Una veintena de altos cargos del Instituto Cervantes, presente en 87 centros distribuidos en 44 países por los cinco continentes, está en el punto de mira de las formaciones políticas PSOE y Podemos a raíz de un informe de fiscalización de la institución en su ejercicio 2012 aprobado a finales de 2014 por el Tribunal de Cuentas. El documento hace referencia a una serie de anomalías en los contratos de personal, determinando que, al cierre del ejercicio, el Instituto, dirigido entonces por Víctor García de la Concha, no había procedido a adaptar el contenido de los contratos de Alta Dirección preexistentes a los términos establecidos en el Real Decreto-ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
En el análisis de los expedientes de selección de 22 puestos de director de los centros, no se pudo concluir que la selección se acomodara a los principios de mérito y capacidad"
"En el análisis de los expedientes de selección de 22 puestos de director de los centros, no se pudo concluir que la selección se acomodara a los principios de mérito y capacidad, al no haberse documentado las valoraciones otorgadas a los candidatos", refleja el escrito. Además, el organismo fiscalizador señala un caso en el que "se adjudicó un puesto a una candidata que no cumplía los requisitos" y un puesto que quedó vacante "a pesar de que hubo hasta 38 candidatos que cumplían los requisitos". Mientras que el primero de los casos hace referencia a la plaza de Nápoles adjudicada el 12 de julio de 2012 a la filóloga Luisa Castro Legazpi, el puesto vacante se ubica en Nueva Delhi, como ha podido saber este diario.
Alegaciones
Sin embargo, el Instituto Cervantes defiende esas contrataciones y apunta a un "error material en un listado" en el caso de la directora de la sede napolitana. "La Dirección de Recursos Humanos del instituto, a través del departamento de Selección e Inspección, elabora en cada caso unos listados para facilitar la consulta de los candidatos y su CV. Esos listados no tienen por qué ser exhaustivos ni fedatarios, ni pretendían serlo, sino una simple herramienta de trabajo para facilitar la consulta. Un error material o un descuido [...] no deberían ser causa de prueba de ilegalidad alguna. En todo caso, la subsanación de errores materiales forma parte de la práctica jurídica habitual", expone la institución en un escrito presentado al Tribunal de Cuentas que recoge todas sus alegaciones y al que ha accedido Vozpópuli.
Es un error de transcripción al incluir los datos en la base de datos, ya que se ha comprobado su CV y la adjudicataria cumple todos los requisitos exigidos en la convocatoria"
"Sin duda, es un error de transcripción al incluir los datos en la base de datos, ya que se ha comprobado su CV y la adjudicataria cumple todos los requisitos exigidos en la convocatoria", insisten. "Resulta especialmente dolorosa e inexacta la alusión a la directora de Nápoles, que, a raíz del informe de fiscalización, ha sido puesta públicamente en entredicho en su trayectoria profesional. La causa es un simple error en un listado. La situación ha causado un grave daño, no solo a esta institución, sino lamentablemente a una persona física concreta que, además, cumple con toda claridad con los requisitos y méritos necesarios para ese puesto", manifiestan. "Tiene una amplia trayectoria en la gestión cultural y buenos conocimientos de lengua italiana por haber estudiado en la Universitá degli Studi di Urbino", apuntan
"Mérito y capacidad"
En cuanto al vacío en la adjudicación de Nueva Delhi, el Instituto Cervantes alega que "ninguno de los candidatos pareció ofrecer suficiente confianza al Consejo de Administración" y, por otro lado, "a la decisión de dejar vacantes las plazas de director en otras ciudades, por razones presupuestarias que impedían tener cubiertas todas las plazas". La institución encargada de promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español en el exterior concluye que se han contrastado los CV de los candidatos (para cubrir los 22 puestos de director en los centros cuestionados en el informe de fiscalización) y se han tenido en cuenta los "principios de mérito y capacidad". "No obstante tal como indica el informe de la Abogacía del Estado de 23 de mayo de 2012, es lógico que se reconozca un cierto grado de discrecionalidad en quien designa al directivo y así lo señala la sentencia nº 163/2010 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha", defiende la institución.
La "discrecionalidad" chocaría, según la propuesta de resolución presentada al informe de fiscalización por parte de PSOE, con el principio de "transparencia"
Una "discrecionalidad" que chocaría, según las propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas por parte de PSOE y Podemos, con el principio de "transparencia". En sus propuestas, que ya han sido registradas y que la Comisión Mixta votará en una próxima reunión, las dos formaciones políticas instan al Instituto Cervantes a cumplir con el Estatuto Básico del Empleado Público en materia de contratación de personal directivo de sus sedes y a aplicar los principios de mérito y capacidad, así como criterios de idoneidad para su elección. Además, solicitan que este nombramiento se lleve a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
Retribuciones a directivos
"Estamos hablando de una institución que tiene un gasto anual de 120 millones de euros, de los que el 50% aproximadamente corresponde a personal. La contratación de directivos se debe realizar garantizando los principios de mérito, capacidad, publicidad y concurrencia", considera Antonio Hurtado, portavoz del PSOE en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. "Es preocupante porque en el informe del Ministerio Fiscal se detecta responsabilidad contable, pero también responsabilidad penal en cuanto a que no se acredite la selección con documentos que son exigibles", destaca.
Y añade que también se hace referencia al cese del director de un centro acordado con efecto inmediato, sin haber respetado "ni siquiera" el periodo de preaviso. "Se tuvo que abonar una cantidad adicional a la indemnización correspondiente a 15 días del salario", señala Hurtado en base al informe.
Y agrega que otra anomalía a destacar es la que hace referencia a las retribuciones satisfechas a directivos por importe de 89.295 euros, de acuerdo al documento, "en concepto de retribución variable destinada a retribuir el cumplimiento de los objetivos, siendo estas las cantidades máximas recogidas en los respectivos contratos, sin que conste que respondieran a una evaluación del cumplimiento efectivo de los objetivos del año anterior".
"Ni se cumple con la transparencia y no hay garantías de que estas personas sean las idóneas, pero además, las irregularidades no afectarían solo a la contratación, sino también al sistema retributivo. Es incomprensible que no se informe con documentos", dice el socialista.
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