El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto que aprueba el nuevo Estatuto de la Biblioteca Nacional de España (BNE), destinado a mejorar la gestión interna, la búsqueda de patrocinios y el impulso a la investigación.
No es la primera institución que pone en marcha instrumentos de este tipo. El Museo del Prado, el Museo Reina Sofía y el Teatro Real tienen leyes similares. La Ley que regula la Biblioteca Nacional, que actualmente custodia y da acceso a 30 millones de documentos, permite una gestión más autónoma al tiempo que se mantiene su carácter de organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
En cuanto a sus órganos de gobierno, el Real Patronato pasa a ser el órgano rector colegiado con implicación directa en el establecimiento de directrices y actuaciones de la Biblioteca Nacional, así como una labor activa en la captación de recursos propios y de patrocinio. Hasta ahora concebido como un órgano consultivo sin funciones rectoras, pasa a tener una implicación directa en el establecimiento de las directrices y actuaciones de la Biblioteca.
En el régimen de ingresos, la Biblioteca podrá incluir los provenientes de actividades propias y de la cesión de espacios, contemplando como tipos de ingresos los derivados de los precios públicos, las tasas y los ingresos de derecho privado, es decir, aquellos que perciba la institución por la prestación de servicios o la realización de actividades que, de acuerdo con la Ley, no tengan naturaleza tributaria, no constituyan precios públicos y no deriven del ejercicio de potestades administrativas. En ese sentido, el decreto llega en un momento crucial. EN los últimos años, la institución ha experimentado una reducción continuada de la partida presupuestaria, que ha pasado de 47,5 millones de euros en 2010 a 29,8 millones este año.
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