Primero fue por un tema de sucesión: los 5,2 millones de la herencia del Premio Nobel Camilo José Cela, que debían de ser devueltos al hijo del escritor. Pero ahora el asunto es mucho más serio. La viuda del autor de La colmena, la periodista Marina Castaño, afronta desde noviembre del año pasado la imputación junto a otras dos personas, acusada por la Fiscalía, de los posibles delitos de malversación de fondos públicos, estafa, apropiación indebida y fraude. El caso está relacionado con un asunto de ingresos por devolución del IVA de la Fundación Cela, de la que ella forma parte.
El caso está relacionado con un asunto de ingresos por devolución del IVA de la Fundación Cela, de la que ella forma parte
Por ese motivo, castaño acudió a declarar ante la jueza de instrucción del número 2 de Padrón (A Coruña), en donde compareció como imputada. "Trató de justificar sus actuaciones en la gestión" de la Fundación que homenajea al desaparecido escritor de Iria Flavia. Así lo indicó el abogado de la acusación particular, Xose María Rodríguez, quien indicó que sus preguntas quedaron sin contestar, tanto por parte de Castaño como por el exgerente de la Fundación, Tomás Cavanna, cuyo despido la jueza sospecha que ha sido simulado y que forma parte de esta investigación. Esta imputación se produjo en noviembre de 2014, un mes después de que el Tribunal Supremo reconociera el derecho de Camilo José Cela Conde a percibir dos terceras partes de la herencia de su padre, 5,2 millones de euros, y rechazara la petición de Marina Castaño, que quería que se diera por satisfecho con la donación de un cuadro de Joan Miró.
Todo comienza con la Sociedad Lengua y Literatura
El tema salta a la palestra pública por una denuncia particular relacionadar con la Sociedad Lengua y Literatura AIE (Agrupación de Interés Económico). Se trata de una sociedad constituida con un 80% de capital de la Fundación Cela y un 20% aportado por Marina Castaño a través de otra sociedad que dirige desde su propia vivienda, denominada Letra y Tinta, y la cual, según la querella pudo haber gestionado las subvenciones de la Fundación Cela y abonado las facturas de la misma, de manera que habría obtenido "grandes cantidades de dinero en concepto de devolución de IVA", tal y como indica el documento.
En la denuncia también se indica que varios empleados que figuraban como trabajadores de la Fundación Cela, que pagaba sus salarios, "en realidad prestaban sus servicios en actividades privadas del matrimonio Cela", uno de ellos incluso en el propio domicilio madrileño de Castaño. La Fiscalía argumentaba que el empleo de subvenciones de la Fundación Cela para contratar a este personal, aunque ejercían su trabajo en el ámbito privado, "era una práctica habitual desde hace algunos años" y que Marina Castaño lo seguía haciendo.
a difícil situación de las cuentas de la Fundación Cela llevó a la Xunta a rescatarla, de forma que pasó a tener carácter público
La Fiscalía sostenía en su denuncia que, a raíz de sus investigaciones, Lengua y Literatura AIE "pudiera encubrir devoluciones de IVA" y tener la finalidad de cargar los gastos de la fundación, de forma que actuaría como una sociedad interpuesta. Así, consideró que "al menos, en inicio, quedan acreditados parte de los hechos denunciados", por lo que propuso judicializar las diligencias y ya en 2012 planteaba que se tomase declaración "en calidad de imputados" tanto a Marina Castaño como a Tomás Cavanna.
La difícil situación de las cuentas de la Fundación Cela llevó a la Xunta a rescatarla, de forma que pasó a tener carácter público desde el mes de abril de 2012, con la finalidad de proteger un valioso patrimonio, configurado por manuscritos, epistolario del escritor y pinacoteca, en los que se encuentran lienzos de Picasso y Miró. El conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Xesús Vázquez, relevó entonces a Marina Castaño en la presidencia del patronato de la fundación
Un plan orquestado en mi contra
"Se me ha juzgado en los medios de difusión sin oírme, sin pruebas, e incluso sin juez". Así respondió Marina Castaño, a la semana de ser imputada en un comunicado remitido a la agencia de noticias EFE. En él afirmaba que se estaba orquestando una "causa general" contra ella.
"Es obvio que la denuncia solo buscaba hacer daño, y no un proceso sereno basado en hechos ciertos. Se me ha juzgado en los medios de difusión sin oírme, sin pruebas e, incluso, sin juez, desde el pasado 28 de junio de 2012". Los hechos esenciales de la denuncia, continúa, afectan a la Fundación Camilo José Cela, y no a su actividad personal, o profesional. "Siempre he cumplido la Ley", apostillaba en el texto.
"Se me ha juzgado en los medios de difusión sin oírme, sin pruebas, e incluso sin juez", dijo castaño en 2014
Aludía en ese texto las denuncias anteriores –porque las hubo- que la habían obligado a comparecer en el juzgado de Padrón desde septiembre de 2012 "colaborando en todas las diligencias de prueba para aclarar" que no se había cometido ningún delito. La Agencia Tributaria, aseguraba, había nombrado "una perito", que "durante dos años” elaboró “tres informes, de ninguno de los cuales se desprende que haya cometido ningún delito".
Es falso, subrayó, que los empleados de la Fundación Camilo José Cela hubiesen cobrado de fondos públicos destinados a actividades de la Fundación y recalcó que las cuentas fueron auditadas anualmente, y sometidas a la aprobación del Patronato, que se reunía dos veces al año, conforme a la ley. El asunto, sin embargo, se encuentra todavía en plena investigación.
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