Las entidades de gestión integradas en IBAU (AISGE, DAMA y EGEDA) rechaza el planteamiento efectuado por el Secretario de Estado de Cultura, Jose María Lassalle, en su comparecencia del pasado lunes, con el que "quiere hacer creer que los españoles ya no copian obras de creación, y por lo tanto no hay que compensar a los titulares de derechos, cuando la realidad es que la venta de equipos que permiten grabar sigue aumentando en porcentaje por encima del 200 por ciento en algunos casos".
"La Secretaría de Estado tiene planes de restringir la posibilidad de los ciudadanos de realizar copias privadas, que se convertirían en ilegales, y por lo tanto perseguibles, retrocediéndose así años en la defensa de los derechos de los consumidores. El verdadero problema de fondo es que la Secretaría de Estado de Cultura sustituyó una compensación privada por una pública con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (medida incomprensible con la situación de déficit de España), y ahora se percata de que no es posible establecer una partida que compense el daño real, ni en 2012 ni en los Presupuestos que se han empezado a tramitar en el Congreso para el próximo año", defiende IBAU.
Según las entidades de gestión de derechos de autor, ahora más que nunca se justifica el canon por copia privada.
En un comunicado, las entidades de gestión de derechos integradas en IBAU recuerdan que a finales del año pasado se modificó, a golpe de Real Decreto-ley y sin trámite de audiencia a los titulares de derechos, el modelo de compensación por copia privada, "liberando del pago de la compensación a los fabricantes de equipos, aparatos y materiales, sustituyéndolo por una partida con cargo a los Presupuestos Generales del Estado que deberán pagar todos los ciudadanos, hagan o no copias de obras de creación".
IBAU subraya que "se declaró en contra de dicha medida por entender que la propuesta, además de injusta para los españoles y totalmente alejada de la legislación y del entorno europeo, era de imposible cumplimiento dada la situación económica por la que atraviesa nuestro país".
"Este sistema perjudica a los ciudadanos españoles y solo beneficia a las multinacionales de la industria tecnológica, cuyo hipersector TIC facturó en 2011 85.000 millones de euros. Es una medida contraria al interés general porque pierden los ciudadanos, España como país no gana nada y el canon computa como déficit público", plantea. Por todo ello IBAU invita al Secretario de Estado de Cultura a que revise los estudios de mercado de la industria tecnológica y, sobre todo, "a que visite las tiendas de venta de equipos, aparatos y soportes en las que se venden discos duros multimedia, tabletas, MP4 y MP3, smartphones y un largo etcétera de dispositivos que sirven para grabar y reproducir copias privadas de música y video".
Para IBAU, la posición del Secretario de Estado de Cultura evidencia "improvisación y falta total de rigor en su actuación.
"Estos equipos con capacidad de grabación de música y video y que todos los consumidores utilizamos, entre otras cosas para este fin, permiten la grabación de obras digitales protegidas por derechos de propiedad intelectual, y están sujetos a compensación en los países avanzados de nuestro entorno, donde sí se respetan los derechos de propiedad", explican.
Para IBAU, la posición del Secretario de Estado de Cultura evidencia "improvisación y falta total de rigor en su actuación al haber expropiado al sector cultural de una compensación que antes pagaban las empresas tecnológicas y que ahora deben pagar todos los españoles, a diferencia de los europeos". Añade que la medida "desprotege a los creadores y a la industria cultural de nuestro país, con la situación económica tan complicada que estamos viviendo".
Finalmente, las entidades de gestión afirman que "desde luego, con esta actitud", el Gobierno "no conseguirá nunca su intención de que la aportación del sector cultural pase del 4 al 12 por ciento del PIB, como se adelantó, circunstancia, por otra parte, a todas luces, irrealizable".
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