por una empresa de la localidad, Construcciones Gomuñoz, que había recibido diversas adjudicaciones de obras del consistorio. La Guardia Civil concluye que en dichas irregularidades "podrían existir responsabilidades penales" de cinco personas. Entre ellos está el propio Torró, su segundo en el Ayuntamiento y hoy diputado regional, Víctor Soler, además de Dionisio Ollero, vicesecretario de organización del partido en Gandía. A ellos se suman el propio Alejandro de Pedro y el dueño de la sociedad que presuntamente iba a sufragar parte de los trabajos, Sergio Muñoz López. A los dos primeros, los agentes les adjudican tres delitos, mientras que a su correligionario y al 'gurú' les atribuyen dos, y al empresario, uno.
"Conocedor"
En el caso del hoy exalcalde, los agentes consideran que era "conocedor de la índole de servicios" que le prestaba Alejandro de Pedro y que que ésto "se pagaban con dinero de las arcas municipales", según se desprende de las comunicaciones entre su compañero de partido y el 'gurú' informático. Por ello lo considera presunto autor de los delitos de fraude en contratación pública, tráfico de influencias y cohecho. Sin embargo, el informe otorga un papel más relevante al hoy aforado Víctor Soler, a quien no sólo le sitúan como "conocedor" de las irregularidades, sino también como "el interlocutor directo de Alejandro de Pedro en la determinación de los trabajos reputacionales a realizar y la manera de sufragarlos". Eso sí, "con el visto bueno del alcalde Arturo Torró, beneficiario de los servicios reputacionales". En su exposición, los agentes destacan que los mismos fueron facturados al consistorio "como presuntos trabajos de posicionamiento 'online' del Ayuntamiento de manera continuada durante 15 meses", pero que en 2013 surgió "una discrepancia entre empleados municipales y Alejandro de Pedro" que hizo que éste dejara de recibir dinero y, como consecuencia de ello, decidiera dejar de trabajar para el alcalde 'popular'. Es en las gestiones realizadas para desbloquear esa situación donde Víctor Soler asume presuntamente un mayor papel protagonista.
La UCO concluye que el diputado regional medió ante De Pedro para que siguiera haciendo los trabajos de reputación 'online' del entonces alcalde Arturo Torró
Así, el informe destaca que "para solventar la deuda pendiente" con el 'gurú' informático y "para concertar los futuros trabajos de cara a los comicios [municipales] de 2015" el hoy diputado autonómico trató directamente con Alejandro de Pedro. También es él quien acude a su compañero de partido, Dionisio Ollero, "para buscar una fórmula de pago" con la que hacer frente a la cantidad que se debía al experto informático. Son estos tratos los que desembocaron "en que Construcciones Gomuñoz, empresa adjudicataria de obras en el Ayuntamiento de Gandía y acreedor del Consistorio" aceptase supuestamente asumir la deuda de "los trabajos pasados y los futuros de quien ostentaba el cargo de alcalde de Gandía [Arturo Torró] en aquellos momentos". Por ello, el documento policial concluye que Víctor Soler sería autor de los delitos de fraude, cohecho y malversación de caudales públicos. Por su parte, al vicesecretario de organización del PP local, Dionisio Ollero, le adjudica el papel de contacto con el constructor, por lo que le considera presunto autor de los delitos de tráfico de influencia y cohecho. A Alejandro de Pedro le señala por malversación y falsedad en documento mercantil, y al empresario, por cohecho.
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