El PSOE ya se ha posicionado en contra de la nueva Ley de Propiedad Intelectual que el PP quiere sacar adelante y que la próxima semana será debatida en el Senado, tras su paso por el Congreso.
El principal partido de la oposición ha presentado vetos y enmiendas al texto de la polémica norma, pero el secretario general, Pedro Sánchez, está sopesando liderar desde la atalaya política la rebelión del conjunto de artistas, autores, editores y productores contra la ya bautizada Ley Lassalle.
Algunos representantes del sector cultural llevan días 'negociando' con Ferraz un posicionamiento conjunto contra la polémica ley
Fuentes cercanas al partido confirmaron a Vozpópuli que “le estamos dando vueltas al asunto para ver qué iniciativas tomamos más allá de los vetos y las enmiendas”. Los responsables del sector cultural han mantenido en los últimos días contactos con Ferraz para plantearles iniciativas conjuntas con el objetivo de parar la norma, que el PP quiere sacar adelante con su mayoría absoluta en las dos cámaras.
Los artistas, autores, editores y productores han pedido, sin éxito, árnica a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para que frene la ley, y en paralelo han acudido al principal partido de la oposición.
Pedro Sánchez y su equipo sopesan en estos momentos la posibilidad de hacer un pronunciamiento público estos próximos días, en algunas de las intervenciones que tiene prevista el líder del partido.
El PSOE ha planteado, a través de sus enmiendas, cambios importantes “atendiendo a la propuesta realizada por las asociaciones que representan a los autores y creadores culturales”, que han hecho hincapié en que la norma no aporta solución alguna al grave problema de la piratería cultural.
La norma se debate la semana que viene en el Senado sin consenso con el resto de partidos, pero el PP la sacará adelante con el rodillo de su mayoría absoluta
Los socialistas quieren que bajo el concepto de “usuarios de buena fe”, los que comparten materiales en la red sin fines comerciales, no se refugien una especie de piratería encubierta y que la norma permita pedir los datos de un usuario de internet, que aunque haya ido de buena fe pueda ser destinatario de una demanda de propiedad intelectual.
Tampoco ven con buenos ojos el IVA cultural, que es de los más altos de Europa. También ha sido Ferraz permeable a la alerta planteada por el sector, hecha pública en una carta abierta a la vicepresidenta, en la que se avisa de que “de llevarse a cabo (la Ley), perjudicará directamente a cerca de medio millón de trabajadores, destruyendo un sector estratégico para la economía española”.
Según las fuentes del sector consultadas, la facturación de la industria cultural en España ronda los 37.000 millones de euros anuales, lo que supone el 3,5% del PIB.
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