La historia tiene su morbo: el PSOE felipista encarga un informe sobre los efectos sociales de la modernización del país y, una vez leído, decide guardarlo en un cajón. ¿Motivo de este brusco cambio de criterio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas? Solo se sabe que se negaron a publicarlo. “Después de varias reuniones con el máximo responsable, le seguían dando largas. Era obvio que las conclusiones del estudio resultaban demasiado demoledoras para la sociología oficial española y la institución decidía no sacarlo a la luz”, escribía Oscar Frontodona, director de la revista contracultural Ajoblanco, que lo llevo a los quioscos en 1996, un año después de su elaboración.
¿Quién es James Petras? Un sociólogo estadounidense, hijo de inmigrantes griegos, profesor en distintas universidades y miembro del Tribunal Russell para los Derechos Humanos, fundado por Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre. ¿Cuál fue su enfoque para este informe? Comparar las condiciones de vida de los trabajadores del tardofranquismo con los de la etapa socialista. De hecho, el informe se titulaba oficialmente Padres-Hijos. Dos generaciones de trabajadores españoles. ¿Cual es la parte más sustancial de su informe? Sin duda, los datos referidos a la seguridad en el empleo, donde parece claro que había más estabilidad en la recta final del franquismo que en los años dorados del PSOE, algo que rompía por completo el relato oficial de los ‘progres’ españoles de fin de siglo.
"Mientras en 1974, el índice de desempleo en España era más o menos el mismo que en Europa, a mediados de los ochenta se había multiplicado por siete", destacó el sociólogo James Petras
Algunos datos para hacernos una idea. La tasa de desempleo en 1975 era de un 5,9%, mientras que en 1985 se disparó hasta el 21,9%. La gran consigna del PSOE de Felipe González fue la misión histórica de poner a España a la altura de Europa, pero las cifras no les dejan en buen lugar. “Mientras en 1974, antes de las políticas sociales de liberalización, el índice de desempleo era más o menos el mismo que en Europa, a mediados de los ochenta se había multiplicado por siete y así doblaba la tasa europea, una tendencia que continuó hasta el final de la década y más allá”, lamenta Petras en el texto. Además de un paro desbocado, la legislación socialista disparó las tasas de precariedad.
Mutación cultural
En realidad, el 'Informe Petras' es un episodio agridulce para la izquierda española. Por una lado, se redescubre cada lustro como prueba de que el PSOE no es tan de izquierda como su discurso, pero también demuestra la impotencia para frenar las dinámicas laborales globales. Julio Anguita llegó a citar este estudio en uno de sus discursos en el Congreso de los Diputados, usándolo como prueba del fracaso socialista para redistribuir la riqueza nacional. Diego López Garrido, que se incorporó a Izquierda Unida en 1986 y terminó ingresando en el PSOE, también fue el firmante de uno de los prólogos del informe. En ese texto, afirma que el estudio recoge un "cambio cultural” del que “una economía integrada en Europa no habría podido sustraerse”. Además hace una predicción acertada: “El informe muestra de forma desgarradora lo difícil que va a ser para la izquierda tejer una base social sin la que no se va a poder construir eso de lo que hoy carece: un proyecto político para el Estado español y para Europea”.
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Cuando López Garrido utiliza el adjetivo “desgarrador” no exagera: las ochenta páginas del informe están repletas de testimonios de trabajadores que sufren la desprotección de la legislación socialista. ¿Algunas frases? “Nadie se preocupa de los demás… el trabajo eventual ha hecho que perdamos el compañerismo”; “Todos los sindicatos son corruptos… la política es engaño”; “No quiero pensar en el futuro”; “Hasta 1980, los trabajadores compartían un punto de vista común, después cambiaron… pasaron a ser más individualistas”; o finalmente “los sindicatos y los partidos políticos han abandonado la educación y organización de los jóvenes”, entre otras. Estamos ante el retrato de la primera generación de españoles condenada a vivir peor que sus padres.
Pirotecnia ideológica
¿Qué utilidad puede tener esto ahora? El sociólogo Jorge Sola, especialista en este tipo conflictos, calibra el valor de este informe: “El interés del trabajo es indudable, pero no creo que dijera nada demasiado novedoso para 1995, cuando ya se habían producido tres huelgas generales por las políticas de desregulación laboral del gobierno socialista (la de 1988, la de 1994 y la de media jornada de 1992)”, recuerda. Tampoco fue Petras el primero en llegar a esas conclusiones: “En 1993 el sociólogo Andrés Bilbao publicó el libro Obreros y ciudadanos, a mitad de camino entre el ensayo político y la investigación empírica, que decía cosas parecidas. Pero bueno, quizás era necesario que viniera alguien de fuera para poner en entredicho la ‘pirotecnia ideológica’ -expresión del propio Bilbao- que identificaba la modernización democratizadora con la desregulación laboral”, destaca.
José Víctor Sevilla, secretario de Estado de Hacienda en los ochenta, decía que ‘España es un país con malas empresas pero buenos negocios’
¿Cómo podemos resumir hoy la política laboral de aquel PSOE triunfante? “Su principal política fue la desregulación de los ‘márgenes” del mercado laboral al permitir el uso indiscriminado de la contratación temporal. Aparte de precarizar el mercado de trabajo, esta política era pan para hoy y hambre para mañana: se podía contratar con más facilidad cuando las cosas iban bien, pero también se prescindía de trabajadores con menos problemas cuando llegaba la crisis. La política del PSOE en cierto modo continuaba con el modelo de ‘bajos salarios, baja productividad’ que había heredado del franquismo”, apunta. “Un resumen magistral lo hizo José Víctor Sevilla, secretario de Estado de Hacienda de 1982 a 1984, cuando dijo que ‘España es un país con malas empresas pero buenos negocios’”, recuerda.
Para Sola, el aumento de la precariedad también tiene que ver la posición de los sindicatos. “Atravesaban una debilidad relativa: a pesar del pulso que CCOO y UGT lanzaron al Gobierno, con tres huelgas generales, sus niveles de afiliación estaban en torno al diez por ciento en los años ochenta. Su poder organizativo eran mucho menor que sus homólogos del norte de Europa, que rondaban el setenta por ciento. Todo ello contribuyó a normalizar unos niveles de desempleo inaceptables en un país con una tradición socialdemócrata más arraigada”, explica.
